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luchas por el maiz y vacios de poder por VICTIR M. QUINTANA S.

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LUCHAS POR EL MAIZ Y VACIOS DE PODER

Por: Víctor M. Quintana S.

 

Se sigue sirviendo con la cuchara  grande la partidocracia. Lo hacen con la Reforma Política, lo harán con la Reforma Energética: entregar los recursos de la Nación, sean petróleo o dinero para aumentar su poder económico y político. Podrán seguir con su pacto, , pero las calles no pactan. La inconformidad con el gobierno de Peña Nieto bulle otra vez  en las carreteras,  los campos y las plazas de este país.

 

Porque las cúpulas políticas, que hablan a nombre de quienes no representan, rehúyen el pacto más básico, el que debería ser la piedra angular de un gran acuerdo nacional:  el pacto para reconocer   y hacer efectivo el verdadero valor de la fuerza de trabajo. El que reivindique el salario de los trabajadores urbanos y el precio de sus productos a los hombres y mujeres del campo.

 

Las protestas de los maiceros cunden en Chihuahua, Campeche, Nayarit,  Jalisco,  Michoacán, Chiapas… En este último, la semana pasada fueron gaseados y golpeados los productores de maíz que se manifestaban en dos puntos carreteros desde el 19 de noviembre. Más de tres mil  maiceros de la zona centro y la Frailesca demandan se les pague a cinco mil pesos la tonelada de la gramínea, que el gobierno del estado compre 300 mil toneladas de maíz producido por las comunidades pobres y se les entregue la costalera necesaria para el empaque.

 

Es la misma canción de la protesta rural en todo el país.  Los campesinos piden que se acabe con la única ley que no se puede reformar y que se les aplica con todo rigor: la ley de San Garabato: comprar caro y vender barato. El precio de su grano se precipita arrastrado por los precios internacionales: de 5 mil pesos la tonelada hace dos años, a cuatro mil 300 el año pasado y ahora, a tan sólo poco más de tres mil. Por el contrario, el precio de los fertilizantes, de los agroquímicos, de los combustibles, de los alimentos que adquieren de fuera sigue aumentando.  En los últimos tres años los precios del maíz, sorgo y frijol se han reducido en un 60%,  en tanto el de  los insumos se ha incrementado en la misma proporción.

 

Así, de poco servirá el aumento arrancado por la lucha de los productores chiapanecos al lograr que con varias partidas se les pague a tres mil 700 pesos la tonelada. Porque ni aun así no se  les cubren sus costos de producción y siguen por la pendiente de la quiebra. Ellos mismos apuntan que con estos precios “ni los muy productivos agricultores del noreste son viables”.

 

Los personeros de los diferentes gobiernos argumentan que todo se debe al descenso del precio del maíz en los mercados internacionales, a la excelente cosecha del grano en la Unión Americana, luego de un año de sequía; a la también buena cosecha en México. Así son las leyes del mercado, dicen. Sin embargo, esas poderosas e ineluctables leyes del mercado no se aplican parejo. Porque, si bien,  van dos años que el maíz se paga más barato a los productores, la tortilla y la harina de maíz se siguen encareciendo para los consumidores.

 

¿Por qué? Porque el reformismo convenenciero de Peña Nieto no toca lo más mínimo la política agroalimentaria y de comercio internacional, cuya inercia la hace ver como si estuviéramos en el vigésimo quinto año del gobierno de Salinas o en el séptimo de Calderón. Peor de lo mismo: sigue vigente el decreto expedido por Calderón en 2008, en el contexto de la crisis alimentaria, para que se importen alimentos básicos sin cuotas ni aranceles, provenientes  de cualquier país, así México no tenga tratado de Libre Comercio con él.  A cinco años de pasada la emergencia, un puñado de empresas oligopólicas y oligopsómicas siguen importando maíz blanco y amarillo de donde se les pega la gana y de donde pueden obtener más ganancias: de los Estados Unidos de Brasil, de Sudáfrica…Si Irán o Corea del Norte lo tuvieran, de ahí lo traerían porque lucro mata ideología.

 

Lógicamente, el maíz importado por empresas como Gruma, Bachoco o Bimbo,  constituye una reserva en manos privadas y empuja hacia abajo el precio que se paga a los productores. Cuando estos quieren vender su grano de calidad, blanco, nativo, los importadores e industriales  sacan sus existencias, adquiridas  a bajos precios internacionales y derrumban el precio del maíz producido en México. Pero, de nuevo, esto no significa de ninguna manera una baja de precio para el consumidor de harina de maíz o de tortilla.

 

Vacíos de poder por todos lados por parte del gobierno: en la fijación de precios, en el control de las importaciones,  en la compra del grano para regular el mercado,  falta de control de  la especulación y omisión de constituir una reserva de alimentos básicos  y de calidad para el pueblo,

 

Como señala magistralmente Edgardo Buscaglia, eso vacíos de Estado,  ese desdén por fortalecer a los grupos sociales, en este caso de productores,  esas graves fallas regulatorias, propician el desarrollo de una clase parasitaria, de ese puñado de empresas plutócratas que controlan el mercado de granos básicos, que no han sido capaces de alimentar adecuadamente a la población, que impiden el desarrollo de un sólido sistema alimentario nacional y contribuyen a la grave crisis de seguridad humana que sufrimos ya por décadas. Seguir por ese camino es no alimentar más que las violencias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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