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México

Los primeros datos de corrupción de Felipe Calderon…

Detectan aeronaves “mutiladas”

El reporte de una aeronave que llevaba 12 años sin despegar del hangar de la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que su motor se encontraba en un estado y las hélices en otro, fue la gota que derramó el vaso y que provocó que, a principios de este año, la dependencia ordenara un proceso de investigación y depuración en todos sus servicios aéreos

Luego de que 125 pilotos despedidos por la institución anunciaran que emprenderán acciones legales, autoridades de la PGR defendieron la decisión de restructurar del área, bajo el argumento de las anomalías que se detectaron en las auditorias practicadas hacían necesario el reordenamiento en el área.

Según la inspección, de las 98 aeronaves con que cuenta la Dirección General de Servicios Aéreos, la PGR concluyó que sólo ocho son útiles, por lo que además decidió recortar a 125 de los 145 pilotos con los que contaba.

La PGR entregó al periódico 24 horas, un informe en el que resume, de forma genérica, algunos de los resultados de la Verificación Técnico-Administrativa Mayor Ordinaria que realizó en enero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la PGR.

El caso mas “extremo” era el de un avión por el que se continuaba pagando el seguro por accidentes, pese a que desde hace 12 años no volaba, pues le faltaban aeropartes: el motor de dicha aeronave se encontró en Cuernavaca y una hélice en Toluca, sin que existiera justificación para ello.

También llamó la atención el hallazgo de partes del fuselaje de helicópteros que no tenían etiquetas ni identificación alguna y que, efectivamente, se desconoce si pertenecen a aeronaves de la institución.

Más anomalías

De acuerdo con la información de la PGR, la Verificación Técnico-Administrativa Mayor Ordinaria arrojó múltiples irregularidades en los hangares, talleres de mantenimiento y almacenes de la DGSA.

Entre estas se encuentra el hallazgo de turbinas sin tarjeta de identificación, aviones en servicio subidos en gatos y montados inadecuadamente, llantas, motores y hélices mal almacenadas y sin protección o con otros objetos colocados encima, y llantas y otras aeropartes encontradas en sitios ajenos al almacén.

Los artefactos de desecho (denominado técnicamente material de condena) estaban en el piso y no en los contenedores o anaqueles de los almacenes, y se verificó la presencia de material químico vencido en sitios donde sólo deben tenerse los químicos útiles.

Además del problema de aeronaves mutiladas y partes de helicópteros sin identificar, en los hangares de la PGR se encontraron contenedores químicos con perforaciones y derrame de líquidos.

La verificación también constató la presencia de personal técnico que no tenía conocimiento del Manual de Procedimientos de los Talleres y se ubicó a encargados de talleres que desconocen sus funciones.

De igual forma se revisaron los simuladores de vuelo, los cuales no están actualizados y cuentan con software obsoleto que no fue reportado.

“Se trata de conductas que exhiben grave irresponsabilidad administrativa y técnica, y que podría haber propiciado incluso actos de corrupción”, concluye la PGR en su informe.

Buscan a diputados

El grupo de 125 pilotos despedidos la semana pasada por la PGR inició el contacto con diputados federales para buscar su apoyo en el proceso legal que iniciarán por considerar su despido como “injustificado”.

El capitán Enrique Rosales Villegas sostuvo que están estudiando una estrategia por varias direcciones, encaminadas a exigir la restitución de sus puestos de trabajo o en todo caso, el pago de liquidaciones por los años que laboraron en la institución.

Por su parte, el capitán Raúl Reyes señaló que si bien su plaza es de confianza, el trabajo que realizaban es de alto riesgo, y dijo que ya cuentan con el antecedente de otro compañero que interpuso una demanda laboral, y donde se resolvió que debía ser liquidado como corresponde a un trabajador de base.

PGR reveló anomalías en hangares:

Aeropartes sin identificar

Aeronaves mutiladas

Fuga de químicos

Falta de Manuales de Procedimientos

Simuladores de vuelo obsoletos

Motores y hélices mal almacenados

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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