Desde que fue extraditado a México tras haberse dado a la fuga, Emilio Lozoya Austin no ha pisado la cárcel en ningún momento. Pese a seguir legalmente procesado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados y a que se le ha imputado su probable responsabilidad en cuatro delitos, no ha tenido que acudir a un reclusorio ni siquiera para firmar cada 15 días su libertad condicional.
Lo anterior gracias a las facilidades que autoridades federales y judiciales le han dado al exdirector de Pemex combinado con las medidas especiales que se han tomado por la pandemia sanitaria. Como resultado, Lozoya ha gozado de plena libertad de movimiento en el Valle de México, mientras que su firma la ha presentado a distancia o con modalidades alternas a la de la mayoría de los procesados.
Mientras tanto, el plazo original de seis meses que un juez dictó para definir su situación legal está a tres semanas de agotarse, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) logre aún construir un proceso penal u obtener una orden de aprehensión en contra de alguno de los exfuncionarios de mayor jerarquía que Lozoya denunció para intentar ser perdonado.
Autoridades federales con pleno conocimiento del caso confirmaron a Animal Político que Lozoya ha recibido un trato de testigo colaborador desde agosto (permitiéndole presentar denuncias y rendir declaraciones), aunque la confirmación de si se le otorga o no un criterio de oportunidad, que de por concluidos los procesos en su contra, aún no ocurre y el plazo sigue corriendo.
Desde septiembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que preparaba una nueva denuncia penal en contra de Lozoya por una amplia red de lavado de dinero de Odebrecht que involucra a más de 50 empresas irregulares y fantasma en México. Pero hasta ahora dicha denuncia no se ha presentado.
En contra de Lozoya se giraron inicialmente dos órdenes de aprehensión por dos cargos de lavado de dinero, uno de asociación delictuosa y otro de cohecho. El exfuncionario nunca se entregó por lo que tuvo que ser perseguido internacionalmente hasta que, en febrero de 2020, la Interpol lo detuvo en España.
Meses después de ser capturado, Lozoya ofreció a las autoridades no combatir legalmente su extradición y aceptar ser trasladado en calidad de detenido en México, a cambio de entregar información para denunciar una gran red de corrupción en la que estaban implicados incluso expresidentes.
Pero esto no eximía al exfuncionario de ser presentado ante un juez del Reclusorio Norte al menos para una audiencia inicial, sin embargo, debido a problemas de salud que se le diagnosticaron al bajar del avión se decidió enviarlo al Hospital Ángeles del Pedregal en lugar de a ese centro penitenciario.
Desde la cama de su habitación en dicho hospital, Lozoya compareció por videoconferencia ante el juez el 28 y 29 de julio, para ser vinculado a proceso por ambos casos… y salir libre.
En las audiencias realizadas en el hospital, a cuya grabación íntegra tuvo acceso Animal Político gracias a una solicitud de transparencia, los fiscales de FGR expusieron ante el juez que Lozoya se había dado a la fuga. Argumentaron que tenía recursos económicos, propiedades en el extranjero y familiares que podrían ayudar a volver a escapar y esconderse, por lo que era necesario restringir sus movimientos.
Sin embargo, y para sorpresa del propio juez, la Fiscalía no pidió como medida cautelar que fuera encarcelado de manera preventiva, sino solo que se le colocara un brazalete electrónico y que se le recogiera su pasaporte.
Fuente: Animal Político
