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México

México debe acabar con detención y abuso a niños migrantes: ONU

México debe acabar con la detención administrativa de menores migrantes y debe acogerlos en centros de acogida situados e integrados en los municipios, según solicitó este miércoles el Comité de Naciones Unidassobre los Derechos de los Niños.

México se sometió al escrutinio del Comité los pasados 19 y 20 de mayo, y hoy se conocieron las conclusiones del mismo.

Los expertos ponen especial énfasis en pedir al Estado mexicano más atención a la situación y problemas de los menores migrantes, tanto extranjeros como nacionales, que cruzan el país en busca de una vida mejor.

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños se lamenta del «alto número de desapariciones de niñas«, y «el alto número de feminicidios«, y pide al Estado que tome «medidas urgentes» para lidiar con las causas primigenias de estos asesinatos

Además de pedir que se despenalice el trato a estos niños, los expertos piden que se hagan todo los esfuerzos para «evitar losasesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso de menores inmigrantes».

Asimismo, los expertos solicitan que se «investigue, se procese y secastigue a los culpables, incluyendo cuando éstos son agentes del Estado».

El Comité recuerda que debe prevalecer el interés del niño en la toma de decisión sobre su paradero y su eventualdeportación.

Por otra parte, los expertos dejan claro que están «seriamente preocupados porque la situación de violencia armada, elnarcotráfico y la lucha contra el crimen organizado en el país ha tenido como resultado un alto número de decesos de menores».

Especialmente, el Comité se lamenta del «alto número de desapariciones de niñas«, y «el alto número de feminicidios«, y pide al Estado que tome «medidas urgentes» para lidiar con las causas primigenias de estos asesinatos.

Los expertos dedican varios apartados a la explotación sexual, especialmente de niñas, denuncian el alto número deembarazos adolescentes como consecuencia de abusos, y se sorprenden del hecho que los violadores puedan evitar el castigo si se casan con la víctima.

Asimismo, los expertos piden que se despenalice el aborto, a menos en los casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre, y recuerda que el alto número de interrupciones del embarazo inseguras ha hecho aumentar la mortalidad materna.

Otro de los asuntos en los que el Comité demuestra su «gran preocupación» es «los informes corroborados de que cientos de niños han sido víctimas de abuso sexual por parte de clérigos de la Iglesia católica«.

Los expertos lamentan la impunidad de la que han gozado los culpables, por lo que solicitan que el Estado investigue, juzgue y castigue a los clérigos sospechosos.

Los expertos también se refieren a las corridas de toros y los efectos que éstas tienen tanto en los niños toreros como en los que son simples espectadores.

El Comité pide explícitamente a México que prohíba a niños ejercer como toreros, una práctica que los expertos consideran «trabajo infantil«, y pide que proteja a los menores espectadores de un espectáculo violento que les puede afectar negativamente.

Por otra parte, el informe hace hincapié en la necesidad de dar especial atención a los niños indígenas y a los descendientes afromexicanos para protegerlos de cualquier forma de explotación y violencia.

Con respecto a la justicia juvenil, el Comité lamenta que haya distintas legislaciones y que los niños puedan ser condenados a menores o mayores penas por el mismo delito en función de donde residan o donde lo hayan cometido.

Por otra parte, los expertos solicitan a México que revoque las leyes que permiten reclutar a menores de 16 y 17 años, y que aumente la edad de reclutamiento voluntario hasta los 18 años.

«El Comité urge al Estado a penalizar explícitamente el reclutamiento y la participación de niños en las hostilidades, incluyendo en los grupos no estatales».

De hecho, los expertos se alarman del alto número de reclutamiento de niños por parte de los grupos organizados y la falta de penalización y persecución de esta práctica.

Excélsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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