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Más de 50 mil policías cuidan París para la inauguración de los Juegos Olímpicos

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Más de 50.000 policías, gendarmes y militares constituyen esta tarde el mayor dispositivo de fuerzas del orden que se ha desplegado en París, con ocasión de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos que ha trastocado totalmente el transporte y el funcionamiento habitual de la ciudad.

«Es sin duda el mayor dispositivo policial que alguien ha podido poner en marcha», ha destacado esta tarde el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, en declaraciones a la prensa mientras hacía una visita a los agentes desplegados sobre el terreno acompañado del prefecto de policía de París, Laurent Núñez.

Darmanin ha recordado que se espera que «casi 400.000 personas» presencien la ceremonia en el tramo de seis kilómetros del río Sena por el que bajarán los barcos con los deportistas participantes en los Juegos, y que se encuentra en un espacio acordonado.

Allí también van a estar, en una tribuna en el Trocadero, cerca de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno que han sido recibidos en el Palacio del Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron, que hace de maestro de ceremonias.

El titular de Interior ha asegurado que se han encontrado soluciones para los deportistas o árbitros que debían llegar a París en tren y que se han visto afectados por los sabotajes coordinados que ha sufrido esta pasada madrugada la red de alta velocidad francesa, y que ha perturbado tres de sus cuatro grandes corredores.

La Fiscalía de París dirige las investigaciones sobre esos sabotajes y la coordinación se ha encargado a la Subdirección Antiterrorista de la Policía (SDAT).

Darmanin ha subrayado que esos ataques están afectando más a los que se iban de vacaciones que a quienes iban a asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos.

El ministro, que no ha querido especular sobre la autoría de esos actos, ha señalado: «Estamos evidentemente concentrados para ver si podemos detener rápidamente a esos autores».

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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