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Más de 830,000 trabajadores que estaban en outsourcing recibirán utilidades por primera vez

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Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que alrededor de 830,000 trabajadores han salido del esquema del outsourcing a dos meses y medio de la entrada en vigor de la reforma a la ley de subcontratación implementada por el gobierno de México.

Al participar en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular del Trabajo aseguró que el esquema de subcontratación se había venido utilizando para evadir una responsabilidades empresariales como el reparto de utilidades a los trabajadores, pero tras la entrada en vigor de la ley que regula este esquema, se ha regularizado a miles de trabajadores.

“A dos meses y medio de la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación 830,000 trabajadores han salido del esquema de subcontratación y han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales lo que implica que tendrán por primera vez acceso a este derecho, al reparto de utilidades”, señaló.

Dijo que de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la par de este número de trabajadores ya reconocidos por sus empleadores, también se ha incrementado el salario de cotización en casi 11%.

Foto: REUTERS/José Luis González/ArchivoFoto: REUTERS/José Luis González/Archivo

Resaltó que debido a que aún se está en el periodo de implementación de la Ley, la cifra de los trabajadores registrados, probablemente aumentará.

“Recordar que todavía estamos en el periodo de implementación; falta aproximadamente mes y medio todavía de los plazos transitorios por lo que muy probablemente esta cifra de 830,000 se vaya incrementado”, destacó.

La secretaria del Trabajo recordó que el reparto de utilidades es un derecho reconocido en la Constitución, la cual señala que una comisión tripartita (conformada por representantes del gobierno, trabajadores y empresarios) como la encargada de definir el porcentaje de las utilidades que deben ser repartidas entre los empleados.

Señaló que en 2019, esta comisión fijó dicho porcentaje en 10% al tiempo que destacó que con la reforma en materia de subcontratación se establecieron reglas que permitieran establecer este derecho “prácticamente extinto” por lo que se establecieron dos modalidades para el reparto de utilidades: hasta 90 días o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más benéfico para el trabajador.

“Con estas modalidades, la proyección actual es que se están repartiendo 56,000 millones de pesos, que más o menos equivale al 2.8% de las utilidades totales. Con el paquete reforma y la incorporación de nuevos trabajadores se estima, se pagarán para mayo del próximo año, 157,000 millones de pesos que equivale aproximadamente al 7.7%”, destacó.

Luisa Maria Alcalde (Foto: Cuartoscuro/Archivo)Luisa Maria Alcalde (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

“Es decir, lo que se establece aquí que es el límite de los 90 días o el promedio último de los tres años, es el mínimo al que tienen derecho los trabajadores y por supuesto, con la herramienta de la negociación colectiva que tiene que ir atendiendo excepcionalidades y casos concretos de las diferentes industrias”, dijo.

Luisa María Alcalde señaló que la próxima semana, la Secretaría del Trabajo emitirá lineamientos que permitan aclarar a las empresas el pago del reparto de utilidades “para que no haya malas interpretaciones como establecer, por ejemplo, que la antigüedad de un trabajador juega un papel para definir si es 90 días o es el promedio de los últimos tres meses”.

“No es el caso, todos los trabajadores dependen de lo que sea más favorable. Si el monto es mayor del promedio de los últimos tres años, eso es lo que debe pagarse, si el monto es mayor hasta 90 días, eso es lo que debe pagarse”, enfatizó.

Sobre el caso de los mineros de Cananea, la titular del Trabajo aseguró que ya se estableció contacto con ambas partes para buscar un acuerdo para el pago de utilidades.

México

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal y seguirá recluido en el Altiplano

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La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y a siete personas más por su probable participación en delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos mediante ferrocarril. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó datos que la juzgadora consideró suficientes para avanzar con el proceso; lo que todavía no está determinado es su culpabilidad ni una posible sentencia.

La resolución fue emitida después de una audiencia que se prolongó por más de 30 horas en instalaciones del Poder Judicial de la Federación anexas al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La diligencia fue encabezada por Ramírez de la Vega, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de esa localidad.

¿Qué significa que Ernesto Ruffo fue vinculado a proceso?

La vinculación a proceso significa que la jueza encontró datos que permiten considerar, en esta etapa inicial, que pudo haberse cometido un delito y que existe una probabilidad de participación de las personas imputadas.

El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para dictar esta resolución debe haberse formulado la imputación, otorgado al acusado la posibilidad de declarar y presentado datos sobre un hecho señalado como delito. También se requiere que no exista una causa que extinga la acción penal o excluya el delito.

La decisión no determina que Ruffo o los demás acusados sean responsables. Los datos utilizados para vincularlos tampoco pueden convertirse automáticamente en las pruebas de una sentencia. Durante la investigación complementaria, la Fiscalía deberá fortalecer su acusación, mientras las defensas podrán presentar documentos, peritajes y testimonios para controvertirla.

¿Cómo habría operado la red de huachicol ferroviario?

La FEMDO sostiene que Ruffo y sus coacusados habrían diseñado un esquema de simulaciones mediante 11 empresas. El objetivo habría sido introducir ilegalmente a México 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel transportados en 163 carrotanques ferroviarios.

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