Para poder tener acceso a una línea de teléfono móvil, los mexicanos tendrán que entregar casi todos sus datos personales al Gobierno y a las empresas de telefonía. Además de una simple copia de una identificación, ahora tendrán que registrarse las huellas digitales, fotografías del rostro y datos detallados del domicilio del usuario.

Todo para poder comunicarse. Este martes, el Senado mexicano aprobó, por una muy cerrada votación, la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que obligará la entrega de datos biométricos para poder tener acceso a la comunicación celular.

En su justificación, el Poder Legislativo ha indicado que existe un mercado negro de equipos celulares que se utilizan para extorsionar y cometer otro tipo de delitos, como el secuestro. “No existe evidencia de que los registros de tarjetas SIM (para el uso de la línea móvil) contribuyan a la reducción de delitos”, dice en entrevista Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

La idea de tener todos los datos de los mexicanos en una gran base no es nueva, pero es la primera vez que se hace de modo tan ambicioso. En 2008, se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut), que fue desechado en 2011 por el Gobierno de México ante el casi nulo registro de usuarios. “Pone nuevamente a México en una lista de países autoritarios que exige a los ciudadanos sus datos biométricos para acceder una línea telefónica móvil”, dice García. De acuerdo con la organización, países como China, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela tienen una política similar.

Poner datos tan sensibles como los rostros, huellas dactilares o registros de voz de los mexicanos en una base de datos, es riesgoso, de acuerdo con especialistas consultados por EL PAÍS. Desde hace una década, es posible comprar el registro de datos personales de instituciones bancarias o de organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), a la venta en varias páginas de Internet. “Puedes cambiar tus contraseñas, pero no puedes cambiar tus huellas ni tu rostro”, dice García.

Hasta 2019, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) que agrupa a los principales operadores de telefonía móvil en México, tiene un registro de 815.512 denuncias de equipos móviles robados, en contraste con los casi 620.000 que se sustrajeron el año anterior. “Con esta ley se promueve que se roben más celulares al no poder registrarlos y por lo tanto, que haya más crimen porque la mayoría de las líneas no se usan para delitos”, dice Gabriel Székely, presidente de la Anatel.

De acuerdo con datos de la consultora en telecomunicaciones The Competitive Intelligence Unit (CIU) a finales de 2010, existen casi 126 millones de líneas móviles registradas, las cuales tendrían que estar sujetas a escrutinio de este padrón para poder seguir dando el servicio. “Es una necedad de las autoridades, ya que desincentiva a los usuarios a que se comuniquen y hagan uso de un equipo móvil por no poder entregar los datos que se requieren”, dice Gonzalo Rojón, director de análisis de The CIU.

De acuerdo con el documento de iniciativa aprobado por el Senado mexicano, las empresas de telecomunicaciones serían las encargadas de recabar y validar la información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio del usuario, así como proporcionar la información con la cual se integrará el registro y realizarán las altas, bajas y demás movimientos asociados a las líneas telefónicas en este padrón. “Al INE le ha costado muchos años contar con un padrón, es ilógico pensar que con esta iniciativa puedas registrar 125 millones de datos en dos años”, indica Székely.

Según el último reporte del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, apenas se ha logrado contar con 100% de penetración de servicios móviles en el país. Sin embargo, de las líneas registradas, alrededor del 6% de los usuarios tienen dos o más líneas.

“¿Y si no puedes o no quieres registrar tus datos, ¿te van a desconectar?” cuestiona Rojón, de The CIU. Para Efrén Páez, analista de la firma Digital Policy & Law, este padrón condiciona la huella digital de los usuarios que ya cuentan con una línea. “De ser obligatorio, los usuarios tendrán que entregarlo para no perder una conexión que ya es vital para la mayoría”, indica.

Según los expertos consultados, tanto individuos como empresas podrían emprender varios procesos de amparo para evitar que se usen sus datos biométricos. “Esperamos que se llegue hasta la Suprema Corte”, indica García, de R3D. El derecho a la comunicación, así como la presunción de inocencia, son algunas de las garantías individuales que podría comprometer este padrón.

Fuente: El País