El político se encontraba comiendo con el dueño de un restaurante de pozole cuando fue asesinado a balazos.
Acapulco.- Ricardo Taja, excandidato a la alcaldía de Acapulco por el PRI y ahora aspirante a diputación federal por Morena, fue asesinado a balazos este jueves en un restaurante de dicha ciudad y recientemente azotada por el devastador huracán Otis.
El homicidio ocurrió a las 19:00 horas cuando el excandidato y aspirante a diputado federal se encontraba comiendo con el dueño del restaurante, así como con un escolta, quienes resultaron ilesos tras el ataque, informaron medios locales.
Incluso autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron que el escolta había quedado detenido en calidad de testigo y rinde actualmente su primera declaración después del homicidio.
En el restaurante, ubicado en la lujosa zona Diamante, a más de tres kilómetros del aeropuerto Internacional de Acapulco, se realizaba el tradicional pozole de Acapulco, además de diferentes presentaciones de imitadores de cantantes icónicos del país latinoamericano, cuando el político fue atacado a balazos.
El excandidato quedó tirado en el piso boca abajo, cerca de la mesa donde comía; las investigaciones señalan que tenía por lo menos un disparo de arma de fuego en la cabeza, indicó la fiscalía estatal.
Lugar donde fue asesinado. Créditos: Redes sociales
La escena del crimen fue acordonada por autoridades de seguridad federal y estatal, mientras que los peritos de la FGE realizaron las investigaciones correspondientes, trasladando el cuerpo al servicio médico forense.
La FGE a través de un comunicado confirmó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.
Autoridades en el lugar de los hechos. Créditos: Redes sociales
Taja Ramírez fue candidato a la alcaldía por la alianza entre los partidos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido de Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), opositores del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que ahora es militante.
Actualmente, en Acapulco gobierna Abelina López Rodríguez, de Morena, al igual que en el estado, cuya gobernadora es Evelyn Salgado -también de Morena-, hija del polémico Félix Salgado, acusado por varias mujeres de acoso y abuso sexual. EFE
Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.
De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.
El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.
Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.
El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.
Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.
La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.