Conecta con nosotros

Opinión

luchas por el maiz y vacios de poder por VICTIR M. QUINTANA S.

Published

on

LUCHAS POR EL MAIZ Y VACIOS DE PODER

Por: Víctor M. Quintana S.

 

Se sigue sirviendo con la cuchara  grande la partidocracia. Lo hacen con la Reforma Política, lo harán con la Reforma Energética: entregar los recursos de la Nación, sean petróleo o dinero para aumentar su poder económico y político. Podrán seguir con su pacto, , pero las calles no pactan. La inconformidad con el gobierno de Peña Nieto bulle otra vez  en las carreteras,  los campos y las plazas de este país.

 

Porque las cúpulas políticas, que hablan a nombre de quienes no representan, rehúyen el pacto más básico, el que debería ser la piedra angular de un gran acuerdo nacional:  el pacto para reconocer   y hacer efectivo el verdadero valor de la fuerza de trabajo. El que reivindique el salario de los trabajadores urbanos y el precio de sus productos a los hombres y mujeres del campo.

 

Las protestas de los maiceros cunden en Chihuahua, Campeche, Nayarit,  Jalisco,  Michoacán, Chiapas… En este último, la semana pasada fueron gaseados y golpeados los productores de maíz que se manifestaban en dos puntos carreteros desde el 19 de noviembre. Más de tres mil  maiceros de la zona centro y la Frailesca demandan se les pague a cinco mil pesos la tonelada de la gramínea, que el gobierno del estado compre 300 mil toneladas de maíz producido por las comunidades pobres y se les entregue la costalera necesaria para el empaque.

 

Es la misma canción de la protesta rural en todo el país.  Los campesinos piden que se acabe con la única ley que no se puede reformar y que se les aplica con todo rigor: la ley de San Garabato: comprar caro y vender barato. El precio de su grano se precipita arrastrado por los precios internacionales: de 5 mil pesos la tonelada hace dos años, a cuatro mil 300 el año pasado y ahora, a tan sólo poco más de tres mil. Por el contrario, el precio de los fertilizantes, de los agroquímicos, de los combustibles, de los alimentos que adquieren de fuera sigue aumentando.  En los últimos tres años los precios del maíz, sorgo y frijol se han reducido en un 60%,  en tanto el de  los insumos se ha incrementado en la misma proporción.

 

Así, de poco servirá el aumento arrancado por la lucha de los productores chiapanecos al lograr que con varias partidas se les pague a tres mil 700 pesos la tonelada. Porque ni aun así no se  les cubren sus costos de producción y siguen por la pendiente de la quiebra. Ellos mismos apuntan que con estos precios “ni los muy productivos agricultores del noreste son viables”.

 

Los personeros de los diferentes gobiernos argumentan que todo se debe al descenso del precio del maíz en los mercados internacionales, a la excelente cosecha del grano en la Unión Americana, luego de un año de sequía; a la también buena cosecha en México. Así son las leyes del mercado, dicen. Sin embargo, esas poderosas e ineluctables leyes del mercado no se aplican parejo. Porque, si bien,  van dos años que el maíz se paga más barato a los productores, la tortilla y la harina de maíz se siguen encareciendo para los consumidores.

 

¿Por qué? Porque el reformismo convenenciero de Peña Nieto no toca lo más mínimo la política agroalimentaria y de comercio internacional, cuya inercia la hace ver como si estuviéramos en el vigésimo quinto año del gobierno de Salinas o en el séptimo de Calderón. Peor de lo mismo: sigue vigente el decreto expedido por Calderón en 2008, en el contexto de la crisis alimentaria, para que se importen alimentos básicos sin cuotas ni aranceles, provenientes  de cualquier país, así México no tenga tratado de Libre Comercio con él.  A cinco años de pasada la emergencia, un puñado de empresas oligopólicas y oligopsómicas siguen importando maíz blanco y amarillo de donde se les pega la gana y de donde pueden obtener más ganancias: de los Estados Unidos de Brasil, de Sudáfrica…Si Irán o Corea del Norte lo tuvieran, de ahí lo traerían porque lucro mata ideología.

 

Lógicamente, el maíz importado por empresas como Gruma, Bachoco o Bimbo,  constituye una reserva en manos privadas y empuja hacia abajo el precio que se paga a los productores. Cuando estos quieren vender su grano de calidad, blanco, nativo, los importadores e industriales  sacan sus existencias, adquiridas  a bajos precios internacionales y derrumban el precio del maíz producido en México. Pero, de nuevo, esto no significa de ninguna manera una baja de precio para el consumidor de harina de maíz o de tortilla.

 

Vacíos de poder por todos lados por parte del gobierno: en la fijación de precios, en el control de las importaciones,  en la compra del grano para regular el mercado,  falta de control de  la especulación y omisión de constituir una reserva de alimentos básicos  y de calidad para el pueblo,

 

Como señala magistralmente Edgardo Buscaglia, eso vacíos de Estado,  ese desdén por fortalecer a los grupos sociales, en este caso de productores,  esas graves fallas regulatorias, propician el desarrollo de una clase parasitaria, de ese puñado de empresas plutócratas que controlan el mercado de granos básicos, que no han sido capaces de alimentar adecuadamente a la población, que impiden el desarrollo de un sólido sistema alimentario nacional y contribuyen a la grave crisis de seguridad humana que sufrimos ya por décadas. Seguir por ese camino es no alimentar más que las violencias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

Published

on

By

En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

Seguir leyendo haciendo clic 

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto