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luchas por el maiz y vacios de poder por VICTIR M. QUINTANA S.

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LUCHAS POR EL MAIZ Y VACIOS DE PODER

Por: Víctor M. Quintana S.

 

Se sigue sirviendo con la cuchara  grande la partidocracia. Lo hacen con la Reforma Política, lo harán con la Reforma Energética: entregar los recursos de la Nación, sean petróleo o dinero para aumentar su poder económico y político. Podrán seguir con su pacto, , pero las calles no pactan. La inconformidad con el gobierno de Peña Nieto bulle otra vez  en las carreteras,  los campos y las plazas de este país.

 

Porque las cúpulas políticas, que hablan a nombre de quienes no representan, rehúyen el pacto más básico, el que debería ser la piedra angular de un gran acuerdo nacional:  el pacto para reconocer   y hacer efectivo el verdadero valor de la fuerza de trabajo. El que reivindique el salario de los trabajadores urbanos y el precio de sus productos a los hombres y mujeres del campo.

 

Las protestas de los maiceros cunden en Chihuahua, Campeche, Nayarit,  Jalisco,  Michoacán, Chiapas… En este último, la semana pasada fueron gaseados y golpeados los productores de maíz que se manifestaban en dos puntos carreteros desde el 19 de noviembre. Más de tres mil  maiceros de la zona centro y la Frailesca demandan se les pague a cinco mil pesos la tonelada de la gramínea, que el gobierno del estado compre 300 mil toneladas de maíz producido por las comunidades pobres y se les entregue la costalera necesaria para el empaque.

 

Es la misma canción de la protesta rural en todo el país.  Los campesinos piden que se acabe con la única ley que no se puede reformar y que se les aplica con todo rigor: la ley de San Garabato: comprar caro y vender barato. El precio de su grano se precipita arrastrado por los precios internacionales: de 5 mil pesos la tonelada hace dos años, a cuatro mil 300 el año pasado y ahora, a tan sólo poco más de tres mil. Por el contrario, el precio de los fertilizantes, de los agroquímicos, de los combustibles, de los alimentos que adquieren de fuera sigue aumentando.  En los últimos tres años los precios del maíz, sorgo y frijol se han reducido en un 60%,  en tanto el de  los insumos se ha incrementado en la misma proporción.

 

Así, de poco servirá el aumento arrancado por la lucha de los productores chiapanecos al lograr que con varias partidas se les pague a tres mil 700 pesos la tonelada. Porque ni aun así no se  les cubren sus costos de producción y siguen por la pendiente de la quiebra. Ellos mismos apuntan que con estos precios “ni los muy productivos agricultores del noreste son viables”.

 

Los personeros de los diferentes gobiernos argumentan que todo se debe al descenso del precio del maíz en los mercados internacionales, a la excelente cosecha del grano en la Unión Americana, luego de un año de sequía; a la también buena cosecha en México. Así son las leyes del mercado, dicen. Sin embargo, esas poderosas e ineluctables leyes del mercado no se aplican parejo. Porque, si bien,  van dos años que el maíz se paga más barato a los productores, la tortilla y la harina de maíz se siguen encareciendo para los consumidores.

 

¿Por qué? Porque el reformismo convenenciero de Peña Nieto no toca lo más mínimo la política agroalimentaria y de comercio internacional, cuya inercia la hace ver como si estuviéramos en el vigésimo quinto año del gobierno de Salinas o en el séptimo de Calderón. Peor de lo mismo: sigue vigente el decreto expedido por Calderón en 2008, en el contexto de la crisis alimentaria, para que se importen alimentos básicos sin cuotas ni aranceles, provenientes  de cualquier país, así México no tenga tratado de Libre Comercio con él.  A cinco años de pasada la emergencia, un puñado de empresas oligopólicas y oligopsómicas siguen importando maíz blanco y amarillo de donde se les pega la gana y de donde pueden obtener más ganancias: de los Estados Unidos de Brasil, de Sudáfrica…Si Irán o Corea del Norte lo tuvieran, de ahí lo traerían porque lucro mata ideología.

 

Lógicamente, el maíz importado por empresas como Gruma, Bachoco o Bimbo,  constituye una reserva en manos privadas y empuja hacia abajo el precio que se paga a los productores. Cuando estos quieren vender su grano de calidad, blanco, nativo, los importadores e industriales  sacan sus existencias, adquiridas  a bajos precios internacionales y derrumban el precio del maíz producido en México. Pero, de nuevo, esto no significa de ninguna manera una baja de precio para el consumidor de harina de maíz o de tortilla.

 

Vacíos de poder por todos lados por parte del gobierno: en la fijación de precios, en el control de las importaciones,  en la compra del grano para regular el mercado,  falta de control de  la especulación y omisión de constituir una reserva de alimentos básicos  y de calidad para el pueblo,

 

Como señala magistralmente Edgardo Buscaglia, eso vacíos de Estado,  ese desdén por fortalecer a los grupos sociales, en este caso de productores,  esas graves fallas regulatorias, propician el desarrollo de una clase parasitaria, de ese puñado de empresas plutócratas que controlan el mercado de granos básicos, que no han sido capaces de alimentar adecuadamente a la población, que impiden el desarrollo de un sólido sistema alimentario nacional y contribuyen a la grave crisis de seguridad humana que sufrimos ya por décadas. Seguir por ese camino es no alimentar más que las violencias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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