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Maiz: privatización y dependencia en ciernes por VICTOR M. QUINTANA SYLVEIRA

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MAIZ: PRIVATIZACION Y DEPENDENCIA EN CIERNES.

Por: Víctor M. Quintana S.

 

Dos bienes públicos indispensables para la vida están a punto de caer en manos de negociantes, dos energías básicas para México: la energía que mueve las máquinas: petróleo y electricidad  y la energía que mueve a las personas: la alimentación.  . Para privatizar la renta petrolera y la industria eléctrica, el gobierno de EPN tendrá que hacer pasar a sangre y fuego su propuesta de reformas legales. Sin embargo, hay otra privatización ya en marcha, de proporciones similares que se está haciendo efectiva sin necesidad de ningún consenso, de ninguna reforma: la del maíz. 

 

El próximo domingo se celebra el día nacional del  maíz, por quinto año consecutivo y por iniciativa de un gran número de organizaciones campesinas, indígenas, académicas, artísticas, de todo tipo, es el factor básico y ordenador de nuestro sistema alimentario y de la economía rural. Es la materia prima vegetal más importante de planeta; ingrediente básico de la nutrición de las familias mexicanas, sobre todo las de menores ingresos. A la vez constituye el núcleo de la economía campesina, sobre todo en el centro y sur del país  en torno a él se desarrolla toda la diversidad de cultivos que componenla milpa: frijol, chile, calabazas, huitlacoches, etc. Esta producción diversa, cuando se da, permite una nutrición adecuada  y relativamente autosuficiente para las unidades familiares.

 

La clave para la productividad de los cultivos campesinos es la diversidad: tanto en el tipo de plantas que conviven en la milpa; como en la multiplicidad de razas y de variedades del maíz, adaptadas a las muy diversas latitudes, altitudes, climas y suelos de México.

 

Todo esto está siendo amenazado por una estrategia de pinzas de la trasnacional agroquímica Monsanto, sus aliados y los últimos gobiernos federales: por una parte se está presionando y tolerando que se introduzcan semillas de cultivos genéticamente modificadas a nuestro país, como el algodón y el cacahuate. Pero el objetivo verdadero es imponer el maíz transgénico en la tierra originaria de esta gramínea. Con el pretexto de aumentar la producción maicera, de hacerla más resistente a sequías, insectos nocivos  y heladas, Monsanto y diversas asociaciones de productores, incluida la CNC, están presionando para la liberación masiva de maíz transgénico, hasta ahora prohibida por la ley.

 

Pero además de la tolerancia a esta invasión silenciosa,  el gobierno federal, o los gobiernos federales, han venido desmantelando la infraestructura de investigación y de las pocas instituciones que cuidan y desarrollan el maíz nativo: caso ejemplar: el INIFAP, Sierra de Chihuahua.  Este centro de investigación público ha realizado una excelente labor, al menos en dos ramas importantes: desarrollo semillas de avena resistentes a la sequía y a los extremos climáticos, como la variedad Páramo que han tenido un gran éxito y ahora se cultivan hasta en Rusia. Pero, sobre todo, ha llevado a cabo una paciente, minuciosa y muy valiosa recolección y preservación de las diversas variedades de maíz nativo originarias de la Sierra de Chihuahua.

 

Pero el gobierno federal mima a Monsanto y busca desmantelar el INIFAP Sierra de Chihuahua: le ha reducido drásticamente los presupuestos, al punto que ya es imposible realizar viajes de investigación y recolección; las plazas de personal que se jubila o pide su cambio, desaparecen, lo que hace que el equipo técnico-científico esté reducido a la mínima expresión. En cambio, otros centros del mismo instituto, orientados a la agricultura comercial o de exportación reciben un trato preferencial.

 

Esa pinza es la estrategia gubernamental para entregar el cultivo del maíz a las trasnacionales, y lograr que predomine el maíz transgénico y así  dejar morir por invasión o por inanición la enorme diversidad de maíces nativos.  Está comprobado que este hecho entrañaría graves daños de todo tipo: ambientales,  productivos, económicos, sociales y políticos. Nos haría todavía más dependientes del extranjero en nuestra alimentación básica, le pegaría a la economía campesina en la línea de flotación, arrasaría con la biodiversidad de nuestro campo. Homogenizar el cultivo del maíz es hacer que sólo los que pueden comprar las carísimas semillas de Monsanto puedan producir,  es acabar con la diversidad que el maíz genera, conduce a las hambrunas.

 

Afortunadamente, las resistencias han aflorado ya hace tiempo y se revelan (y rebelan) con más claridad este Día Nacional del Maíz. Las llevan a cabo campañas como “Sin maíz no hay país”, colectivos como “Semilla de Vida”, comunidades indígenas desde los  mixtecos hasta los  rarámuri y muchos más. Organizaciones campesinas, núcleos de activistas, académicos, artistas. Han presentado su denuncia en múltiples foros nacionales e internacionales, muy recientemente ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. No sólo denuncian; preservan semillas nativas, las valoran, las mejoran, las multiplican; informan, forman conciencia; rescatan y promueven manifestaciones culturales porque el maíz también es cultura.

 

Esta resistencia creativa, diversa, con profundas raíces culturales y un proyecto de agricultura y alimentación asentado firmemente en éstas, es lo que ha impedido hasta ahora que el Gobierno Federal otorgue permisos para la liberación y siembra masiva de maíz transgénico, lo que ha defendido nuestro maíz de los intentos privatizadores.  Es una resistencia que debe visibilizarse y difundirse ampliamente. Como las otras resistencias que hoy florecen y que afirman un futuro que retome lo mejor de nuestra historia.

 

 

 

 

 

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Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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