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Opinión

Los guardianes silenciosos de la salud. Por Itali Heide

Aunque a la mayoría de nosotros nos gustaría creer que la pandemia ha terminado debido a las risas en las calles, las huellas en la arena y las multitudes que vuelven a la vida, todavía falta mucho camino por recorrer. Por mucho que hayamos dejado de revisar obsesivamente las estadísticas de los nuevos casos como si fuera el periódico mañanero, lo cierto es que sigue habiendo cientos de casos y gente muriendo a causa de enfermedades prevenibles por vacunación.

La respuesta del mundo frente a la pandemia ha tenido avances cuantitativos y programáticos importantes. Hemos avanzado mucho desde nuestros humildes comienzos y constantes tropiezos, pero no significa que no existan problemas reales que afectan a miles por problemas estructurales en diversos niveles de la salud pública.

Vacunas y su importancia.

Las vacunas son uno de los descubrimientos más importantes y que más vidas ha salvado de la humanidad desde el agua potable. Gracias a las campañas masivas de vacunación en todo el mundo, muchos países pudieron reducir eficazmente el número de casos y muertes. Sin embargo, esto es un privilegio de los países de altos ingresos.
La resistencia a la vacunación es motivo que se cita con frecuencia, sin embargo la vacunación ha sido bien recibida por la gente en el Sur Global, y las altas tasas de vacunación así lo atestiguan. Para muchos, no obstante, la escasez de vacunas, los problemas logísticos e incluso la falta de voluntad política para instalar mecanismos de vacunación rápidos y efectivos a las poblaciones que más lo necesiten.

¿Qué amenazas tiene la vacunación?

El acceso limitado a las vacunas y otros servicios sanitarios es un problema en muchos aspectos. Desde el principio, diversos niveles de poder han restringido el acceso a través de un impulso capitalista que lleva a priorizar el beneficio propio sobre el acceso equitativo.

Además, los distintos gobiernos de los países en desarrollo, incluidos muchos de Centroamérica y Sudamérica, han ocultado los costos y los planes específicos de aplicación, lo que genera desconfianza y promueve la corrupción. La falta de infraestructura suficiente para trasladar y almacenar las vacunas es otro grave problema.
La propiedad intelectual y las patentes durante una emergencia sanitaria o un evento pandémico representan una amenaza a la salud pública al ponerle precio a la vida humana sobre la eficiencia de distribución de las vacunas.
Otro aspecto que impactaría de manera positiva en nuestro futuro es la concesión de exenciones de propiedad intelectual. Esto permite el libre o parcial acceso a la producción de vacunas al mercado que permitiría a los países producir el biológico de manera local, aumentar la disponibilidad rápida de dosis y acelerar los esfuerzos de vacunación durante una emergencia sanitaria.
Es de vital importancia para los países establecer normas anticorrupción y crear buena infraestructura para que estos factores no se interpongan en el camino de países que quieran producir sus propias vacunas.
Precisamente el pasado mes de febrero, los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud acordaron negociar un acuerdo en el marco de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud para reforzar la prevención, preparación y respuesta ante pandemias con un “tratado de la pandemia”.

¿Qué es el tratado de la pandemia?

Mientras seguimos trabajando en la constante e interminable necesidad de proporcionar servicios de salud a los cada vez más afectados por esta pandemia, es igualmente crucial garantizar que las comunidades, los gobiernos, las organizaciones de sociedad civil, y toda la sociedad estén preparados y coordinados para que

podamos prevenir y responder a futuras pandemias de manera anticipada y armonizada.
El «borrador cero» de la OMS incluye temas importantes: los efectos negativos de la protección desenfrenada de las patentes en la salud internacional, la consecución de la igualdad de acceso mediante una logística preparada y empática, la necesidad de transparencia de todos los estados miembros y el fortalecimiento de los sistemas de salud pública en todo el mundo.
¿Qué haremos al respecto?
Puede que estemos luchando por encontrar la manera de llevar ayuda y apoyo a quienes más lo necesitan debido a problemas sistemáticos que nos hacen tropezar en nuestro camino, pero la comunidad internacional no deberá abandonar el proyecto que la OMS lidera al final del camino.
En Medical Impact sabemos de primera mano lo vital que es garantizar la igualdad de acceso a los servicios de salud, especialmente las vacunas. Potenciamos la autonomía e independencia de las personas llevando a cabo brigadas masivas de vacunación a quienes no han podido acceder a estos y a otros servicios indispensables. Trabajamos con equipos de voluntarios y con The People’s Vaccine Alliance, llevando vacunas, educación y apoyo a miles de personas que han sido abandonadas a su suerte por sistemas rotos.
Sabemos a ciencia cierta que una futura pandemia es inminente, y la falta de atención nos responsabiliza de lo que puede ocurrir si no actuamos ahora. La única forma de evitar que otra pandemia nos arrebate millones de vidas es trabajar como una fuerza global con una visión realista centrada en la preparación, la prevención, y la igualdad de acceso.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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