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Política

‘Mátenme, no me encarcelen’: Duterte en La Haya

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) que lo investiga por crímenes contra la humanidad, y sostuvo que prefiere enfrentar un pelotón de fusilamiento antes que ser encarcelado.

Sin embargo, Duterte conocido por desafiar las presiones internacionales, cuestionó si la CPI tiene jurisdicción para procesarlo por la muerte de miles de filipinos en su guerra contra las drogas. Negó incluso haber dado una orden a la policía para matar a sospechosos de tráfico.

El fiscal de la CPI Fatou Bensouda dijo este jueves que un examen preliminar de la campaña de Duterte busca establecer si existe jurisdicción y si se cometieron crímenes contra la humanidad.

«Pediría el raro privilegio de hablar con usted. Sólo nosotros dos en el cuarto», dijo Duterte durante una rueda de prensa aludiendo a Bensouda.

«Háganlo. Si quieren declararme culpable, sigan adelante. Que así sea. Encuentren un país donde maten gente con un pelotón de fusilamiento y estoy listo», declaró.

Unos 4 mil filipinos, principalmente habitantes pobres de la ciudad, han muerto a manos de la policía en una campaña promovida por Duterte que ha alarmado a la comunidad internacional.

Activistas consideran que la cifra de muertos es mucho más alta y acusan a la policía de encubrimientos sistemáticos y ejecuciones. La fuerza y el gobierno desestiman esas acusaciones.

El examen es el primer paso formal que un fiscal de la CPI da para considerar si una situación en un estado miembro podría eventualmente llevar a la formulación de acusaciones, en un proceso que puede tomar años. Es fundamental determinar si la corte tiene jurisdicción, ya que sólo puede realizar juicios cuando el propio estado miembro no lo ha hecho.

México

Peña Nieto niega haber recibido pagos por contratos de Pegasus: «Es totalmente falso»

El expresidente Enrique Peña Nieto respondió este fin de semana a las acusaciones publicadas por el medio israelí The Marker, que lo señalan como presunto beneficiario de pagos millonarios por contratos del sistema espía Pegasus durante su sexenio (2012-2018).

Según el reportaje, los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Ansbacher habrían transferido al menos 25 millones de dólares a Peña Nieto a cambio de facilitar contratos con el gobierno mexicano, incluyendo la adquisición del polémico software de espionaje Pegasus, desarrollado por NSO Group.

Desde su cuenta oficial en la red social X, Peña Nieto rechazó categóricamente los señalamientos:

“Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones.”

Aseguró que la acusación es una «insinuación carente de sustento alguno» y cuestionó el interés detrás de su publicación.

Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana ha emitido una postura oficial al respecto, ni se han reportado procesos legales en curso derivados de este nuevo señalamiento.

Pegasus en México: un escándalo persistente

Durante el mandato de Peña Nieto, México fue señalado como uno de los principales usuarios de Pegasus, herramienta que permite intervenir teléfonos móviles sin que la víctima lo sepa. Diversas investigaciones documentaron que periodistas, activistas y opositores políticos fueron objetivos de este espionaje, lo que generó una fuerte condena nacional e internacional.

La denuncia reciente revive el debate sobre el uso indebido del poder y recursos públicos durante gobiernos anteriores, así como la necesidad de esclarecer responsabilidades en torno al uso de tecnologías de vigilancia contra ciudadanos.

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