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LOS DESEQUILIBRIOS DE LA REFORMA LABORAL Por Aquiles Córdova Morán

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No puede caber duda ni discusión seria sobre la absoluta necesidad y urgencia de la reforma laboral, si no olvidamos (y nadie debería olvidarlo cuando se pronuncia sobre la cuestión) que la economía mexicana es una “economía de mercado” (eufemismo creado por los economistas “modernos” en lugar de “economía capitalista”, que es su nombre correcto, para eludir la “carga negativa” de estas dos palabras juntas), que forma parte integrante de ese sistema económico que, hoy por hoy, señorea el mundo, y que, por tanto, nos guste o no, tenemos que acatar sus leyes y reglas y someternos a sus exigencias, al margen de la valoración social, ética o moral que podamos tener de todo ello, si queremos, yo no diría que prosperar, sino siquiera subsistir en este mundo en que reina una guerra, de baja intensidad pero permanente e ineludible, por la conquista de los mercados.

En efecto, no se puede salir al mundo a pelear por una porción razonable de ese mercado si no se asiste a la cita armado de las mejores armas, que son, como todos sabemos, productos y servicios de altísima calidad y a precios menores, o cuando menos iguales, a los de nuestros competidores; y desde que nos hemos dejado ir con todo nuestro peso, y a mi juicio, a veces sin mucha reflexión, por la senda de los tratados comerciales indiscriminados, hemos trasladado la guerra externa al interior de nuestro propio mercado nacional, que ahora hay que defender, palmo a palmo, de la invasión masiva de servicios y productos provenientes de países con economías mucho más grandes, eficientes y competitivas que la nuestra. No hay más remedio, pues, que tratar de ponernos a la altura de nuestro rivales; y como en economía, al igual que ocurre en todas las ciencias que lo son de verdad, algunas de las soluciones halladas por los especialistas tienen carácter y necesidad de ley universal, no podemos ponernos a inventar el hilo negro o la marcha en dos pies, sino hacer lo mismo que los países exitosos tratando de hacerlo, eso sí, mejor que ellos. Es obvio, por eso, que la reforma laboral está calcada de las leyes laborales de los países ricos, principalmente de los Estados Unidos que son el modelo y la envidia de nuestros inversionistas criollos y de sus economistas de cabecera.

Y sí. Nadie puede negar que una medida indispensable para elevar la competitividad de un producto, es abatir su precio de mercado mediante la baja, tan drástica como se pueda, de su costo de producción; y éste, a su vez, se consigue, entre otros recursos, reduciendo el costo de la mano de obra, que es lo que a todas luces busca la reforma laboral. Pero es justamente en este importante punto donde sus creadores cometen sus dos primeros grandes errores. Uno, se olvidan que abatir el costo de la mano de obra no es el único recurso para elevar la competitividad de las empresas; que existen otros, tanto o más importantes que éste, como el continuo perfeccionamiento tecnológico, la mejor organización e integración (vertical y horizontal) de las cadenas productivas, la mayor eficiencia y abaratamiento del transporte y la elevación de la calidad, a buenos precios, de las materias primas y los insumos en general, lo que implica la revisión a fondo de toda la actividad productiva de la nación, incluyendo de modo preferente la producción agropecuaria. Y sin embargo, la reforma laboral deja caer todo su peso sólo sobre los hombros de los trabajadores, pasando en silencio sobre las demás medidas indispensables para un verdadero desarrollo equilibrado y sustentable de nuestra economía. Dos, los creadores de la reforma se cuidaron de imitar bien las medidas norteamericanas que dan “flexibilidad” a los empresarios en el manejo y despido de sus obreros, pero se olvidaron de estudiar e imitar su situación salarial, que es la condición sine qua non para que tales medidas funcionen de manera fluida y tersa, o, dicho en otros términos, para que los obreros las acepten sin protestar y sin rebelarse contra ellas. En efecto, es sabido que un obrero medio norteamericano gana entre diez y doce dólares por hora, esto es, entre 130 y 156 pesos mexicanos, salario que el grueso de nuestros trabajadores no devenga ni en una jornada completa de 10 horas, que es la duración real en la mayoría de las empresas. Con el salario que recibe, el obrero norteamericano puede prescindir de huelgas, paros, juicios laborales por despidos arbitrarios, por violaciones a su contrato de trabajo, etc.; incluso puede tolerar tranquilamente el sindicalismo blanco, pro patronal, pues, en el fondo, no lo necesita para nada o lo necesita muy poco.

Ahora hay que preguntarse: ¿ocurrirá lo mismo con el obrero mexicano que, sobre su ya precarísimo salario actual, recibe este nuevo golpe a sus derechos, prestaciones y recursos de defensa legítima? Cualquiera sabe que no. Y sin embargo, la reforma laboral no dice nada sustancial, nada creíble sobre la elevación de los salarios, con lo cual se convierte, más a la corta que a la larga, en un verdadero llamado a la inconformidad y a la rebeldía de los trabajadores mexicanos. Al tiempo. Y hay un tercer gran error en la reforma laboral que consiste en que “reforma” el statusde los obreros pero deja intacto al sindicalismo charro. Ésta es, quizá, la razón por la cual los gerifaltes de ese sindicalismo no han dicho esta boca es mía en torno al problema. Tienen toda la razón quienes insisten en que, lo menos que se puede hacer como elemental compensación a la reducción de las garantías laborales, es poner a los sindicatos, ahora sí, en manos de los obreros mediante una legislación que asegure la elección democrática y, por tanto, la representatividad real y verdadera de sus líderes, así como el derecho a exigir cuentas claras sobre el manejo de sus cuotas y sobre su actuación en la defensa de sus compañeros. Las duras nuevas condiciones para el trabajador, probablemente necesarias e inevitables como ya dije, exigirán un sindicalismo más auténtico y más activo que antes, y nadie puede hacerse ilusiones con el charrismo actual, de “izquierda” o de derecha.

En suma y en síntesis: la reforma laboral es una necesidad cierta para nuestra economía actual, en un mundo dominado por el capital y las leyes del mercado. Pero esa reforma pudo y debió ser más sensata y equilibrada, más “científica” y objetiva, si se nos permite el término, y no tan parcial y unilateral como parece que será, porque eso la convierte no en solución verdadera a los problemas de fondo que la motivan, sino en fuente de nuevos y mayores conflictos, que no es, ciertamente, lo que México necesita. Parece que a sus creadores se les pasó la mano en aquello de que la economía de mercado es “positiva” y no “normativa”, lo que quiere decir que a ella no le importan los efectos políticos y sociales que su aplicación desencadene. A ella tal vez no; pero a la clase política sí que pueden y deben importarle, o de lo contrario, cosechará las consecuencias.

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La corona que derribó al fiscal. Por Caleb Ordóñez T.

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Alejandro Gertz Manero no se fue por un solo escándalo. Su salida de la Fiscalía General es el cierre natural —y casi inevitable— de una historia acumulada durante décadas: un expediente no judicial, sino político, construido a fuerza de polémicas, enojos y decisiones que siempre parecían estar un milímetro antes (o después) del momento correcto. Una vida pública larga, tensa y llena de episodios que México nunca logró procesar del todo y que terminaron de golpe cuando la luz inesperada lo alumbró demasiado.

Para entender su renuncia, hay que regresar al principio. A 2001. A Puente Grande. A Joaquín “El Chapo” Guzmán desapareciendo como si el penal fuera un teatro mal montado. A un gabinete recién estrenado y a un secretario de Seguridad Pública —Gertz— que quedó tocado desde ese instante, aun cuando defendió hasta el cansancio que los penales no estaban bajo su control directo. Tenía razón en la letra, pero la política no se escribe con artículos constitucionales; se escribe con percepciones. Y la percepción quedó marcada: primera fuga, primer señalamiento.

Luego vendría “el caso familiar”, quizá el capítulo más corrosivo de su trayectoria. La denuncia por homicidio en contra de su excuñada Laura Morán y de su sobrina política, Alejandra Cuevas, terminó por convertirse en un espejo que devolvía una imagen poco favorecedora del fiscal. La figura jurídica de “garante accesoria”, que nadie encontraba en ningún código, la prisión de Cuevas, la reapertura del expediente cuando él ya era fiscal, y después los audios filtrados donde se quejaba del proyecto de sentencia de la Suprema Cort Ese episodio enterró la narrativa de imparcialidad y lo colocó en el centro del debate sobre el uso personal de la justicia. No su mejor capítulo.

Y sin embargo, tampoco ahí cayó.

Su paso por la FGR tuvo escenas memorables —algunas para bien, otras para museo del absurdo. Anunció con firmeza una cruzada contra la impunidad heredada: Odebrecht, Estafa Maestra, Pemex, la élite política del sexenio pasado. Era un fiscal que llegaba con autoridad intelectual: décadas de docencia, formación sólida en derecho penal, experiencia en seguridad y una convicción genuina de que el Ministerio Público tenía que recuperar su dignidad institucional. Ese punto —el positivo— hay que concedérselo: Gertz siempre habló de la Fiscalía como una institución que debía fortalecerse y, al menos en discurso, entendía la necesidad de autonomía y rigor técnico.

Pero entre lo que se quiere y lo que se logra suele haber un océano.

El caso Lozoya terminó convertido en una tragicomedia: el testigo estrella que prometía derribar a medio gabinete peñista terminó fotografiado en un restaurante, con un guion de colaboración que se desmoronó y un expediente repleto de promesas incumplidas. El famoso cheque de 2,000 millones de pesos, presentado en Palacio Nacional como “reparación del daño”, resultó más simbólico que real. Y mientras tanto, Rosario Robles vivió en prisión preventiva prolongada, exhibiendo el rostro más duro de la Fiscalía, mientras Lozoya parecía disfrutarse el fuero moral de la cooperación.

Su sello más polémico fue la justicia diferenciada. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos tensó la relación con Estados Unidos; el intento de procesar a 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada levantó incluso carcajadas en los tribunales; los expedientes contra gobernadores y candidatos en temporada electoral alimentaron la narrativa de que la FGR olía más a estrategia que a proceso penal.

Y después llegó la guerra interna. El pleito con Julio Scherer, la batalla por el control de ciertos expedientes, las acusaciones cruzadas de extorsiones, venganzas y “operaciones sucias” mostraron una Fiscalía atrapada en el mismo laberinto político que juró superar.

Con todo, había una cualidad que incluso sus críticos reconocen: Gertz era persistente. Y conocía el aparato penal como pocos. Tenía método, obsesión por el detalle y una idea fija de orden institucional. No siempre funcionó, no siempre fue justa ni eficiente, pero era innegable que se trataba de un hombre que llevaba décadas pensando —de verdad pensando— en el sistema penal mexicano.

¿Entonces por qué renunció?

Porque la política no solo se derrumba por grandes actos de corrupción o colapsos institucionales. A veces cae por la presión inesperada del lugar menos imaginado. En este caso, una corona.

Todo estalló cuando México celebraba con júbilo el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Una mexicana ganando el certamen después de tantos años era un regalo para la narrativa nacional: orgullo, identidad, representación, el país hablando de algo luminoso por primera vez en semanas. Pero justo ahí, en plena celebración, comenzaron a circular los expedientes —sellados y empolvados en la FGR— relacionados con Raúl Rocha, presidente de la franquicia Miss Universo y vinculado en investigaciones mediáticas con presuntos contratos irregulares con Pemex.

La pregunta no era si existía una investigación. La pregunta era: ¿por qué se filtró justo ahora?

La respuesta implícita fue unánime: porque la FGR había perdido control interno. Porque intereses cruzados querían lastimar a la 4T. Porque la filtración no solo embarraba a un empresario, sino también a Bosch, la nueva joya mediática del país. Porque el triunfo, tan necesario en una nación saturada de malas noticias, se convirtió en combustible político en cuestión de horas. Porque México estaba celebrando una coronación, y alguien sacó un expediente que olía a guerra interna.

Eso, en Palacio Nacional, fue dinamita.

No se podía permitir que una victoria global, limpia y emocional, se convirtiera en pleito burocrático. Mucho menos cuando la Presidencia buscaba proyectar una nueva etapa institucional y evitar conflictos con la industria cultural y de entretenimiento que ya estaba devolviendo atención internacional al país. Gertz había sobrevivido a todo: a expedientes fallidos, a presiones, a audios filtrados, a críticas internacionales. Pero tocar un símbolo recién coronado fue otra cosa. Transformó un problema jurídico en un problema político. Y en México, los problemas políticos se resuelven de una sola forma: pidiendo renuncias.

El 27 de noviembre de 2025, presentó la suya.

Salió con un extraño nombramiento diplomático y un comunicado sin dramatismos, pero cargado de silencios. Fue la despedida de un fiscal que quiso ser reformador, que terminó siendo símbolo de poder concentrado y que cayó no por un caso penal, sino por una coronación que puso demasiados reflectores sobre sus polémicas.

Y así, la corona de Fátima Bosch terminó abollando algo más que el ego de los críticos: terminó abollando, también, el trono del fiscal más poderoso del México reciente.

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