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Opinión

Maiz: privatización y dependencia en ciernes por VICTOR M. QUINTANA SYLVEIRA

MAIZ: PRIVATIZACION Y DEPENDENCIA EN CIERNES.

Por: Víctor M. Quintana S.

 

Dos bienes públicos indispensables para la vida están a punto de caer en manos de negociantes, dos energías básicas para México: la energía que mueve las máquinas: petróleo y electricidad  y la energía que mueve a las personas: la alimentación.  . Para privatizar la renta petrolera y la industria eléctrica, el gobierno de EPN tendrá que hacer pasar a sangre y fuego su propuesta de reformas legales. Sin embargo, hay otra privatización ya en marcha, de proporciones similares que se está haciendo efectiva sin necesidad de ningún consenso, de ninguna reforma: la del maíz. 

 

El próximo domingo se celebra el día nacional del  maíz, por quinto año consecutivo y por iniciativa de un gran número de organizaciones campesinas, indígenas, académicas, artísticas, de todo tipo, es el factor básico y ordenador de nuestro sistema alimentario y de la economía rural. Es la materia prima vegetal más importante de planeta; ingrediente básico de la nutrición de las familias mexicanas, sobre todo las de menores ingresos. A la vez constituye el núcleo de la economía campesina, sobre todo en el centro y sur del país  en torno a él se desarrolla toda la diversidad de cultivos que componenla milpa: frijol, chile, calabazas, huitlacoches, etc. Esta producción diversa, cuando se da, permite una nutrición adecuada  y relativamente autosuficiente para las unidades familiares.

 

La clave para la productividad de los cultivos campesinos es la diversidad: tanto en el tipo de plantas que conviven en la milpa; como en la multiplicidad de razas y de variedades del maíz, adaptadas a las muy diversas latitudes, altitudes, climas y suelos de México.

 

Todo esto está siendo amenazado por una estrategia de pinzas de la trasnacional agroquímica Monsanto, sus aliados y los últimos gobiernos federales: por una parte se está presionando y tolerando que se introduzcan semillas de cultivos genéticamente modificadas a nuestro país, como el algodón y el cacahuate. Pero el objetivo verdadero es imponer el maíz transgénico en la tierra originaria de esta gramínea. Con el pretexto de aumentar la producción maicera, de hacerla más resistente a sequías, insectos nocivos  y heladas, Monsanto y diversas asociaciones de productores, incluida la CNC, están presionando para la liberación masiva de maíz transgénico, hasta ahora prohibida por la ley.

 

Pero además de la tolerancia a esta invasión silenciosa,  el gobierno federal, o los gobiernos federales, han venido desmantelando la infraestructura de investigación y de las pocas instituciones que cuidan y desarrollan el maíz nativo: caso ejemplar: el INIFAP, Sierra de Chihuahua.  Este centro de investigación público ha realizado una excelente labor, al menos en dos ramas importantes: desarrollo semillas de avena resistentes a la sequía y a los extremos climáticos, como la variedad Páramo que han tenido un gran éxito y ahora se cultivan hasta en Rusia. Pero, sobre todo, ha llevado a cabo una paciente, minuciosa y muy valiosa recolección y preservación de las diversas variedades de maíz nativo originarias de la Sierra de Chihuahua.

 

Pero el gobierno federal mima a Monsanto y busca desmantelar el INIFAP Sierra de Chihuahua: le ha reducido drásticamente los presupuestos, al punto que ya es imposible realizar viajes de investigación y recolección; las plazas de personal que se jubila o pide su cambio, desaparecen, lo que hace que el equipo técnico-científico esté reducido a la mínima expresión. En cambio, otros centros del mismo instituto, orientados a la agricultura comercial o de exportación reciben un trato preferencial.

 

Esa pinza es la estrategia gubernamental para entregar el cultivo del maíz a las trasnacionales, y lograr que predomine el maíz transgénico y así  dejar morir por invasión o por inanición la enorme diversidad de maíces nativos.  Está comprobado que este hecho entrañaría graves daños de todo tipo: ambientales,  productivos, económicos, sociales y políticos. Nos haría todavía más dependientes del extranjero en nuestra alimentación básica, le pegaría a la economía campesina en la línea de flotación, arrasaría con la biodiversidad de nuestro campo. Homogenizar el cultivo del maíz es hacer que sólo los que pueden comprar las carísimas semillas de Monsanto puedan producir,  es acabar con la diversidad que el maíz genera, conduce a las hambrunas.

 

Afortunadamente, las resistencias han aflorado ya hace tiempo y se revelan (y rebelan) con más claridad este Día Nacional del Maíz. Las llevan a cabo campañas como “Sin maíz no hay país”, colectivos como “Semilla de Vida”, comunidades indígenas desde los  mixtecos hasta los  rarámuri y muchos más. Organizaciones campesinas, núcleos de activistas, académicos, artistas. Han presentado su denuncia en múltiples foros nacionales e internacionales, muy recientemente ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. No sólo denuncian; preservan semillas nativas, las valoran, las mejoran, las multiplican; informan, forman conciencia; rescatan y promueven manifestaciones culturales porque el maíz también es cultura.

 

Esta resistencia creativa, diversa, con profundas raíces culturales y un proyecto de agricultura y alimentación asentado firmemente en éstas, es lo que ha impedido hasta ahora que el Gobierno Federal otorgue permisos para la liberación y siembra masiva de maíz transgénico, lo que ha defendido nuestro maíz de los intentos privatizadores.  Es una resistencia que debe visibilizarse y difundirse ampliamente. Como las otras resistencias que hoy florecen y que afirman un futuro que retome lo mejor de nuestra historia.

 

 

 

 

 

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Opinión

Inflexión. Por Raúl Saucedo

LO QUE SE VIENE EL DOMINGO

En entregas anteriores como LA URNA (1) y LA CLAVE (2) abordamos puntos del próximo ejercicio democratico en méxico considerando que la próxima jornada electoral del 1 de junio emerge no sólo como un evento democrático más, sino como un auténtico punto de inflexión para el gobierno federal. Más allá de la renovación de Congresos y gobiernos locales en un par de estados, la inminente elección directa de jueces, magistrados y ministros representa un desafío sin precedentes y una oportunidad estratégica que definirá el rumbo y la legitimidad del país.

La propuesta de reformar el Poder Judicial y someterlo a la voluntad popular fue una bandera clave de la administración anterior y ha sido refrendada por la actual. La promesa es clara: construir una justicia más cercana al pueblo, transparente y libre de vicios. Sin embargo, la materialización de esta visión a través de las urnas el 1 de junio no es un camino exento de riesgos. Para la administración federal, el resultado de esta elección judicial no sólo medirá el respaldo ciudadano a una de sus principales apuestas, sino que también sentará las bases sobre las cuales operará el poder judicial durante su sexenio.

Si la elección del 1 de junio deriva en la llegada de juzgadores alineados con la visión del gobierno, la política ejecutiva se podría ver fortalecida su capacidad para impulsar la agenda sin los contrapesos que un Poder Judicial tradicionalmente independiente suele ejercer. Esto, desde la óptica de sus simpatizantes, sería un avance para desatorar reformas y proyectos que, en ocasiones, fueron frenados por resoluciones judiciales. Sin embargo, para los críticos y la oposición, significa una concentración de poder sin precedentes y una erosión de la independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia.

Por otro lado, si los resultados de la elección arrojan un panorama judicial más plural, con la llegada de juzgadores que no necesariamente comparten la misma visión política, el gobierno federal se enfrentaría a un Poder Judicial que podría actuar como un contrapeso más vigoroso. Esto, aunque potencialmente generador de fricciones y debates necesarios, sería visto por muchos como un fortalecimiento del sistema democrático de pesos y contrapesos, garantizando que el ejercicio del poder se mantenga dentro de los límites constitucionales.

La forma en que se desarrolló la campaña electoral para los puestos judiciales, la participación ciudadana y, sobre todo, la legitimidad percibida de los resultados, serán cruciales. Una elección pulcra y transparente podría otorgarle un capital político inmenso para legitimar su proyecto de nación. Sin embargo, cualquier indicio de irregularidad o polarización exacerbada durante el proceso podría enturbiar la imagen del gobierno y sembrar dudas sobre la verdadera independencia del Poder Judicial desde su génesis electoral.

Desde este teclado en la Ciudad de México, dónde estamos convencidos que la certeza jurídica es clave para el futuro de una nación, la configuración del Poder Judicial será observada con lupa. Un sistema judicial que genere confianza es vital para la atracción de capitales y el mantenimiento del estado de derecho. La elección del 1 de junio no es solo una votación de nombres; es la definición de las reglas del juego judicial para la próxima década, y con ello, de la gobernabilidad y la estabilidad democrática.

Esta reflexión viene a causa de que hoy es el último día de proselitismo para aquellos contendientes que el domingo mas haya de buenas voluntades vivirán el sistema político mexicano.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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