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México

Más allá de la playa y el sol… los «pueblos mágicos»

México  • Medio centenar de destinos del interior de México han sido declarados «pueblos mágicos» por el Gobierno federal en un afán por enriquecer la oferta turística nacional y ofrecer alternativas diferentes a las tradicionales de sol y playa.

Diez años después de que Real de Catorce, en San Luis Potosí, y Huasca de Ocampo, en Hidalgo, se convirtieran en los primeros en recibir esa distinción estos destinos recibieron el año pasado 2.3 millones de turistas, un 6.2 % más que en el año anterior, dijeron a Efe fuentes de la Secretaría de Turismo (Sectur).

En entrevista el coordinador de Actividades Coloniales de la dependencia, Heriberto Hermosillo, explicó que el programa mexicano de Pueblos Mágicos comenzó en 2001, y ha ido sumando adhesiones hasta contar ya con 50.

«Buscábamos crear un producto que nos permitiera fortalecer los destinos turísticos del país, aportar una nueva oferta complementaria al turismo de sol y playa orientada al turismo cultural», detalló Hermosillo.

Por definición un «pueblo mágico» es un lugar que refleja «la cultura de México» por determinados atributos, sean estos de arquitectura, tradiciones, costumbres, asociados con la música, la gastronomía, los festejos o la artesanía.

El motor del programa es simple: hay que buscar un atractivo singular en alguna localidad delinterior de México e identificar en ella «un área-núcleo» a desarrollar, que consistía en «un icono que le diera magia» al lugar.

Entonces las autoridades federales, estatales y municipales comenzaban a trabajar en el proyecto con el propósito de construir un nuevo destino bajo ciertas reglas y siempre, con el apoyo y la participación de la comunidad.

El funcionario señala que las inversiones que se generan en estos pueblos mexicanos «no buscan darle mantenimiento a las localidades sino revitalizarlas y ponerlas en valor para que el turista pueda tener una experiencia más agradable» al llegar a ellos.

«En lo que va de 2007 a 2011 hemos nosotros invertido cerca de 784 millones de pesos (61 millones de dólares) y nos ha detonado con la participación de los estados y municipios a cerca de 1.792 millones de pesos (140 millones de dólares)», señala.

Hoy entre estos pueblos hay destinos como Izamal (Yucatán), con un impresionante convento franciscano, Taxco (Guerrero), un pueblo minero, Cuetzalan (Puebla), una población cafetalera rodeada de hermosa naturaleza, Creel (Chihuahua), ubicado en una zona serrana donde habitan los indígenas tarahumaras, y Jalpan de la Sierra (San Luis Potosí), que se localiza en una antigua ruta de misiones.

La lista no ha dejado de crecer. El mes pasado se sumaron a la lista dos más: Sombrerete, en Zacatecas, y la comunidad de Mineral del Pozo, en el estado de Guanajuato, en el centro del país.

El alcalde de esta última población, Javier Becerra, considera que el turismo puede ser hoy una de las mejores alternativas para una comunidad fundada por jesuitas en el siglo XV.

En su día llegó a tener 60.000 habitantes pero decayó a menos de un millar por el cierre de sus trescientas minas y la emigración de su gente, empobrecida con el pasado del tiempo.

Ubicado a cuarenta kilómetros de San Miguel Allende, un destino consolidado, cuenta con casi 3.000 habitantes y seis hoteles. De tener como base la agricultura y la ganadería, ahora trata de potenciar sus atractivos «y explotar el turismo familiar, cultural, de aventura, y el religioso».

En poco tiempo se le quiere vincular con otros destinos atractivos como Misión de Chichimecas, un pueblo indígena, o la presa de Paso de Vaqueros, y, más adelante, integrarlo en un corredor turístico de Guanajuato, Dolores Hidalgo y San Miguel Allende.

Fundamental será «integrar a los pobladores», que la gente «no se quede mirando que alguien hace negocio» sino que se sume a las distintas iniciativas en marcha sin hacer distinciones de tipo político entre unos y otros.

La idea de «Pueblos Mágicos» es llegar a 52 localidades, evaluar los resultados de un programa que no hace sombra a destinos turísticos consagrados como Cancún, Acapulco o Los Cabos, sino que ofrece algo «diferente y complementario».

«Estamos seguros de que la riqueza de nuestro patrimonio, tangible, intangible, cultural, es un tema que estamos orgullosos de poder ofrecer tanto al turista nacional como al internacional», concluye Hermosillo.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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