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México es el segundo país con mayor impunidad del mundo

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Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).– México se ubica en el lugar 58 de 59 países miembros de la ONU, sólo superado por Filipinas, en el Índice Global de Impunidad, que realizan de manera conjunta la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado (CCSPJP).

El Índice de Impunidad Global es el primer gran esfuerzo académico internacional que busca medir un fenómeno multidimensional, en extremo complejo de analizar, como es el de la impunidad por país”, refiere el documento dado a conocer este día.

En el análisis se analizó la información de los 193 Estados Miembros de la ONU y otros 14 territorios que generan información estadística comparable. De los 193 miembros de la ONU, 59 países fueron incluidos en el Índice Global de Impunidad por haber contado con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.

De estos, los cinco países peor evaluados son Filipinas, México, Turquía, Colombia y Rusia, mientras que los mejor calificados son naciones europeas. El reporte refiere que México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

Con respecto, a la primera, el Índice evidencia la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad.

“En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. La ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial”, refiere el Índice.

Dice que el país tiene una necesidad de contar con más jueces dentro del sistema de justicia. “Esta acción impactaría inmediatamente sobre los juicios, ya que al aumentar el número de éstos se podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también reducir la sobrepoblación de las cárceles”, afirma el documento.

El Índice estima una proporción promedio de los países de 17 jueces por cada 100 mil habitantes, y refiere que México cuenta con solo 4 jueces por cada 100 mil habitantes cifra muy menor al promedio global.

Refiere que Croacia es el país con el índice más bajo de impunidad al contar con 45 jueces por cada 100 mil habitantes.

Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, el Índice evidenció su deficiencia al tener casi la mitad de su población detenida sin sentencia (46 por ciento); al presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados con este delito; así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales.

Dice que las variables seleccionadas para medir la problemática de los Derechos Humanos tienen un impacto de 33 por ciento en el peso de la calificación de México. “Sin embargo, medir y comparar a México en términos de Derechos Humanos no reduce el índice de impunidad para este país puesto que sigue estando en los últimos lugares internacionales en el resto de las variables estudiadas”, dice el estudio en sus resultados.

Menciona que el problema de la impunidad en México es funcional y estructural no nació en esta administración pero se necesitan tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles que observamos.

Fuente: Sin Embargo

México

México y Estados Unidos refuerzan cooperación contra tráfico de armas y robo de combustible

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México y Estados Unidos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información en materia de tráfico de armas, así como fortalecer la cooperación para combatir el robo de combustible y otros delitos transnacionales, tras la segunda reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México-Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el encuentro se realizó el pasado 11 de diciembre como parte del seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, mecanismo acordado por ambos países para atender de manera coordinada temas prioritarios en materia de seguridad. En la reunión participaron el encargado de despacho de la cancillería mexicana, Roberto Velasco, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, junto con funcionarios de ambos gobiernos.

Durante la sesión se revisaron los avances alcanzados desde la reunión previa celebrada en McAllen, Texas, donde se había puesto énfasis en el combate al tráfico de armas. En esta ocasión, además, se analizaron desafíos emergentes para la seguridad regional, particularmente el uso de drones por parte de organizaciones criminales.

Como parte de los acuerdos, ambas naciones determinaron dar continuidad a las acciones de incautación de armamento y municiones, así como reforzar el intercambio de información para identificar y desarticular redes dedicadas al tráfico ilegal de armas. También se estableció fortalecer la cooperación en materia de extradiciones y las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles, con el objetivo de maximizar el impacto de las acciones coordinadas antes de la próxima reunión, prevista para enero de 2026.

La SRE precisó que durante el encuentro se reiteró que la cooperación bilateral en seguridad se rige por los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial de ambos países, bajo un enfoque de responsabilidad compartida y sin subordinación. Indicó que el intercambio de información, la coordinación operativa y el diálogo permanente deben traducirse en mejores condiciones de seguridad para las poblaciones de México y Estados Unidos.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que, como parte de esta cooperación, se han emprendido acciones contra instituciones financieras y personas involucradas en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y precursores químicos. Asimismo, informó que ambos países se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar cárteles y grupos delictivos, interrumpir fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar amenazas emergentes, incluido el uso de drones en la frontera.

Las autoridades de ambos países confirmaron que continuarán los trabajos bilaterales y que el diálogo en materia de seguridad se mantendrá de forma permanente.

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