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luchas por el maiz y vacios de poder por VICTIR M. QUINTANA S.

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LUCHAS POR EL MAIZ Y VACIOS DE PODER

Por: Víctor M. Quintana S.

 

Se sigue sirviendo con la cuchara  grande la partidocracia. Lo hacen con la Reforma Política, lo harán con la Reforma Energética: entregar los recursos de la Nación, sean petróleo o dinero para aumentar su poder económico y político. Podrán seguir con su pacto, , pero las calles no pactan. La inconformidad con el gobierno de Peña Nieto bulle otra vez  en las carreteras,  los campos y las plazas de este país.

 

Porque las cúpulas políticas, que hablan a nombre de quienes no representan, rehúyen el pacto más básico, el que debería ser la piedra angular de un gran acuerdo nacional:  el pacto para reconocer   y hacer efectivo el verdadero valor de la fuerza de trabajo. El que reivindique el salario de los trabajadores urbanos y el precio de sus productos a los hombres y mujeres del campo.

 

Las protestas de los maiceros cunden en Chihuahua, Campeche, Nayarit,  Jalisco,  Michoacán, Chiapas… En este último, la semana pasada fueron gaseados y golpeados los productores de maíz que se manifestaban en dos puntos carreteros desde el 19 de noviembre. Más de tres mil  maiceros de la zona centro y la Frailesca demandan se les pague a cinco mil pesos la tonelada de la gramínea, que el gobierno del estado compre 300 mil toneladas de maíz producido por las comunidades pobres y se les entregue la costalera necesaria para el empaque.

 

Es la misma canción de la protesta rural en todo el país.  Los campesinos piden que se acabe con la única ley que no se puede reformar y que se les aplica con todo rigor: la ley de San Garabato: comprar caro y vender barato. El precio de su grano se precipita arrastrado por los precios internacionales: de 5 mil pesos la tonelada hace dos años, a cuatro mil 300 el año pasado y ahora, a tan sólo poco más de tres mil. Por el contrario, el precio de los fertilizantes, de los agroquímicos, de los combustibles, de los alimentos que adquieren de fuera sigue aumentando.  En los últimos tres años los precios del maíz, sorgo y frijol se han reducido en un 60%,  en tanto el de  los insumos se ha incrementado en la misma proporción.

 

Así, de poco servirá el aumento arrancado por la lucha de los productores chiapanecos al lograr que con varias partidas se les pague a tres mil 700 pesos la tonelada. Porque ni aun así no se  les cubren sus costos de producción y siguen por la pendiente de la quiebra. Ellos mismos apuntan que con estos precios “ni los muy productivos agricultores del noreste son viables”.

 

Los personeros de los diferentes gobiernos argumentan que todo se debe al descenso del precio del maíz en los mercados internacionales, a la excelente cosecha del grano en la Unión Americana, luego de un año de sequía; a la también buena cosecha en México. Así son las leyes del mercado, dicen. Sin embargo, esas poderosas e ineluctables leyes del mercado no se aplican parejo. Porque, si bien,  van dos años que el maíz se paga más barato a los productores, la tortilla y la harina de maíz se siguen encareciendo para los consumidores.

 

¿Por qué? Porque el reformismo convenenciero de Peña Nieto no toca lo más mínimo la política agroalimentaria y de comercio internacional, cuya inercia la hace ver como si estuviéramos en el vigésimo quinto año del gobierno de Salinas o en el séptimo de Calderón. Peor de lo mismo: sigue vigente el decreto expedido por Calderón en 2008, en el contexto de la crisis alimentaria, para que se importen alimentos básicos sin cuotas ni aranceles, provenientes  de cualquier país, así México no tenga tratado de Libre Comercio con él.  A cinco años de pasada la emergencia, un puñado de empresas oligopólicas y oligopsómicas siguen importando maíz blanco y amarillo de donde se les pega la gana y de donde pueden obtener más ganancias: de los Estados Unidos de Brasil, de Sudáfrica…Si Irán o Corea del Norte lo tuvieran, de ahí lo traerían porque lucro mata ideología.

 

Lógicamente, el maíz importado por empresas como Gruma, Bachoco o Bimbo,  constituye una reserva en manos privadas y empuja hacia abajo el precio que se paga a los productores. Cuando estos quieren vender su grano de calidad, blanco, nativo, los importadores e industriales  sacan sus existencias, adquiridas  a bajos precios internacionales y derrumban el precio del maíz producido en México. Pero, de nuevo, esto no significa de ninguna manera una baja de precio para el consumidor de harina de maíz o de tortilla.

 

Vacíos de poder por todos lados por parte del gobierno: en la fijación de precios, en el control de las importaciones,  en la compra del grano para regular el mercado,  falta de control de  la especulación y omisión de constituir una reserva de alimentos básicos  y de calidad para el pueblo,

 

Como señala magistralmente Edgardo Buscaglia, eso vacíos de Estado,  ese desdén por fortalecer a los grupos sociales, en este caso de productores,  esas graves fallas regulatorias, propician el desarrollo de una clase parasitaria, de ese puñado de empresas plutócratas que controlan el mercado de granos básicos, que no han sido capaces de alimentar adecuadamente a la población, que impiden el desarrollo de un sólido sistema alimentario nacional y contribuyen a la grave crisis de seguridad humana que sufrimos ya por décadas. Seguir por ese camino es no alimentar más que las violencias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Marx Arriaga: cuando la educación se volvió trinchera. Por Caleb Ordóñez T.

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La salida de Marx Arriaga del aparato educativo federal cerró un capítulo ruidoso, pero no el libro completo. Porque más allá del personaje, lo que deja este episodio es una historia conocida —aunque pocas veces contada con calma— sobre cómo la educación en México suele administrarse: entre egos, cuotas y pulsos políticos que poco tienen que ver con lo que pasa dentro del salón de clases.

Arriaga no fue un funcionario gris. Al contrario: fue protagonista. Defendió con convicción una visión específica de los libros de texto gratuitos y convirtió su gestión en una causa. Eso lo volvió visible, influyente… y también prescindible. En educación, cuando el conflicto escala, el sistema rara vez se corrige; simplemente cambia de rostro.

Los números ayudan a dimensionar el tamaño del problema. Cada año, el Estado mexicano distribuye más de 150 millones de libros de texto gratuitos a través de la CONALITEG. Es uno de los programas editoriales más grandes del mundo. Pero ese volumen contrasta con la fragilidad del consenso que lo sostiene. Cambian equipos, cambian prioridades, cambian narrativas, y los libros —que deberían ser un punto de estabilidad— se convierten en terreno de disputa.

Mientras tanto, más de 1.2 millones de docentes en educación básica reciben materiales y lineamientos que se ajustan con rapidez, pero sin el mismo cuidado en la capacitación. El maestro no siempre sabe si el cambio responde a una mejora pedagógica o a una decisión política. Y cuando esa duda se instala, la implementación se vuelve irregular.

Los resultados están a la vista. En la última evaluación PISA disponible, México se mantuvo por debajo del promedio internacional: alrededor de 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias, frente a promedios globales que rondan los 470–480 puntos. No son cifras nuevas ni sorprendentes, pero sí persistentes. Y esa persistencia sugiere que el problema no es un sexenio ni un funcionario, sino un modelo que cambia formas sin transformar el fondo.

La historia de siempre: el botín político de la educación.

El caso Arriaga también expone cómo la educación suele operar como espacio de poder simbólico. Definir contenidos no es solo decidir qué se enseña, sino qué país se imagina. Por eso los debates se vuelven tan intensos y, a veces, tan poco técnicos. Se discute más el mensaje que el método, más la intención que el impacto real en el aprendizaje.

Desde fuera, esa dinámica proyecta una imagen incómoda. México aparece como un país que discute la educación desde la confrontación interna, no desde la mejora continua. En un contexto global donde el conocimiento, la innovación y las habilidades críticas son la moneda fuerte, esa señal pesa.

¿Se puede hacer distinto? Sí, pero requiere decisiones menos espectaculares y más estructurales.

Primero, sacar los contenidos básicos del vaivén político. No congelarlos, sino someterlos a revisiones periódicas con reglas claras, evaluaciones públicas y participación real de especialistas y docentes de aula.

Segundo, alinear libros, capacitación y evaluación. No tiene sentido rediseñar materiales si no se invierte con la misma fuerza en formar a quien los va a usar. Hoy, ese es uno de los grandes cuellos de botella.

Tercero, transparentar los procesos de decisión. Quién participa, con qué criterios y con qué indicadores de éxito. Cuando eso se aclara, baja la polarización y sube la confianza.

Y cuarto, recordar algo básico: enseñar a pensar es más rentable que imponer una visión. Los sistemas educativos más sólidos no son los más ideológicos, sino los más consistentes.

La salida de Marx Arriaga no arregla la educación mexicana, pero deja una lección útil: mientras los libros, los programas y las aulas sigan tratándose como territorios de poder, los cambios serán ruidosos y los resultados modestos.

La educación no debería ser el botín de nadie. Debería ser, simplemente, el proyecto más serio del país.

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