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México

«Mejora policial y prevención del delito son necesarias para Juárez», asegura directora de Ficosec

“Los problemas de seguridad en nuestro municipio tienen múltiples causas, múltiples expresiones y efectos y han generado cientos de miles de víctimas: tan solo en el 2020, se aperturaron 35 mil 300 carpetas de investigación por delitos en Ciudad Juárez, que representan solo el 12% del total de hechos delictivos reales que los habitantes del municipio sufrieron el año pasado. Hemos analizado la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y cuentan más de 211 mil víctimas”.

Lo anterior lo comentó la directora de Ficosec Zona Norte, Diana Chávarri, durante el Foro 5 “Seguridad Ciudadana”, para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 convocado por el presidente electo, Cruz Pérez Cuellar.

“Ocupamos un vergonzoso tercer lugar mundial en homicidio doloso; primer lugar nacional en violencia sexual infantil, primer lugar nacional en feminicidio y cuarto lugar nacional en atrocidades documentadas principalmente de tortura, fosas clandestinas, violencia contra migrantes, asesinato contra mujeres con crueldad extrema y masacres”, dijo.

Ciudad Juárez tiene una sociedad civil organizada envidiable para muchos otros municipios del país y una participación empresarial que no tiene comparación. No existe otro lugar en la región donde el empresariado le haya solicitado al gobierno que le cobre una contribución extraordinaria a los impuestos para invertirla en prevención, seguridad, justicia y competitividad, manifestó.

En Ficosec concentramos nuestros esfuerzos y recursos en la construcción de la seguridad ciudadana, enfocándonos en el trabajo coordinado con las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, de la mano con organizaciones de la sociedad civil, empresas, ciudadanos, sin cargo público, medios de comunicación, la cooperación internacional y la academia, para enfrentar y aportar soluciones a las violencias y a la delincuencia que tanto dolor y pérdidas causan en nuestra ciudad.

“No hay soluciones únicas, ni recetas mágicas; el problema de inseguridad es técnico, sus acciones deben fundamentarse en evidencias y debe estar al margen de lo político-electoral”, externó Chávarri.

Dijo que sostuvieron reuniones con el alcalde electo donde se dió la oportunidad de presentarle un diagnóstico sobre la situación de las violencias y 52 propuestas concretas agrupadas en siete temáticas: Mejora policial, transición digital, gobernanza participativa, órganos de control interno, justicia cívica y prevención.

“Ciudad Juárez no sólo necesita, sino merece una policía profesional, moderna, saludable, motivada, preparada, comprometida, bien pagada, reconocida, incorrupta y al servicio de la paz”, explicó.

Agregó que en Ciudad Juárez se tienen identificados los delitos de mayor impacto, siendo la violencia de género, violencia sexual, homicidio, lesiones dolosas, trata, y delitos contra la salud (que son los relacionados con portación, comercio, distribución de drogas) las de mayor incidencia.

La Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos USAID, ha calculado que una vida delictiva nos cuesta 27 millones de pesos si no se atienden los factores de riesgo desde la primera infancia.

Deberemos abordar los retos con inteligencia, estrategia y disciplina de forma coordinada. Nuestro objetivo es generar compromisos entre la ciudadanía, Ficosec y el Ayuntamiento, encabezado por Cruz Pérez Cuéllar, para construir y poner en marcha una agenda de prevención, seguridad y justicia para el municipio de Ciudad Juárez, poniendo a disposición de la ciudad todos nuestros recursos para ser exitosos. Cruz: cuenta con Ficosec para disminuir las violencias y generar un Juárez con más paz y acceso a la justicia, dijo para finalizar.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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