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México

Luisa Alcalde acusa gentrificación… pero construyó edificio sin permisos en la Roma

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Mientras Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, acusa gentrificación en alcaldías de oposición como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, un reportaje reveló que ella misma desarrolló un edificio en la colonia Roma Sur —una de las zonas más impactadas por este fenómeno—, sin contar con todos los permisos requeridos.

En 2016, Alcalde adquirió una casa de dos niveles en esa colonia por 4.2 millones de pesos. Cuatro años más tarde, sobre ese predio construyó un edificio de cuatro niveles, a pesar de que la manifestación de construcción aprobada por la alcaldía Cuauhtémoc solo permitía tres niveles.

Desde 2020, el edificio es habitado por la propia dirigente de Morena, su hermana Bertha María —actual titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX— y un amigo cercano de ambas, Yamil Villarreal. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado el aviso de terminación de obra, lo que significa que el inmueble no tiene autorización legal de uso ni ocupación.

El edificio cuenta con estacionamiento, tres departamentos y un lujoso roof garden equipado con jacuzzi, asadores y área de descanso, donde las hermanas y su círculo cercano han compartido imágenes en redes sociales.

Según documentos del Registro Público de la Propiedad y declaraciones patrimoniales, Luisa Alcalde adquirió la tercera parte del inmueble con una donación de 1.7 millones de pesos hecha por sus padres. Su hermana Bertha declaró en 2016 la compra de un departamento de 134 m², coincidente con la propiedad en cuestión.

Esta revelación ha generado críticas, ya que mientras desde Morena se señala la gentrificación en territorios panistas como un problema social, líderes del propio partido se benefician de desarrollos inmobiliarios sin cumplir con todos los requisitos legales.

México

México y EU bloquean red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron las acciones contra una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, según un comunicado emitido el 19 de febrero.

Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 24 personas por su supuesta participación en el esquema. De ellas, cinco son personas físicas y 19 personas morales que habrían operado mediante fraudes relacionados con servicios turísticos y que tendrían posibles nexos con la organización criminal.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas en México. Se trata de seis individuos y una entidad identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las investigaciones financieras.

Las acciones del Departamento del Tesoro forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos. De acuerdo con el comunicado, estas organizaciones utilizan actividades empresariales y del sector turístico como fachada para captar recursos de origen ilícito. El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.

En el ámbito nacional, la UIF realizó estudios financieros, fiscales y corporativos de los involucrados. Los análisis permitieron identificar movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos con tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en la región occidental del país.

Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.

La dependencia señaló que mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las capacidades económicas de organizaciones criminales.

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