El Senador Javier Corral calificó como “maniobra embustera” la pretensión de retrasar el apagón analógico, que propusieron en el pleno de la Cámara Alta los Senadores Javier Lozano y Zoé Robledo, con el pretexto de que una gran parte de la población quedaría marginada de las transmisiones de televisión abierta, por no contar con algún dispositivo que les permita recibir las señales de televisión digital, con motivo del aparente retraso del gobierno federal en el reparto de pantallas.

Durante la mesa-panel: “El apagón analógico: lo que está juego”, el legislador recurrió a las cifras que el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) expone en su página, en donde se señala que la cobertura de la televisión analógica llega al 94.9% de la población, mientras que el 83.6% recibe por lo menos una señal digital, y el 76.4% hasta 4 señales de este tipo. Por lo que, “no estamos tan lejos de la cobertura de 90% de hogares que dispuso la reforma constitucional, lo que pasa es que hay un cuento, una operación embustera”, expresó.

Al encuentro, convocado también por los senadores Angélica de la Peña, Layda Sansores, Manuel Bartlett, Martha Tagle y Dolores Padierna, expertos y legisladores concluyeron que sería un grave error modificar el texto Constitucional para retrasar el apagón analógico al 31 de diciembre de 2016 o al 30 de junio del mismo año, debido a las diversas afectaciones al país en materia económica y social.

Para Jorge Bravo, Director Editorial de Mediatelecom, retrasar el apagón analógico, beneficiaría a las cadenas televisivas, particularmente a Televisa, toda vez que se ha demostrado que a mayor acceso a la banda menor rating para la televisión abierta.

Bravo mencionó que México es uno de los países con menor penetración de banda ancha en América Latina, y en el rubro de telefonía móvil sólo está por delante de República Dominicana; Haití, el país más pobre de la región; y Cuba, que no tiene red, por lo que “debe acelerarse el apagón analógico para evitar que México pierda los beneficios de la economía digital”.

Por su parte Aleida Calleja, académica y activista del derecho a la información, señaló que retrasar el apagón analógico implicaría retrasar dos años los niveles de conectividad de la Red Compartida y marginaría de la inclusión digital a más del 50% de la población al no poder hacer uso de la banda de los 700Mhz.

Además, agregó que los legisladores deben de tomar en cuenta las repercusiones que tendría modificar el texto constitucional, debido que ningún inversionista serio podría confiar en un país que cambia la Constitución, de acuerdo al plan de negocios de una empresa.

En su turno el ex presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, explicó que postergar el apagón sólo brinda la posibilidad a las televisoras de seguir acaparando espectro, pues desde hace once años utilizan los llamados “canales espejos”, los cuales serán devueltos una vez concluida la transición del sistema analógico al digital.

De acuerdo al experto en telecomunicaciones, se tiene una ineficiencia espectral, al desperdiciarse 306MHz, de los 406MHz que se utilizan actualmente para la prestación de televisión analógica, entre otros servicios, cuando la operación de toda la telefonía móvil ocupa 250Mhz  “de ese nivel es el tamaño del desperdicio”.

Por su parte, Adolfo Cuevas, Comisionado del IFT, confirmó el riesgo de retrasar el apagón, pues esta prórroga no asegura el cumplimiento de los diversos objetivos de la transición digital establecida en reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

Por el ello, Cuevas hizo un llamado a los legisladores para sopesar entre la legitima preocupación por las familias que podrían quedar excluidas del acceso a las señales de televisión, y las consecuencias de atrasar el apagón analógico.