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México

Marco Antonio trató de escapar del hospital; ONG acusan revictimización del menor

El menor Marco Antonio Sánchez Flores, que en enero pasado fue detenido por policías de la Ciudad de México y estuvo desaparecido durante cinco días, en un caso en el que diferentes organizaciones acusaron detención arbitraria y otras violaciones a protocolos, trató de escapar este jueves del hospital psiquiátrico en el que ha estado internado, desde que se determinó que era necesario analizar su condición neurológica.

Familiares del estudiante de preparatoria, y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, confirmaron a Animal Político el intento de escape del Instituto Nacional de Neurología.

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Mencionaron que el menor fue encontrado por elementos de seguridad afuera del hospital, y que logró salir a pesar de que hay asignados policías federales para su custodia, y de que solo enfermeras pueden abrir la puerta del área en que ha estado internado.

A Marco Antonio, de 17 años, le fue detectado un delirium mixto secundario. El joven ha permanecido en hospitalización, después de que, tras cinco días de estar desaparecido, fue ubicado en el Estado de México, el 28 de enero. De acuerdo con las autoridades, no ha estado en condiciones de rendir declaración sobre lo que pasó al ser detenido por policías cerca del Metrobús El Rosario, y en el lapso en que deambuló hasta llegar a territorio mexiquense.

Las organizaciones que han apoyado a la familia de Marco Antonio, respecto al intento de escape del hospital, acusaron que de nueva cuenta fue puesta en riesgo la integridad y salud del menor, que está bajo responsabilidad del sistema de Salud y el Estado mexicano.

“¿Cómo fue posible que frente a las medidas de seguridad hospitalaria y el resguardo de la policía federal llegara a estar sin supervisión y posibilidades de salir por su propio pie del Instituto?”, cuestionaron la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y el Instituto de Justicia Procesal Penal.

Lee: Cámaras muestran que Marco Antonio no fue liberado por policías, acusa familia del joven desaparecido

Marco Antonio, acusaron, sigue siendo revictimizado y sufriendo violaciones a sus derechos humanos con la difusión de trascendidos sobre su caso, y en cambio sus familiares no reciben información oficial oportuna, sobre las investigaciones del caso.

“Las filtraciones a los medios se mantienen, lo que hace suponer que forma parte de una campaña para dañar su imagen y desvirtuar la gravedad del caso”, señalaron.

“(Marco) requiere ser tratado de acuerdo con los más altos estándares nacionales e internacionales relativos al interés superior de la niñez”, agregaron, además de apuntar que el joven ha registrado una mejoría en su salud, aunque aún requiere cuidados médicos especializados.

Los encargados de su situación en el hospital, indicaron, deben dar una explicación exhaustiva de los hechos, e informar sobre la forma en que garantizarán su seguridad.

“Es urgente que la PGJCDMX rinda cuenta detalladamente sobre los avances de la investigación a su cargo por las graves violaciones de derechos humanos de las que fue víctima a manos de los oficiales de policías de la Ciudad”, mencionaron las organizaciones.

Por el caso de Marco Antonio, hace un mes se informó que cuatro policías de la Ciudad de México fueron imputados, por su presunta responsabilidad en negligencia o violaciones de protocolos, para preservar los derechos humanos del menor, luego de detenerlo.

Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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