Opinión

Mensajero de valores por Juan Ramón Camacho

Hace una semana, en el Museo Casa de Juárez, que me llevé una agradable sorpresa. Fue en la presentación de un libro sobre valores humanos y su importancia en la consolidación del desarrollo y la paz en nuestro país.

La sorpresa no fue provocada por el evento mismo, ya que eventos de ese tipo hay muchos en la ciudad de Chihuahua; tampoco la causó el tema sobre el cual se articula el contenido o propuesta del texto a presentar, que me parece un asunto abordado ya desde muchos ángulos en diferentes momentos y lugares.

La gratificante sorpresa que me llevé -lo mismo que otros más de los asistentes al evento, estoy seguro- obedeció a que el autor del libro que se presentaba es un ingeniero en Fruticultura, identificado como padre de familia que vive atento a la sociedad en que crecen sus hijos, quien viene a manifestarnos literariamente su profunda y sincera preocupación por la situación nacional que necesita una atención específica y especial.

Sí: el ingeniero dejó sus árboles en su rancho por un momento para dedicarse, con entusiasta entrega, a escribir un libro sobre desarrollo humano, inspirado por la realidad lamentable de nuestro país en los últimos años. Pero el entusiasmo no se agotó en la redacción del texto, sino que se ha filtrado hasta la voluntad de generar un movimiento de conciencia y participación colectiva que pretende influir en la educación de los mexicanos, movimiento que lleva por nombre «Mensajeros de Valores», al cual no pocos ciudadanos se han unido.

Estoy hablando del ingeniero José Luis Ortega Fierro, cuyo ánimo por hacer que recuperemos y promovamos lo mejor de nosotros no puede menos que despertar admiración. Él tiene fe en que podemos hacer las cosas de mejor manera, y su optimismo respecto al logro de una paz social es, sin duda, plausible.

El libro referido lleva por título «Poderosas vitaminas para el desarrollo y la paz en México», y representa el valioso fruto de una iniciativa honesta, motivada por el deseo de que las cosas cambien. Dicha obra es una empresa con la noble intención de contribuir al mejoramiento personal y social de los mexicanos. Si cada uno de nosotros participara en esa contribución, seguramente la misión se realizaría con satisfactorios y alentadores resultados.

Propone el autor que, a partir de la vida en el hogar, con el ejemplo de padres a hijos, procuremos el cumplimiento de un decálogo que nos lleve al desarrollo y la paz que tanto queremos y necesitamos en México. Dicho decálogo lo integran los siguientes elementos: orden, limpieza, puntualidad, responsabilidad, deseo de superación, honradez, respeto al derecho de otros, obediencia a la ley y los reglamentos, amor al trabajo y afán por el ahorro y la inversión.

El ingeniero Ortega propone que este decálogo sea promovido en las escuelas, con la participación comprometida de los maestros, para que estudiantes de todos los niveles experimenten su desarrollo interior y puedan, de esa forma, contribuir con lo mejor de sí, al desarrollo exterior o social.

Merece el ingeniero Ortega Fierro un reconocimiento por su preocupación y aportación. Su propuesta debe ser valorada y, en lo posible, impulsada por cada uno de nosotros en nuestro campo de acción. Debe dejarnos con buen ánimo el saber que en Chihuahua contamos con gente que por su sincero compromiso con los valores, nos hace ver que hay esperanza para una mejor convivencia.

Fuente: El Heraldo de Chihuahua.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.