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México

Mañana vence plazo para dictar auto de formal prisión o de libertad a Padrés

El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien enfrenta dos órdenes de aprehensión, una por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otra por delincuencia organizada y también por operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue trasladado al Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, para rendir declaración.
Tras terminar la audiencia, el exmandatario sonorense regresará al Reclusorio Oriente, donde permanecerá hasta mañana miércoles a las 15:36 horas, plazo máximo para para determinar si le dicta la formal prisión o la libertad por falta de elementos.
El fallo judicial correrá a cargo de Víctor Octavio Luna Escobedo, Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, quien ha pedido vía exhorto a su homólogo adscrito en el Reclusorio Sur, llevar a cabo las diligencias para recabar las pruebas que ha ofrecido Padrés Elías.
A través de internet está circulando una fotografía del ex gobernador de Sonora caminando por los pasillos internos del Reclusorio. En la imagen se ve al ex mandatario vestido con ropa color beige y escoltado por custodios.
El pasado 10 de noviembre, Padrés se entregó tras reaparecer en público al ofrecer una entrevista radiofónica en la que denunció que sufre una “persecución política”. Luego acudió de manera voluntaria al Juzgado, acompañado de su abogado, el exprocurador General de la República, Antonio Lozano Gracia. En el mismo lugar, la Procuraduría General de la República (PGR) también detuvo a Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex mandatario de Sonora por los mismos delitos.
El viernes pasado, el inculpado se reservó su derecho a declarar y pidió duplicar a 144 horas el término legal para que le definan su situación jurídica, pues el propósito de su defensa es que durante este plazo presentarían su declaración por escrito y ofrecería algunas pruebas de descargo. Contra el exgobernador de Sonora se ejecutaron dos órdenes de aprehensión, una por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, y otra por delincuencia organizada y también por operaciones con recursos de procedencia ilícita. 8.8 millones de dólares, equivalente a 134 millones de pesos al tipo de cambio vigente en aquel entonces.
El exgobernador presuntamente realizó transferencias del extranjero hacia México y viceversa para ocultar el origen del dinero y dispersó los recursos a empresas controladas por sus familiares, quienes facturaban “operaciones simuladas”.
Zeta

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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