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Marco Antonio trató de escapar del hospital; ONG acusan revictimización del menor

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El menor Marco Antonio Sánchez Flores, que en enero pasado fue detenido por policías de la Ciudad de México y estuvo desaparecido durante cinco días, en un caso en el que diferentes organizaciones acusaron detención arbitraria y otras violaciones a protocolos, trató de escapar este jueves del hospital psiquiátrico en el que ha estado internado, desde que se determinó que era necesario analizar su condición neurológica.

Familiares del estudiante de preparatoria, y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, confirmaron a Animal Político el intento de escape del Instituto Nacional de Neurología.

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Mencionaron que el menor fue encontrado por elementos de seguridad afuera del hospital, y que logró salir a pesar de que hay asignados policías federales para su custodia, y de que solo enfermeras pueden abrir la puerta del área en que ha estado internado.

A Marco Antonio, de 17 años, le fue detectado un delirium mixto secundario. El joven ha permanecido en hospitalización, después de que, tras cinco días de estar desaparecido, fue ubicado en el Estado de México, el 28 de enero. De acuerdo con las autoridades, no ha estado en condiciones de rendir declaración sobre lo que pasó al ser detenido por policías cerca del Metrobús El Rosario, y en el lapso en que deambuló hasta llegar a territorio mexiquense.

Las organizaciones que han apoyado a la familia de Marco Antonio, respecto al intento de escape del hospital, acusaron que de nueva cuenta fue puesta en riesgo la integridad y salud del menor, que está bajo responsabilidad del sistema de Salud y el Estado mexicano.

“¿Cómo fue posible que frente a las medidas de seguridad hospitalaria y el resguardo de la policía federal llegara a estar sin supervisión y posibilidades de salir por su propio pie del Instituto?”, cuestionaron la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y el Instituto de Justicia Procesal Penal.

Lee: Cámaras muestran que Marco Antonio no fue liberado por policías, acusa familia del joven desaparecido

Marco Antonio, acusaron, sigue siendo revictimizado y sufriendo violaciones a sus derechos humanos con la difusión de trascendidos sobre su caso, y en cambio sus familiares no reciben información oficial oportuna, sobre las investigaciones del caso.

“Las filtraciones a los medios se mantienen, lo que hace suponer que forma parte de una campaña para dañar su imagen y desvirtuar la gravedad del caso”, señalaron.

“(Marco) requiere ser tratado de acuerdo con los más altos estándares nacionales e internacionales relativos al interés superior de la niñez”, agregaron, además de apuntar que el joven ha registrado una mejoría en su salud, aunque aún requiere cuidados médicos especializados.

Los encargados de su situación en el hospital, indicaron, deben dar una explicación exhaustiva de los hechos, e informar sobre la forma en que garantizarán su seguridad.

“Es urgente que la PGJCDMX rinda cuenta detalladamente sobre los avances de la investigación a su cargo por las graves violaciones de derechos humanos de las que fue víctima a manos de los oficiales de policías de la Ciudad”, mencionaron las organizaciones.

Por el caso de Marco Antonio, hace un mes se informó que cuatro policías de la Ciudad de México fueron imputados, por su presunta responsabilidad en negligencia o violaciones de protocolos, para preservar los derechos humanos del menor, luego de detenerlo.

Animal Político

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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