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Opinión

Menonitas: En prueba de fuego por COVID-19

Itali Heide

Los menonitas son conocidos por ser trabajadores, dedicados e ingeniosos en todos los aspectos de su día a día. Se han convertido en una de las fuerzas impulsoras detrás de la vitalidad económica en la región chihuahuense, incluso protegiéndose de colapsos económicos mundiales a través del crédito centralizado y su sentido de comunidad.

Estas cualidades han sostenido admirablemente a la comunidad durante los casi 100 años que llevan habitando en México, funcionando como una guía moral a través de los obstáculos encontrados. Cuando llegó 2020, nadie pensó que se verían amenazados por una pandemia mundial, mucho menos que los afectaría fuertemente.

Ante un incremento alarmante de casos de COVID-19 y enfermos que coinciden con los síntomas de este virus en la región, funcionarios gubernamentales y profesionales médicos han expresado sus preocupaciones a la comunidad menonita. Aunque el virus está impactando a todo el estado, no podemos negar el hecho de que está llegando a niveles inquietantes dentro de los campos menonitas.

Cuando la noticia de un virus global comenzó a circular, las personas se mantuvieron en calma. Conforme se fueron implementando medidas de higiene estatales dentro del ámbito económico, social y cultural, se convirtió en un tema controversial.

¿Incredulidad o terquedad?

Como es costumbre en la era digital, las noticias falsas y el escepticismo eclipsaron la seriedad de las implicaciones que podría tener COVID-19 no solo en la comunidad, sino en Cd. Cuauhtémoc y sus alrededores.
Cuando el semáforo del Estado cambió de rojo a naranja, muchas personas hicieron caso omiso a las medidas preventivas, regresando a las actividades de manera normal.

Las ‘fake news’ en redes sociales alimentan el escepticismo.

Mientras que los primeros casos de COVID en la región comenzaban a registrarse, la actividad en el Corredor Comercial Manitoba siguió activa para poder apoyar a la economía local, dando trabajo a cientas de personas de las comunidades menonitas y de los municipios aledaños. Este movimiento dentro de los campos menonitas puso en riesgo a todos a estar expuestos de contraer el virus y llevarlo a sus hogares, negocios, iglesias, eventos sociales y familias.

La incertidumbre sobre el origen y la seriedad del virus llevó a la minimización y el escepticismo en algunos establecimientos en cuanto a las medidas de higiene indicadas por el Estado, tales como el uso de cubrebocas en empleados y clientes, y la suspensión de actividades no esenciales.

Debido a que gran parte de la actividad de Cd. Cuauhtémoc se lleva a cabo en el Corredor Comercial Manitoba, se dispararon los casos con síntomas que apuntan al COVID-19.

La disminución de las medidas de higiene propagó aún más el virus.

Un brote real

Ante la preocupación del incremento de hospitalizados y enfermos dentro de la comunidad, el Presidente Municipal Romeo Antonio Morales Esponda, junto con el personal de la Jurisdicción Sanitaria de Salud y Protección Civil acudieron al Campo 101 a realizar pruebas aleatorias de COVID-19. De las 30 personas que permitieron que se les hiciera la prueba, 6 resultaron positivas, todas asintomáticas.

Seis de las 30 pruebas fueron positivas. / Gobierno Municipal de Cuauhtémoc

Como integrante de la comunidad menonita en Cuauhtémoc, me preocupa y consterna la situación actual que estamos viviendo.
Ante ataques en los medios que buscan criticar y culpar a los menonitas por la propagación del virus en la región, es importante recordar que la región entera, sin importar la religión, cultura, afiliación política, o posición social, carga consigo la responsabilidad de este incremento. Desafortunadamente, las consecuencias de estos actos están pegando fuerte en la comunidad, dándonos una oportunidad de estar a la altura de las circunstancias.

Como comunidad, debemos tomar responsabilidad por nuestros actos individuales y colectivos que han puesto en riesgo las vidas de los que nos rodean.

La comunidad menonita se enorgullece de ser trabajadora, honesta, disciplinada, higiénica, empática y hacer del mundo un lugar mejor, día a día. Nunca ha habido un momento más importante para recordar y poner en práctica estos valores intrínsecos que forman parte de nuestra identidad.

Debemos confiar lo suficiente en nuestro valor como cultura para aceptar el papel que desempeñamos en la pandemia, y lo suficientemente fuertes para cambiar nuestro comportamiento de manera drástica y eficaz para la mejoría de la comunidad.

A partir de este momento, tenemos dos opciones: servir como un ejemplo de los valores que apreciamos y cambiar nuestro comportamiento, o quedarnos de brazos cruzados mientras que este peligroso virus afecta a los que queremos. Nuestra honra está puesta en prueba, y la comunidad cuenta con todo lo necesario para recuperar los méritos que nos han sostenido por años.

Se requerirá compromiso colectivo para fomentar la salud pública. / Gobierno Municipal de Cuauhtémoc

De la misma forma en la que los valores han apoyado la propagación del virus y un fuerte aumento en los casos, se utilizarán para hacer lo contrario también. Se necesita un fuerte sentido de comunidad, disciplina, ética de trabajo y empatía para mejorar la situación en la que se encuentra la comunidad menonita y sus alrededores.
A medida que crece la conciencia colectiva, se está fomentando un cambio en la conciencia acerca de las medidas que deben tomarse para evitar que la situación se intensifique.

Cuauhtémoc es la región de las tres culturas. Este momento importante en la historia, nos obliga a estar unidos contra el COVID-19.
Se nos ha enseñado una lección: el virus no respeta fronteras, culturas, religiones, o cualquier otra objeto de separación entre las personas.

Cada uno de nosotros nos enfrentamos a la misma fuerza invisible que ha infiltrado los rincones del mundo. La solución, aunque compleja, es simple en teoría: debemos unirnos y trabajar en conjunto para proteger nuestras comunidades.

‘Solos podemos hacer tan poco, juntos podemos hacer mucho más.’ – Hellen Keller

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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