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México

Me van a matar: exsecretario de Javier Duarte en audiencia

Por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal al adjudicar directamente un contrato irregular en la construcción de la Torre Pediátrica, se le dictó medida cautelar de prisión preventiva de un año al ex Secretario de Salud y director de servicios de salud del estado, Juan Antonio Nemi Dib.

Después de una audiencia de más de seis horas, la juez de control del Penal de Pacho Viejo Alma Aleida Sosa le notificó al ex funcionario las medidas cautelares y un silencio se hizo en la sala.

Antes de aceptar la notificación, Nemi tomó el micrófono para gritar a la juez “Me van a matar”, “He sido extorsionado, me han pedido dinero para venderme la libertad, me van a matar en la cárcel y todos ustedes van ser cómplices” , el funcionario tuvo que ser interrumpido por su hija para calmar el ambiente.

El ex funcionario también justificó por qué no acudió a la audiencia determinada en el amparo 785/2017 que estaba pactada para el 16 de noviembre, “No asistí porque un medio de comunicación dijo que seria detenido, y si no pagué la fianza de un millón de pesos, es porque no tengo el dinero”.

Cuando la jueza volvió a leer las medidas Juan Antonio Nemi las aceptó, y dijo “Feliz navidad a usted jueza y a sus hijos”.

En la causa penal 139/ 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE), acusó que cuando era secretario permitió la adjudicación directa de la obra de la Torre Pediátrica por 186.7 millones de pesos a la empresa Gran Marca Proyectos SA de CV, aun cuando había irregularidades y vicios en la construcción.

Según la FGE, Nemi sería autor intelectual de estos hechos y actúo con dolo al no evitar el contrato que causó un detrimento al gobierno de Veracruz por 110.9 millones de pesos que fue lo que se le pagó a la empresa por la segunda etapa de la obra que fue suspendida en 2015, y no concluida.

Acusaciones en mi contra son fabricadas: Nemi

Durante la audiencia, Juan Antonio Nemi Dib, quien fue secretario de salud del 23 de marzo del 2013 a 3 de octubre del 2014, pidió a la Juez de Control, no causarle más daño y analizar la medida cautelar.

Acusó a la FGE de convertirlo en un delincuente al filtrar la orden de aprehensión liberada en su contra “Las acusaciones en mi contra son falsas, fabricadas y obedecen a una intencionalidad política”.

Advirtió que se ha causado un daño irreparable a su persona y su familia, que ningún tribunal podrá compensar: “He estado 35 años en el servicio público y nunca he sido acusados de delitos patrimoniales, no tengo intención de huir, voy a demostrar mi inocencia “.

Aunque la defensa jurídica y el propio Nemi ofrecieron en prenda pasaporte, propiedades o tarjetas de crédito, la juez determinó la medida cautelar, pues hay precedente de que el ex funcionario no se presentó a la audiencia que se le marcó para el 16 de noviembre en el amparo 785/2017 ni pagó la fianza, además de que se detuvo en otro estado.

La defensa legal de Nemi Dib se apegó al plazo constitucional de 144 horas para aportar pruebas en su favor, por lo que será el próximo 29 de diciembre a las 13: 00 hrs, cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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