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México

Los senadores congelan la «Ley Ficrea»

La nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, conocida como ‘Ley Ficrea’, se fue a la congeladora, luego de que el Senado decidiera no discutir la iniciativa en el último día del periodo ordinario de sesiones.

El dictamen, aprobado en comisiones del Senado el pasado martes y en la Cámara de Diputados la semana pasada, quedará pendiente para retomarse en un periodo extraordinario, o bien hasta el siguiente ordinario que inicia el 1 de septiembre.

“Penosa conclusión de periodo y de legislatura en el @senadomexicano. Ya estarán contentos con su maniobra @Senado_PRI @SenadoresPRD”, dijo en su cuenta de Twitter el senador de Acción Nacional Javier Lozano, luego de que se decidiera no discutir la ley.

En tanto que el senador del Partido de la Revolución Democrática Alejandro Encinas justificó la decisión, asegurando que se requiere una discusión más a fondo y analizar el tema de las cooperativas.

La iniciativa planteaba pagar hasta 1 millón de pesos a los ahorradores defraudados por Ficrea (desde los poco más de 130,000 actuales) a partir de mayo; sin embargo, al no votarse los clientes de la financiera deberán esperar para que se avale este aumento, que se lograría gracias a un fondo creado con recursos públicos.

Con el pago de hasta 1 millón de pesos se alcanzaría el 80% de los clientes defraudados.

El documento contiene también cambios, como la ampliación de los límites máximos de las operaciones de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) para recibir depósitos de personas físicas hasta por 400,000 Unidades de Inversión (2.1 millones de pesos al precio de las UDI de este jueves) en lugar de las 200,000 UDI contempladas originalmente.

Para las personas morales se permitirá 1 millón 400,000 UDI (7.4 millones de pesos), en lugar del millón de UDI previstos inicialmente.

En diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) denunció que la administración de Ficrea desvió unos 2,700 millones de pesos (unos 182 millones de dólares) de ahorros de sus clientes para la compra de bienes muebles e inmuebles y gastos personales de sus socios, como viajes en yate.

El regulador, que había intervenido la empresa en noviembre, sostiene que el fraude se llevó a cabo mediante la transferencia de los recursos a otras tres empresas en el extranjero al hacerlos firmar contratos engañosos.

La justicia mexicana, e incluso la Interpol, buscan al socio mayoritario de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua.

Fuente: CNN Expansión

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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