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Lozoya no pisa el reclusorio ni para firmar su libertad

Desde que fue extraditado a México tras haberse dado a la fuga, Emilio Lozoya Austin no ha pisado la cárcel en ningún momento. Pese a seguir legalmente procesado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados y a que se le ha imputado su probable responsabilidad en cuatro delitos, no ha tenido que acudir a un reclusorio ni siquiera para firmar cada 15 días su libertad condicional.

Lo anterior gracias a las facilidades que autoridades federales y judiciales le han dado al exdirector de Pemex combinado con las medidas especiales que se han tomado por la pandemia sanitaria. Como resultado, Lozoya ha gozado de plena libertad de movimiento en el Valle de México, mientras que su firma la ha presentado a distancia o con modalidades alternas a la de la mayoría de los procesados.

Mientras tanto, el plazo original de seis meses que un juez dictó para definir su situación legal está a tres semanas de agotarse, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) logre aún construir un proceso penal u obtener una orden de aprehensión en contra de alguno de los exfuncionarios de mayor jerarquía que Lozoya denunció para intentar ser perdonado.

Autoridades federales con pleno conocimiento del caso confirmaron a Animal Político que Lozoya ha recibido un trato de testigo colaborador desde agosto (permitiéndole presentar denuncias y rendir declaraciones), aunque la confirmación de si se le otorga o no un criterio de oportunidad, que de por concluidos los procesos en su contra, aún no ocurre y el plazo sigue corriendo.

Desde septiembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que preparaba una nueva denuncia penal en contra de Lozoya por una amplia red de lavado de dinero de Odebrecht que involucra a más de 50 empresas irregulares y fantasma en México. Pero hasta ahora dicha denuncia no se ha presentado.

En contra de Lozoya se giraron inicialmente dos órdenes de aprehensión por dos cargos de lavado de dinero, uno de asociación delictuosa y otro de cohecho. El exfuncionario nunca se entregó por lo que tuvo que ser perseguido internacionalmente hasta que, en febrero de 2020, la Interpol lo detuvo en España.

Meses después de ser capturado, Lozoya ofreció a las autoridades no combatir legalmente su extradición y aceptar ser trasladado en calidad de detenido en México, a cambio de entregar información para denunciar una gran red de corrupción en la que estaban implicados incluso expresidentes.

Pero esto no eximía al exfuncionario de ser presentado ante un juez del Reclusorio Norte al menos para una audiencia inicial, sin embargo, debido a problemas de salud que se le diagnosticaron al bajar del avión se decidió enviarlo al Hospital Ángeles del Pedregal en lugar de a ese centro penitenciario.

Desde la cama de su habitación en dicho hospital, Lozoya compareció por videoconferencia ante el juez el 28 y 29 de julio, para ser vinculado a proceso por ambos casos… y salir libre.

En las audiencias realizadas en el hospital, a cuya grabación íntegra tuvo acceso Animal Político gracias a una solicitud de transparencia, los fiscales de FGR expusieron ante el juez que Lozoya se había dado a la fuga. Argumentaron que tenía recursos económicos, propiedades en el extranjero y familiares que podrían ayudar a volver a escapar y esconderse, por lo que era necesario restringir sus movimientos.

Sin embargo, y para sorpresa del propio juez, la Fiscalía no pidió como medida cautelar que fuera encarcelado de manera preventiva, sino solo que se le colocara un brazalete electrónico y que se le recogiera su pasaporte.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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