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Marihuana de uso lúdico pagará impuestos: Hacienda

El Gobierno de México contempla aplicar un impuesto especial a la marihuana de aprobarse su uso lúdico en las dos cámaras del Legislativo, informó este viernes el ministro de Hacienda, Arturo Herrera.

El jueves, el Senado aprobó la nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis que legaliza el cultivo, la producción, el consumo, la distribución, la industrialización y la venta de la marihuana bajo control federal. Esta ley ahora debe pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que finalice la actual legislatura el 15 de diciembre.

“Si se aprueba, se va a tener que gravar y se va a tener que gravar con el IEPS ( Impuesto Especial Sobre Producción de Servicios)”, dijo Herrera durante su participación en el seminario “El pacto fiscal”, organizado por el Colegio de México.

Explicó que este impuesto se aplicaría ya que es un producto de consumo que trae consecuencias a la salud “son impuestos a los bienes que producen males ya sea de manera directa o de manera secundaria”, manifestó.

Dijo que el IEPS es un gravamen que se aplica en México y otros países como a la gasolina por su grado de contaminación, al alcohol y azúcares por el daño a la salud de las personas.

El Congreso ya había aprobado la marihuana medicinal en 2017, aunque el reglamento sanitario sigue pendiente.

La propuesta que realizó el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sugiere crear el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, además de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal que prohibían el consumo lúdico.

Dicha entidad emitirá cinco tipos de licencias para controlar algunos de los actos relacionados con el cultivo, transformación, investigación y exportación o importación de marihuana.

En México, el Senado aprobó en lo general y lo particular la regulación del consumo personal lúdico de la marihuana en todo el país. Sin embargo, la discusión generó polémica, debido a lo que permite, las modificaciones que surgieron en este tema y los delitos que se mantienen al respecto.

Con la aprobación del dictamen —enviado a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo— se expide la Ley General para la Regulación del Cannabis, se creará el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, además de que se modificarán, reformarán y adicionarán varios artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

Tras esta decisión se amplió de seis hasta ocho plantas de cannabis psicoactivo por persona, las cuales deberán permanecer en la vivienda o casa habitación de quien la consume para su uso personal.

Se eliminó la exigencia a los consumidores de tener barreras físicas con las cuales se evite que otras personas no consumidoras aspiren el humo, además de la facultad que tenía el Ministerio Público para hacer revisiones domiciliarias a consumidores registrados.

Las personas podrán llevar hasta 27 gramos. A partir de 28 gramos y hasta los 200, la nueva legislación contempla sanciones económicas. Será por encima de los 200 gramos que las sanciones representen la cárcel.

Las sanciones administrativas pueden ir desde los 5,200 pesos mexicanos (unos 255 USD) hasta los casi 261,000 pesos (unos 13,000 USD), así como la clausura de asociaciones donde se permitirá el consumo de marihuana.

Se permitirá fumar marihuana en espacios públicos, áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, en universidades e instituciones de educación superior siempre y cuando sean zonas exclusivas, las cuales deberán estar al aire libre.

En casa podrá consumirse libremente siempre y cuando no haya menores de edad. Por otra parte, se podrán crear clubes de consumo recreativo de cannabis, con un mínimo de 20 y un máximo de 50 socios, todos ellos mayores de 21 años. Incluso será posible crear cooperativas de producción de la planta para sus socios (máximo 150).

La venta se dará únicamente en establecimientos específicos y podrá comercializarse marihuana, sus derivados y accesorios, mientras que los medicamentos con este compuesto se limitará a las farmacias.

Por otra parte, lo que no está permitido es fumar frente a menores de edad, hacerlo en escuelas privadas y públicas de educación básica y media superior, tampoco en espacios 100% libres de tabaco. La venta de cigarros sueltos de marihuana también estará prohibida, así como conducir vehículos o maquinarias peligrosas bajo los efectos del cannabis.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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