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México

Los cárteles mutan a casas de empeño; la PGR investiga

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de julio.- El crimen organizado y los cárteles del narcotráfico utilizan las casas de empeño para financiar sus organizaciones y como una forma de lavar dinero ilícito, indica la Procuraduría General de la República (PGR) a través de sus investigaciones.

La dependencia federal cataloga este hecho como una nueva mutación del crimen organizado para obtener ganancias no sólo a través del trasiego de droga, sino de otras actividades y como método de lavado de dinero.

A través de un documento que fue entregado a los procuradores de justicia del país se precisa que entre 30 y 35 por ciento de los objetos u artículos que se empeñan en casas prendarias son robados.

La PGR ubica en sus investigaciones que el crimen organizado utiliza las casas de empeño para financiar sus actividades ilícitas a través de dos formas: instalando casas prendarias a través de prestanombres para lavar el dinero ilícito y al mismo tiempo para obtener ganancias a través de los intereses que cobra, y fundiendo el oro de alhajas que no son recogidas para utilizar el oro como moneda de cambio.

El crimen organizado utiliza para la fundición de alhajas de oro a joyeros, quienes se encargan de su fundición y de la elaboración de nuevas prendas, estos mismos joyeros son cómplices para –en la mayoría de los casos– elaborar diversos artículos para el crimen organizado, desde cachas para pistolas, hasta pulseras, cadenas o monedas que identifican a la organización criminal.

La otra forma es la mutación de las organizaciones criminales, principalmente Los Zetas, para realizar actividades ilícitas, sobre todo del fuero común, como es el robo a casa habitación, transeúnte o automovilistas, para que los artículos obtenidos puedan ser empeñados y obtener recursos a través de los objetos robados que nunca son recuperados.

El subprocurador de Delitos Federales, Irving Barrios, dijo que esta forma de operación fue detectada por la PGR, por lo que se pidió a mandatarios estatales y procuradores de justicia revisar sus mecanismos de regulación comercial e incrementar en el caso de las casas de empeño mayores requisitos para cerrarle este camino a la delincuencia organizada.

“La PGR en la última reunión de procuradores de justicia del país y ante la preocupación que existe por la violencia de los delitos del fuero común y ante el incremento de los ilícitos como es sobre todo el robo en casa habitación y por otro lado los esquemas para desarrollarse a través de estas instituciones en las comisiones del ilícito de lavado de dinero porque pueden ser utilizadas para operaciones de recursos de procedencia ilícita, se invitó a las autoridades a llevar a cabo una revisión de la regulación y supervisión que tienen sobre este tipo de lugares”, indico Barrios.

Entrevistado por Excélsior, Irving Barrios precisó que respecto a los artículos que son empeñados por la delincuencia en esos lugares se acordó realizar una revisión de la regulación en el ámbito federal “con el objetivo de establecer mejoras en sus controles y tratar de tener el registro completo de quienes llevan a cabo los empeños”.

Irving Barrios indicó que “cuando se funde el oro y llevan a cabo todo este proceso para obtener de esa forma recursos o lavar dinero estamos hablando del esquema de delincuencia organizada, pero también hablamos de un esquema de una organización mediana o pequeña que se dedica al robo de casas habitación, que su ganancia la obtienen a través del empeño porque es más fácil el intercambio de las mercancías obtenidas de manera ilícita, y si lo llevamos a un índice de mayor escala hablamos ya de lavado de dinero”.

De acuerdo con la PGR, la proliferación de casas de empeño en el país inició a partir de 2003, como negocios altamente productivos. Su operación depende en su mayoría de las regulaciones comerciales y sanitarias de los estados de la República, quienes les otorgan permiso para operar.

Situación diferente a la de casas prendarias denominadas de asistencia pública, como lo es el Nacional Monte de Piedad, que conceden préstamos por diversos artículos, con la diferencia de que la obtención de recursos a través de intereses o subastas son entregados a obras de beneficencia.

En muchos casos, a pesar de que en las llamadas casas de empeño solicitan como requisito la credencial de elector o un documento especial para efectuar el préstamo prendario, se ha encontrado  que los empleados de las casas de empeño están coludidos con criminales, por lo que por cada solicitante que entrega una documentación oficial se le agregan otros préstamos apócrifos.

Los artículos robados en algunas ocasiones han sido reconocidos en las casas de empeño por los propios dueños, quienes meses atrás han sido atracados en la calle o en su domicilio y han sido empeñados con la entrega de documentos oficiales apócrifos.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a través de las cifras que envían procuradores del país, registran un incremento en los delitos del fuero común denominados de alto impacto en varios estados del país, sobre todo el referente al robo.

De acuerdo al SESNSP durante 2011 se cometieron un millón 690 mil 958 robos y 45% de ellos fue con violencia.

En 2010 la dependencia federal recopiló que en todo el país se cometieron un millón 704 mil 99 casos. El 49 por ciento fue con violencia.

Hasta mayo de 2012 se habían cometido en todo el país 679 mil 111 robos y 49% de ellos (293 mil 936 casos) fue con violencia

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México

Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.

Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.

Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.

La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.

“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.

Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.

“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.

Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.

“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.

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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.

Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.

Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.

Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.

La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.

La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.

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