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Los pobres, opción de «negocio», dice el BID

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Los pobres de América Latina y el Caribe, quienes representan 45 por ciento de toda su población, constituyen «una oportunidad de negocio» para todo tipo de empresas, sean pequeñas o transnacionales, ya que los hogares de menores recursos llegan a gastar en conjunto 500 mil millones de dólares por año en diferentes productos y servicios.

Es «un mercado a la alza» que puede alcanzar los 759 mil millones de dólares, lo que represente el 10 por ciento de la economía regional, asegura el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un informe publicado este mes sobre esa población a la que denomina «la base de la pirámide», constituída por dos subgrupos, los más pobres que ganan menos de 4 dólares diarios y los vulnerables con ingresos que oscilan entre los 4 y los 10 dólares por día.

En México, el valor del mercado de los pobres se incrementó 22 por ciento en la primera década de este siglo, al pasar 139 mil millones de dólares en el año 2000 a 170 mil millones de dólares para 2010. Esta última cantidad equivale a la tercera parte del mercado regional de la base de la piramide y sólo fue superada por el mercado de Brasil, el cual tuvo un incremento de 24 por ciento en el mismo periodo al pasar de 207 mil millones a 254 mil millones de dólares.

El aumento del dicho mercado en México obedece a que la base de la pirámide se incrementó 10 por ciento en la última década al pasar de 82 millones en el año 2000 a 90 millones en 2010, aunque sus componentes muestran comportamientos diferenciados. El subgrupo de los mexicanos más pobres se redujo 9 por ciento al pasar de 44 a 40 millones, pero el subgrupo de los pobres vulnerables se disparó 32 por ciento al pasar 38 millones hasta 50 millones de personas.

Si bien el informe analiza la transformación que en este siglo ha tenido la población latinoamericana y caribeña con menores recursos, también evalúa y pondera los «negocios rentables» que pueden realizarse con ella y que el BID financia desde hace diez años a través de empresas de diversos sectores que van desde servicios de salud y educación hasta comercio y telecomunicaciones.

Si bien reconoce que los pobres de la región gastan 27.5 por ciento de sus ingresos, en promedio, para la compra de alimentos, destaca que el resto (72.5 por ciento) «lo destinan hacia una variedad de necesidades y deseos que van desde la vivienta y el transporte hasta el entretenimiento y la educación». Para los padres la educación y salud de sus hijos es una prioridad particular y por eso aplican sus ahorros a tales rubros en servicios privados, aunque se los proporcionen sus gobiernos.

Los pobres latinoamericanos y caribeños, no son un grupo social monolítico ni estático que carece de poder de compra, ya que un 75 por ciento habita en zonas urbanas y cuentan con servicios públicos y mejores oportunidades de educación, además de que se ha incrementado el número de familias que se ha «graduado» como clase media en cuanto mejoran sus niveles de ingresos y escolaridad, señala el BID.

Así que «el mercado de la base de la pirámide resulta doblemente atractivo porque aumenta en tamaño y poder adquisitivo, pero también porque una parte migra a la clase media», aunque ha sido un mercado desatendido del cual ahora inversionistas y empresa exigen más datos lo mismo que gobiernos y la academia.

El BID justifica que las empresas realizan también una labor social al hacer negocios con los pobres. «La región ofrece un lugar único para el desarrollo social, nuevos clientes y la innovación. Las empresas pueden beneficiarse mientras hacen una diferencia en la vida de las personas, proporcionándoles bienes y servicios de calidad de tipo financiero, tecnologías de la información, comnunicaciones y educación, adicionales a los alimentos y servicios básicos. Icluso las empresas pueden trabajar en conjunto con los gobiernos en programs de subsidio, asociaciones público privadas y organizacionoes no gubernamentales», indica.

La Jornada

Dinero

Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

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-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

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