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Manifestantes se enfrentan a la Policía frente al parlamento de Atenas

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Manifestantes antiausteridad arrojaron bombas molotov contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos, el miércoles por la noche en la plaza Syntagma de Atenas, a pocos metros del Parlamento donde se debate el acuerdo con los acreedores de Grecia.

Tras una manifestación de unas 12,000 personas opuestas al acuerdo, varias docenas de jóvenes con cascos y enmascarados se enfrentaron con la policía arrojando proyectiles y cocteles molotov, a lo que las fuerzas del orden respondieron con gases lacrimógenos, constaron periodistas de la AFP.

“No a las privatizaciones, salvemos a los puertos, la DEI (compañía nacional de electricidad), los hospitales”, pedían los manifestantes en una banderola. El sindicato de empleados públicos exigía en una pancarta que se “borre la deuda”.

Los manifestantes provocaron daños en cajeros automáticos y escaparates e incendiaron dos vehículos, uno en Syntagma y otro, una unidad móvil de televisión, aparcado frente a los jardines nacionales, situados junto a la plaza.

Debido a los enfrentamientos fueron cortadas todas las calles adyacentes a la plaza del Parlamento.

La policía señaló que, durante la tarde, se produjo la detención de cuatro personas en la plaza Kumunduru, donde se encuentra la sede del partido gobernante Syriza, porque pretendían colgar unas pancartas en el edificio de la formación.

También hubo hoy una manifestación de PAME, el sindicato ligado al partido comunista griego KKE, que congregó a cerca de 10,000 personas, de acuerdo con la policía, en la plaza de Omonia, muy cerca de Syntagma, y que se desarrolló sin incidentes.

El gobierno de Alexis Tsipras, que espera obtener en unas semanas un tercer plan de ayuda de al menos 80,000 millones de euros, presentó el martes por la noche el proyecto de ley que debería ser votado, según los términos del acuerdo firmado el lunes por la mañana en Bruselas.

La Tribuna, de Honduras.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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