Opinión
Maiz: privatización y dependencia en ciernes por VICTOR M. QUINTANA SYLVEIRA
MAIZ: PRIVATIZACION Y DEPENDENCIA EN CIERNES.
Por: Víctor M. Quintana S.
Dos bienes públicos indispensables para la vida están a punto de caer en manos de negociantes, dos energías básicas para México: la energía que mueve las máquinas: petróleo y electricidad y la energía que mueve a las personas: la alimentación. . Para privatizar la renta petrolera y la industria eléctrica, el gobierno de EPN tendrá que hacer pasar a sangre y fuego su propuesta de reformas legales. Sin embargo, hay otra privatización ya en marcha, de proporciones similares que se está haciendo efectiva sin necesidad de ningún consenso, de ninguna reforma: la del maíz.
El próximo domingo se celebra el día nacional del maíz, por quinto año consecutivo y por iniciativa de un gran número de organizaciones campesinas, indígenas, académicas, artísticas, de todo tipo, es el factor básico y ordenador de nuestro sistema alimentario y de la economía rural. Es la materia prima vegetal más importante de planeta; ingrediente básico de la nutrición de las familias mexicanas, sobre todo las de menores ingresos. A la vez constituye el núcleo de la economía campesina, sobre todo en el centro y sur del país en torno a él se desarrolla toda la diversidad de cultivos que componenla milpa: frijol, chile, calabazas, huitlacoches, etc. Esta producción diversa, cuando se da, permite una nutrición adecuada y relativamente autosuficiente para las unidades familiares.
La clave para la productividad de los cultivos campesinos es la diversidad: tanto en el tipo de plantas que conviven en la milpa; como en la multiplicidad de razas y de variedades del maíz, adaptadas a las muy diversas latitudes, altitudes, climas y suelos de México.
Todo esto está siendo amenazado por una estrategia de pinzas de la trasnacional agroquímica Monsanto, sus aliados y los últimos gobiernos federales: por una parte se está presionando y tolerando que se introduzcan semillas de cultivos genéticamente modificadas a nuestro país, como el algodón y el cacahuate. Pero el objetivo verdadero es imponer el maíz transgénico en la tierra originaria de esta gramínea. Con el pretexto de aumentar la producción maicera, de hacerla más resistente a sequías, insectos nocivos y heladas, Monsanto y diversas asociaciones de productores, incluida la CNC, están presionando para la liberación masiva de maíz transgénico, hasta ahora prohibida por la ley.
Pero además de la tolerancia a esta invasión silenciosa, el gobierno federal, o los gobiernos federales, han venido desmantelando la infraestructura de investigación y de las pocas instituciones que cuidan y desarrollan el maíz nativo: caso ejemplar: el INIFAP, Sierra de Chihuahua. Este centro de investigación público ha realizado una excelente labor, al menos en dos ramas importantes: desarrollo semillas de avena resistentes a la sequía y a los extremos climáticos, como la variedad Páramo que han tenido un gran éxito y ahora se cultivan hasta en Rusia. Pero, sobre todo, ha llevado a cabo una paciente, minuciosa y muy valiosa recolección y preservación de las diversas variedades de maíz nativo originarias de la Sierra de Chihuahua.
Pero el gobierno federal mima a Monsanto y busca desmantelar el INIFAP Sierra de Chihuahua: le ha reducido drásticamente los presupuestos, al punto que ya es imposible realizar viajes de investigación y recolección; las plazas de personal que se jubila o pide su cambio, desaparecen, lo que hace que el equipo técnico-científico esté reducido a la mínima expresión. En cambio, otros centros del mismo instituto, orientados a la agricultura comercial o de exportación reciben un trato preferencial.
Esa pinza es la estrategia gubernamental para entregar el cultivo del maíz a las trasnacionales, y lograr que predomine el maíz transgénico y así dejar morir por invasión o por inanición la enorme diversidad de maíces nativos. Está comprobado que este hecho entrañaría graves daños de todo tipo: ambientales, productivos, económicos, sociales y políticos. Nos haría todavía más dependientes del extranjero en nuestra alimentación básica, le pegaría a la economía campesina en la línea de flotación, arrasaría con la biodiversidad de nuestro campo. Homogenizar el cultivo del maíz es hacer que sólo los que pueden comprar las carísimas semillas de Monsanto puedan producir, es acabar con la diversidad que el maíz genera, conduce a las hambrunas.
Afortunadamente, las resistencias han aflorado ya hace tiempo y se revelan (y rebelan) con más claridad este Día Nacional del Maíz. Las llevan a cabo campañas como “Sin maíz no hay país”, colectivos como “Semilla de Vida”, comunidades indígenas desde los mixtecos hasta los rarámuri y muchos más. Organizaciones campesinas, núcleos de activistas, académicos, artistas. Han presentado su denuncia en múltiples foros nacionales e internacionales, muy recientemente ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. No sólo denuncian; preservan semillas nativas, las valoran, las mejoran, las multiplican; informan, forman conciencia; rescatan y promueven manifestaciones culturales porque el maíz también es cultura.
Esta resistencia creativa, diversa, con profundas raíces culturales y un proyecto de agricultura y alimentación asentado firmemente en éstas, es lo que ha impedido hasta ahora que el Gobierno Federal otorgue permisos para la liberación y siembra masiva de maíz transgénico, lo que ha defendido nuestro maíz de los intentos privatizadores. Es una resistencia que debe visibilizarse y difundirse ampliamente. Como las otras resistencias que hoy florecen y que afirman un futuro que retome lo mejor de nuestra historia.
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Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.
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