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Los médicos en la sierra de Zacatecas: entre las balas y las carencias

La violencia del crimen organizado en Zacatecas empieza a convertirse en un siniestro reguero de cadáveres. Los más recientes, hallados el pasado miércoles con heridas de bala y con señales de haber sufrido brutales torturas, pertenecen a los paramédicos Luis Fernando Montes de Oca Armas y Octavio Chabelo Romero, quienes fueron asesinados en el municipio de Valparaíso después de trasladar a un presunto criminal herido.

La Secretaría de Seguridad de la zona informó el miércoles a las 23:30 horas del hallazgo de una ambulancia abandonada e incendiada en la comunidad La Florida, con placas de Jalisco. Dentro de la unidad se encontraban los cuerpos sin vida del equipo médico.

La tarde del jueves, las autoridades de Jalisco aseguraron que se trataba de paramédicos de su estado, quienes regresaban del Hospital de Huejuquilla El Alto, en Fresnillo, Zacatecas, donde dejaron a un paciente.

Luis Fernando Montes de Oca Armas era estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y estaba realizando su servicio social en Medicina.

En redes sociales, los estudiantes y médicos del país pidieron justicia por el joven con el hashtag #justiciaparaLuis. En tanto, la Universidad escribió en Facebook: “La Universidad Autónoma de Guadalajara lamenta profundamente la muerte de nuestro alumno Luis Fernando Montes de Oca Armas, estudiante de servicio social de nuestra Facultad de Medicina, ocurrida en el municipio de Valparaíso, Zacatecas. Lamentamos los hechos de violencia que se han suscitado recientemente y esperamos el apoyo de las autoridades para detener este tipo de situaciones”.

La Universidad Autónoma de Guadalajara lamentó lo sucedido (Foto: Facebook/Medicina UAG)

Un usuario en redes escribió: “Cancelen el servicio social en lugares donde no se pueda garantizar la seguridad de los pasantes”.

El pasado 25 de junio, en Valparaíso, Zacatecas, una célula presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación fue emboscada por sus rivales del Cártel de Sinaloa, lo que resultó en la muerte de al menos 18 personas.

Valparaíso, al oeste de la capital de Zacatecas, está atravesado por la carretera que comunica Fresnillo con pueblos de Jalisco y Tepic, Nayarit. Ha sido escenario de hechos delictivos atribuidos a la narco violencia, pues se ha convertido en punto de disputa de los cárteles.

El primer grupo criminal en asentarse en la entidad fue el cártel de Los Zetas, cuando todavía eran brazo armado del Cártel del Golfo. Tras las captura de sus líderes, los hermanos Miguel Ángel, José, Omar, Alejandro y Ana Isabel Treviño Morales, Los Zetas se fragmentaron en diversas organizaciones: en el Cártel del Noreste — que tiene su base de operaciones en Tamaulipas —y Los Talibanes.

En los últimos cinco años, la lucha que se desató entre estos tres grupos ha mermado en relación al tráfico de drogas, principalmente en el centro de la entidad, lo que ha desatado la violencia e inseguridad. Aunado a esto, el problema se recrudeció con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación pues ambos buscan controlar la plaza y el tráfico de fentanilo, que tiene un importante auge en los Estados Unidos.

En 2019, el cártel comandado por Ismael el Mayo Zambada se hizo más visible en los municipios de Mazapil, Juan Aldama, Río Grande, Chalchihuites y Sombrerete hasta llegar a Fresnillo. Mientras que el CJNG pactó con el Cártel del Golfo para controlar el territorio en la entidad.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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