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México, a la par que Italia y España en lavado de dinero

Pese a los esfuerzos del gobierno federal, México está catalogado como un país en riesgo o vulnerable ante el lavado de dinero pues los indicadores de este delito no han logrado reducirse en los últimos años, y por el contrario han aumentado al grado que nuestro país está clasificado en niveles similares a los de Italia o España, en cuanto a este ilícito.

De hecho se calcula que en México se lavan diez mil millones de dólares al año. Entre los delitos asociados con este ilícito están: tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo, entre otros, advierte la investigación “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes”, realizada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

En México se ha incrementado el lavado de dinero y las actividades “inusuales” en materia de uso de recursos, cuyo fenómeno ha aumentado hasta en un 50 por ciento con respecto al 2013, se advierte en el documento.
En 2014, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó a la PGR, 87 denuncias por presunto lavado de dinero, el número más elevado de toda su existencia, es decir, tres más que en 2013.

Además reportó que el año pasado se registraron cerca de 114 mil operaciones inusuales, cifra mayor en 38 mil 500 al cierre de 2013, cuando ocurrieron 75 mil 468 casos, es decir, un aumento del 50 por ciento en esta actividad.
La investigación del IBD encontró que en México existen algunas debilidades en las instituciones bancarias, sobre todo con la recepción de recursos de clientes con actividades ilícitas.

Además quedan pendientes por resolver con el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) la atención de las 40 recomendaciones en materia de lavado de dinero y de otras nueve especiales en materia de financiamiento de terrorismo.

Frente a este panorama, el Instituto Basilea (Basel Institute on Governance) que evalúa anualmente a diferentes países, en función del riesgo de lavado de dinero, clasifica a México en una posición intermedia, similar a la de Italia o España, establece la investigación.

El aumento en el número de denuncias, procesados y el monto de dinero incautado por lavado de dinero en México, ha provocado que el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) haya realizado diversas recomendaciones a México para combatir este delito.

De acuerdo a una evaluación realizada por el propio GAFI y por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2008, México cumple satisfactoriamente con 24 de 40 recomendaciones contra el lavado de dinero, lo que ubica al país por encima del promedio de los países miembros del GAFI, y mejor que las principales economías del mundo agrupadas en el G20. Sin embargo nuestro país está catalogado como un país en riesgo frente al lavado de dinero.

Fuente: La Crónica de Hoy

México

¡Golpe al campo mexicano! EU rompe acuerdo y castiga con arancel del 17% al tomate nacional

Ciudad de México — En una medida que sacude al agro nacional y amenaza con encarecer uno de los productos más consumidos por los hogares estadounidenses, el Departamento de Comercio de Estados Unidos rompió oficialmente el Acuerdo de Suspensión de 2019 sobre las exportaciones mexicanas de jitomate fresco, imponiendo una cuota compensatoria del 17.09% por presunto dumping.

La decisión, anunciada este lunes por las autoridades comerciales de Washington, se basa en la Sección XI.B del mismo acuerdo, la cual permite su cancelación con 90 días de aviso previo. Con esto, vuelve a aplicarse el arancel antidumping a uno de los productos insignia del campo mexicano.

“México sigue siendo uno de nuestros mayores aliados, pero durante demasiado tiempo nuestros agricultores han sido aplastados por prácticas comerciales desleales (…). Eso se termina hoy”, declaró el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

La medida fue justificada como parte de la estrategia comercial alineada con la política del expresidente Donald Trump, quien desde su administración impulsó una postura más proteccionista frente a productos agrícolas mexicanos.

Un acuerdo roto, cinco antecedentes ignorados

Desde 1996, se han firmado cinco acuerdos de suspensión entre ambos países (1996, 2002, 2008, 2013 y 2019), con el fin de evitar aranceles mediante compromisos voluntarios por parte de los exportadores mexicanos. El acuerdo más reciente, de 2019, estipulaba la venta del jitomate a precios mínimos y la eliminación del 85% del dumping detectado en la investigación original.

Pero ahora, esa ruta de cooperación ha sido abruptamente interrumpida.

¿Qué implica esta cuota?

De acuerdo con el especialista en comercio internacional Jorge Molina, esta medida se traduce en una cuota compensatoria directa contra los productores mexicanos, pese a que no existe una investigación reciente que respalde la acusación de dumping.

“Esto es una medida política, no técnica. La tasa incluso se redujo de 20.9% a 17.09%, lo que demuestra que no hubo un sustento firme, sino una estrategia de presión”, sostuvo Molina en entrevista con Proceso.

Los aranceles antidumping se imponen cuando un país considera que los productos importados se venden a un precio menor que su valor real en el mercado, afectando la competitividad de los productores locales.

¿Qué sigue para México?

Con esta ruptura, la industria mexicana del jitomate enfrenta un escenario complejo. Además del impacto económico inmediato por el nuevo arancel, existe el riesgo de represalias similares en otros productos agrícolas clave para el comercio bilateral.

México es el principal exportador de jitomate fresco a Estados Unidos y esta medida podría elevar los precios al consumidor estadounidense, al tiempo que genera incertidumbre para decenas de miles de productores nacionales que dependen de este mercado.

Este nuevo capítulo en la guerra comercial agroalimentaria tensa aún más las relaciones bilaterales y evidencia la fragilidad de los acuerdos ante intereses políticos y económicos en juego. La pelota ahora está en la cancha del gobierno mexicano, que deberá decidir si responde diplomática, comercial o legalmente.

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