Opinión
Malas noticias para el duartismo.- por José Luis Valero Flores
También para la mayoría de los mexicanos. Los cambios en el gabinete presidencial no los avizoran en ninguna de las políticas públicas; son, sólo, enroques entre los hombres y mujeres más cercanos al presidente.
Podrían catalogárseles en dos sentidos: El primero, que se fortalece el grupo de los allegados más identificados a Peña Nieto -con dos excepciones, quizá, la de José Calzada en Sagarpa, y la de José Antonio Meade en Desarrollo Social- y, dos, que merced a las biografías de varios de los designados, le dan sustento a las versiones que achacan al ex presidente Carlos Salinas de Gortari una inusual injerencia en el actual gobierno.
Destaca, para los chihuahuenses, la llegada del ex gobernador José Reyes Baeza a la Dirección del ISSSTE. Trae no pocas lecturas tal hecho.
El escribiente no recuerda que el secretario particular de presidente alguno llegase, en el mismo sexenio, a una secretaría de Estado. El protagonismo de Aurelio Nuño lo ha llevado a la de Educación Pública, luego de ser mencionado como posible dirigente del PRI.
Asombra su encumbramiento y devela, sin lugar a dudas, que Peña Nieto lo considera apto para la sucesión. A su vez, designó a un hombre de sus confianzas, Francisco Guzmán, para sustituir a Nuño. Trabaja con él desde los tiempos que fue líder del Congreso local.
En tanto, Rosario Robles (invitada a la mesa de honor en la boda del hijo de Salinas de Gortari) se fue a la Sedatu. Inquieta su cercanía con el ex presidente.
En igual circunstancia se encuentran Enrique de la Madrid, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, quien consideraba casi como su hijo a Salinas. Ahora será el secretario de Turismo.
No es todo, la sobrina del ex presidente, Claudia Ruiz Massieu Salinas se encargará de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin ninguna experiencia, confirma de esa manera que los políticos mexicanos son buenos para todo; en el lugar que los pongan desplegarán sus muy variadas capacidades.
A su vez, Rafael Pacchiano, ex diputado federal suplente del PVEM, nuevo secretario del Medio Ambiente, no escapa a la generalidad del gabinete. Está casado con la principal asesora del presidente, Alejandra Lagunes, ex funcionaria de Televisa, de los tiempos en que Peña Nieto era impulsado por la empresa televisiva. Lagunes se encargó de las cuentas en las redes sociales del hoy presidente.
Finalmente, Renato Sales, también mexiquense, será el nuevo titular de la Comisión Nacional de Seguridad. No hay novedad, es un ex funcionario de la Procuraduría del EdoMex.
¿Y el nombramiento de Reyes Baeza, qué?
Va como de cuento: El 6 de diciembre de 2012 la cena ofrecida por el Gobierno del Estado a los medios de comunicación de la capital casi fue sombría. El semblante del gobernador Duarte no era el de la cotidianidad de entonces, no apareció la sonrisa fácil que en ocasiones llega a la carcajada, tampoco los comentarios festivos que frecuentemente les hace a sus interlocutores.
Más aún, a todos los presentes (bueno, quizá no a todos, probablemente a sus más allegados en el gobierno no) les extrañaron dos cosas del discurso que tradicionalmente lanza a los comunicadores: La brevedad de la alocución y el que sólo en una ocasión mencionara al presidente Peña. Extrañísimo.
Apenas unas horas atrás, Peña Nieto había anunciado que el ex gobernador Reyes Baeza se incorporaba a la administración federal como director del Fovissste. Se convertía, así, en el chihuahuense con el cargo más elevado en el Gobierno federal, luego de que, durante semanas, el mandatario local había dado a entender que podría ocupar un lugar en el gabinete presidencial.
Así transcurrieron los días y los meses, con altibajos, pero sin que el tema desapareciera de las líneas de las columnas políticas más ligadas al mundo oficial.
En tanto la deuda crecía, aprobada la mayor parte de ella por los diputados del PAN. Hasta que, al tema de la seguridad pública que tanto le había criticado Duarte a Reyes Baeza (para eso fue la frase de que “el poder es para poder, no para no poder”, de la toma de posesión), le agregó el de la deuda del gobierno de Chihuahua y acusó a su antecesor de ser el principal responsable de ella.
La confrontación con el director del Fovissste ocupó la atención de la clase política en el 2014 y lo que había sido un soterrado distanciamiento durante el gobierno municipal de Marco Adán Quezada (2010-2013), se convirtió en un abierto enfrentamiento con el grupo de los Baeza, con el tema de la deuda y luego con el del AeroShow, cuyo momento más álgido fue el intento de inhabilitar a Quezada semanas atrás, lo que enfrentó al priismo y posibilitó que se tuvieran evidencias de cuánta responsabilidad, los chihuahuenses -sobre todo los de la capital-, le achacaban al ex alcalde.
Atrás había quedado el desayuno en casa del ex gobernador, con la presencia del gobernante, en aras de la unidad partidista, de frente a las elecciones de junio pasado.
Podían realizarse muchas lecturas, una de ellas no puede dejarse de lado: ¿Cómo explicarse que el gobernador de una entidad se confronte con el priista local que ocupa el cargo más elevado del equipo presidencial, cuyo nombramiento realiza el presidente y que, además, sea el liderazgo más visible de uno de los dos equipos priistas más poderosos de la entidad (el otro sería el encabezado por el exalcalde juarense, Héctor Murguía) y que, por añadidura, a él pertenezca Quezada?
Y vino el episodio de la presidencia del PRI nacional. Duarte dejó correr la especie cuando declaró que a él “no le tocaba anunciarlo”, lo que abría la posibilidad de que algo sabía y que sí se podía concretar, en lugar de deslindarse y agradecer que se le mencionara.
En la práctica se enfrentó a Manlio Fabio Beltrones, más allá de las relaciones de amistad que puedan tener, ya que el sonorense destapó sus pretensiones antes de las filtraciones en favor de Duarte.
Pueden existir infinidad de frases elogiosas, gestos amistosos, finalmente los hechos -sobre todo en política- son los elementos verdaderos para definir querencias; hoy por hoy, Reyes Baeza es uno de los 35-40 políticos de mayor confianza de Peña Nieto y sus opiniones, no sólo acerca del Issste, serán escuchadas con mayor atención que la del resto de los mexicanos, incluidos los gobernadores.
Es muy probable que al momento de tomar determinaciones sobre las candidaturas, la del ex gobernador sea una de las influyentes.
Por varias razones, la primera, que goza de las confianzas de Peña Nieto y de Osorio Chong, con quienes coincidió en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); y la segunda, que es el segundo chihuahuense de mayor confianza del grupo Atlacomulco. El otro es el embajador de México en Costa Rica, Fernando Baeza.
Ante este panorama, se antoja casi suicida -para el PRI local- que al día siguiente de la designación de Baeza, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentara la demanda contra el ex alcalde Quezada -y sólo contra él- en el Congreso del Estado, más allá de si está apegada a la legalidad, lo que, de entrada, hace suponer que hay un manoseo político.
Merece esa calificación porque a lo largo del sexenio el gobernador Duarte ha ejercido el poder de manera aplastante.
Por ello, no podría creerse que la decisión de demandar a Quezada se hiciese sin su conocimiento y, peor aún, sin su consentimiento. Podría tomarse como su respuesta al nombramiento de Reyes Baeza, lo que puede llevar al PRI a serios problemas.
Argüirán los oficiosos que era un asunto que debería hacerse, que así lo marca la ley, etc., pero toda esa argumentación cae por su propio peso: Hace meses que debería haberse terminado; las auditorías sobre las gestiones administrativas del año 2013 debieron concluirse meses, muchos meses atrás y el que la auditoría sobre poco menos de 20 millones de pesos -la del AeroShow- haya tardado en realizarse casi dos años concita la sospecha acerca del manejo inescrupuloso de una tragedia que conmovió a los chihuahuenses y cuyas víctimas aun deben esperar la aplicación de la justicia.
De acuerdo con el dictamen emitido en 2014 por la Auditoría, existen 10 observaciones sin solventar, entre las que destacan: la omisión en servicio de vigilancia especial, el no cumplimiento de las condiciones en Protección Civil, falta de plan de contingencia y la ausencia de documentación que valide el permiso para el desarrollo del espectáculo.
Además, por dos transferencias, una por 2 millones de pesos y otra por un millón 800 mil pesos, antes de que se firmaran los convenios, pero que finalmente se acreditó que fueron gastados en los espectáculos del Aero Show. Es decir, una falta administrativa que no implica un uso ilegal del dinero, ni que se destinara a fines distintos a los del evento.
¿Qué ganan esas víctimas si Quezada es sancionado administrativamente -que puede llegar hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos-?
¿Qué ganan con ello, si las indemnizaciones que les corresponden, de acuerdo con la ley, aún no les son entregadas?
La próxima semana será determinante.
Los señalamientos del ex alcalde Quezada van a la cabeza.
Declaró que espera que sea la ley y la justicia “la que determine el nivel de responsabilidad de cualquier persona que participó en este evento… pues entiendo que en ese acto participó la autoridad estatal y la municipal, y esas denuncias tendrán que aclarar ese nivel de participación: la del alcalde, la de los funcionarios municipales, de los cuerpos de Protección Civil estatal y municipal, y del propio gobernador, quien fue el orador principal el día del evento… ”. (Nota de César Ibarra, El Heraldo de Chihuahua, 29/VIII/15).
Así, prácticamente solos, los priistas están construyendo un panorama adverso para ellos en la contienda del próximo año, la principal oposición, la del PAN, se mantiene a la expectativa, como esperando tranquilamente la recepción del voto de rechazo al gobierno de Duarte, apostando a esa carta que, sostienen, es suficiente para ganar en 2016.
En su contra tienen un factor, inesperado totalmente: El gobernador Duarte está fortaleciendo a la figura más opuesta al duartismo, pero en su propio partido, a Marco Adán Quezada.
Lo dicho, tienen serios problemas.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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