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Opinión

Maiz: privatización y dependencia en ciernes por VICTOR M. QUINTANA SYLVEIRA

MAIZ: PRIVATIZACION Y DEPENDENCIA EN CIERNES.

Por: Víctor M. Quintana S.

 

Dos bienes públicos indispensables para la vida están a punto de caer en manos de negociantes, dos energías básicas para México: la energía que mueve las máquinas: petróleo y electricidad  y la energía que mueve a las personas: la alimentación.  . Para privatizar la renta petrolera y la industria eléctrica, el gobierno de EPN tendrá que hacer pasar a sangre y fuego su propuesta de reformas legales. Sin embargo, hay otra privatización ya en marcha, de proporciones similares que se está haciendo efectiva sin necesidad de ningún consenso, de ninguna reforma: la del maíz. 

 

El próximo domingo se celebra el día nacional del  maíz, por quinto año consecutivo y por iniciativa de un gran número de organizaciones campesinas, indígenas, académicas, artísticas, de todo tipo, es el factor básico y ordenador de nuestro sistema alimentario y de la economía rural. Es la materia prima vegetal más importante de planeta; ingrediente básico de la nutrición de las familias mexicanas, sobre todo las de menores ingresos. A la vez constituye el núcleo de la economía campesina, sobre todo en el centro y sur del país  en torno a él se desarrolla toda la diversidad de cultivos que componenla milpa: frijol, chile, calabazas, huitlacoches, etc. Esta producción diversa, cuando se da, permite una nutrición adecuada  y relativamente autosuficiente para las unidades familiares.

 

La clave para la productividad de los cultivos campesinos es la diversidad: tanto en el tipo de plantas que conviven en la milpa; como en la multiplicidad de razas y de variedades del maíz, adaptadas a las muy diversas latitudes, altitudes, climas y suelos de México.

 

Todo esto está siendo amenazado por una estrategia de pinzas de la trasnacional agroquímica Monsanto, sus aliados y los últimos gobiernos federales: por una parte se está presionando y tolerando que se introduzcan semillas de cultivos genéticamente modificadas a nuestro país, como el algodón y el cacahuate. Pero el objetivo verdadero es imponer el maíz transgénico en la tierra originaria de esta gramínea. Con el pretexto de aumentar la producción maicera, de hacerla más resistente a sequías, insectos nocivos  y heladas, Monsanto y diversas asociaciones de productores, incluida la CNC, están presionando para la liberación masiva de maíz transgénico, hasta ahora prohibida por la ley.

 

Pero además de la tolerancia a esta invasión silenciosa,  el gobierno federal, o los gobiernos federales, han venido desmantelando la infraestructura de investigación y de las pocas instituciones que cuidan y desarrollan el maíz nativo: caso ejemplar: el INIFAP, Sierra de Chihuahua.  Este centro de investigación público ha realizado una excelente labor, al menos en dos ramas importantes: desarrollo semillas de avena resistentes a la sequía y a los extremos climáticos, como la variedad Páramo que han tenido un gran éxito y ahora se cultivan hasta en Rusia. Pero, sobre todo, ha llevado a cabo una paciente, minuciosa y muy valiosa recolección y preservación de las diversas variedades de maíz nativo originarias de la Sierra de Chihuahua.

 

Pero el gobierno federal mima a Monsanto y busca desmantelar el INIFAP Sierra de Chihuahua: le ha reducido drásticamente los presupuestos, al punto que ya es imposible realizar viajes de investigación y recolección; las plazas de personal que se jubila o pide su cambio, desaparecen, lo que hace que el equipo técnico-científico esté reducido a la mínima expresión. En cambio, otros centros del mismo instituto, orientados a la agricultura comercial o de exportación reciben un trato preferencial.

 

Esa pinza es la estrategia gubernamental para entregar el cultivo del maíz a las trasnacionales, y lograr que predomine el maíz transgénico y así  dejar morir por invasión o por inanición la enorme diversidad de maíces nativos.  Está comprobado que este hecho entrañaría graves daños de todo tipo: ambientales,  productivos, económicos, sociales y políticos. Nos haría todavía más dependientes del extranjero en nuestra alimentación básica, le pegaría a la economía campesina en la línea de flotación, arrasaría con la biodiversidad de nuestro campo. Homogenizar el cultivo del maíz es hacer que sólo los que pueden comprar las carísimas semillas de Monsanto puedan producir,  es acabar con la diversidad que el maíz genera, conduce a las hambrunas.

 

Afortunadamente, las resistencias han aflorado ya hace tiempo y se revelan (y rebelan) con más claridad este Día Nacional del Maíz. Las llevan a cabo campañas como “Sin maíz no hay país”, colectivos como “Semilla de Vida”, comunidades indígenas desde los  mixtecos hasta los  rarámuri y muchos más. Organizaciones campesinas, núcleos de activistas, académicos, artistas. Han presentado su denuncia en múltiples foros nacionales e internacionales, muy recientemente ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. No sólo denuncian; preservan semillas nativas, las valoran, las mejoran, las multiplican; informan, forman conciencia; rescatan y promueven manifestaciones culturales porque el maíz también es cultura.

 

Esta resistencia creativa, diversa, con profundas raíces culturales y un proyecto de agricultura y alimentación asentado firmemente en éstas, es lo que ha impedido hasta ahora que el Gobierno Federal otorgue permisos para la liberación y siembra masiva de maíz transgénico, lo que ha defendido nuestro maíz de los intentos privatizadores.  Es una resistencia que debe visibilizarse y difundirse ampliamente. Como las otras resistencias que hoy florecen y que afirman un futuro que retome lo mejor de nuestra historia.

 

 

 

 

 

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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