Opinión

Más que una calificación. Por Itali Heide

Los niños y las niñas no son máquinas. Parece una obviedad, pero demasiadas veces se les trata como tales. La escuela es uno de los mayores culpables de esto, ya que muchas se centran en crear robots para continuar con el insostenible idealismo capitalista que persigue la existencia humana, en lugar de proporcionar espacios seguros para que los niños muestren y sigan su curiosidad natural, construyan relaciones y aprendan a su ritmo.

No lo niego: la educación es algo increíble, y puede significar un mundo de diferencia que un niño tenga acceso a una educación de calidad que mejore su vida. Sin embargo, en muchos casos, la escuela puede ser una pesadilla emocional para quienes no caben en las cajitas creadas por la sociedad, donde las calificaciones muestran su inteligencia, la creatividad queda en segundo plano (o en ninguno), y los niños son orientados a sufrir con tal de educarse. ¿Quién dijo que se debe sufrir para aprender?

Hablando por mí, tengo una madre a la que nunca le han importado las calificaciones, y qué suerte la mía, porque no fui hecha para los exámenes. Durante la primaria, secundaria y prepa, me encontraba reprobando clase tras clase por un sistema que se guiaba por la memorización y los exámenes. Fui de esas que no podía poner atención, leía su libro a escondidas debajo del pupitre y lloraba a la hora de tener que escribir respuestas a preguntas que no entendía. Los exámenes y las materias que no me interesaban mataron mis ganas de aprender, y no fue hasta la universidad que me di cuenta que jamás había sido tonta, solamente no cabía en ese sistema que medía mi inteligencia por el número de reactivos que contestaba bien.

La fijación extrema en los exámenes es un error del sistema educativo. ¿Cuántos niños inteligentes, curiosos y apasionados serán aplastados bajo su presión? No ha hecho más que promover una cultura de estudiantes que memorizan, aprueban, olvidan, y pasan al siguiente. Muchas personas argumentan que los exámenes permiten al sistema escolar y a los maestros controlar el progreso de los alumnos y el dominio de los temas, sin embargo, solamente se ha creado una costumbre donde los estudiantes ven a la educación como una serie de objetivos sucesivos que deben cumplirse para graduarse, en lugar de apreciar la increíble habilidad y oportunidad de aprender sobre temas nuevos mientras comparten y crean sus propias conclusiones.

La pasión por aprender ha quedado en el pasado, y es hora de rectificar. Qué diferencia haría tener maestros apasionados y abiertos a escuchar, materias variadas que ayudan a los niños a descubrir sus intereses y pasiones, fomentar los proyectos creativos y dar lugar a la curiosidad natural, sin forzarla. Existen escuelas que hacen esto, sí, pero debería de ser así en todas. En México, de por sí el acceso a la educación es pésima, y ni entraremos a los temas de financiación, mala gestión y un gobierno que gastará e invertirá en cualquier tontería autocomplaciente menos en el futuro del país.

No digo que deban prohibirse totalmente, pero a estas alturas de nuestro conocimiento, no podemos quedarnos quietos y fingir que no nos equivocamos al presionar a los niños para que pongan tanta energía en la memorización de hechos que no les ayudarán a descubrir quiénes son y a dónde quieren llegar. Los niños no son jarras que hay que llenar de datos innecesarios, no son esclavos de la realidad actual sino guardianes y creadores del cambio que la tierra pide a gritos. Son seres humanos con diferentes necesidades, intereses y una infinidad de pensamientos que nunca serán explorados si no se lo permitimos.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.