De los 36 crímenes, 23 aspiraban a alcaldías, siete a regidurías, uno a síndico, y el resto a diputaciones locales o federales.
A éstos, se suman los casos de aspirantes que sufrieron otro tipo de hechos violentos, como atentados, secuestros y amenazas, los cuales arreciaron durante los últimos días previos a la elección.
Apenas el sábado el candidato del partido Fuerza por México a la Alcaldía de Izúcar de Matamoros, en Puebla, Rubero Suárez Salgado, fue atacado a balazos cuando viajaba en la carretera a San Juan Epatlán.
De acuerdo con medios locales, el aspirante, su chofer y su asistente particular viajaban a bordo de una camioneta Nissan Xtrail con dirección a la comunidad de Las Bocas.
A la altura de la escuela José Vasconcelos fueron interceptados por dos sujetos que iban en una motocicleta y dispararon en contra del aspirante y sus dos acompañantes.
El chofer perdió el control de la unidad, salió de la carretera y cayó en un canal de riego a lado de terrenos de cultivo.
La camioneta presenta al menos cuatro impactos de bala en el lado izquierdo del parabrisas, cofre y salpicadera.
La noche del viernes, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cazones, Veracruz, René Tovar, fue asesinado en su domicilio.
Sujetos armados dispararon al menos en ocho ocasiones en contra del abanderado cuando éste iba llegando a su domicilio.
Algunas versiones apuntan a que los agresores intentaban privarlo de la libertad.
Tras el ataque, el aspirante fue trasladado por su equipo de trabajo a una clínica privada en Poza Rica, donde se confirmó su fallecimiento.
Ese mismo día, el domicilio del candidato de Morena a la presidencia municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, fue atacado a balazos.
“Hace unos minutos sufrí una agresión en mi domicilio. Fueron 20 disparos”, detalló Pérez en su cuenta oficial de Facebook y compartió fotografías sobre cómo quedó la fachada de su vivienda.
En las imágenes, se apreciaban tanto paredes como puertas con disparos de bala.
En mayo fueron asesinados Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato; Arturo Flores, candidato de Movimiento Ciudadano a regidor en la alcaldía de Landa de Matamoros, Querétaro, y Abel Murrieta Gutiérrez, candidato del mismo partido a la alcaldía de Cajeme, Sonora.
En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.
De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.
Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.
Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.
Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.
Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.
Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.
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