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Los periodistas españoles David Beriáin y Roberto Fraile, asesinados mientras grababan un reportaje en Burkina Faso

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Los dos periodistas españoles que fueron secuestrados este lunes tras sufrir un ataque en el este de Burkina Faso, han sido asesinados, según ha informado, a falta de una confirmación oficial de las autoridades del país, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Se trata de los periodistas españoles David Beriáin y Roberto Fraile que estaban trabajando en un reportaje junto a un periodista irlandés y un burkinés. Estaban una zona muy peligrosa donde hay milicias, grupos terroristas y bandidos.

El suceso ha ocurrido en la zona de Pama, donde individuos armados emboscaron a una patrulla de unos cuarenta efectivos burkineses contra la caza furtiva, en la que iban empotrados los periodistas españoles.

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El este y el norte de Burkina Faso han sufrido un aumento de la inseguridad durante los últimos años, especialmente a causa del repunte de los ataques por parte de grupos yihadistas, entre ellos la rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), que han provocado además un incremento de los enfrentamientos intercomunitarios.

Según ha explicado González Laya en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, aunque la información aún es «confusa», todo indica que dos de los cadáveres encontrados en el lugar del ataque corresponden a los dos periodistas españoles que, junto a un reportero irlandés, estaban realizando un documental sobre la caza furtiva en la región.

David Beriáin tenía su productora audiovisual, 93 metros, junto a su esposa, Rosaura Romero. Beriáin, de 44 años, era un habitual de los reportajes televisivos fuera de nuestras fronteras.

Por su parte, Roberto Fraile, de 47 años y con dos hijos, era un veterano cámara que también se curtió en reportajes en zonas peligrosas como en diciembre del 2012 cuando fue herido mientras cubría la guerra siria en Alepo.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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