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México no cumple recomendaciones para prevenir desaparición de personas: ONU

México no ha cumplido con las recomendaciones, algunas de ellas urgentes, formuladas en los últimos años por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que permitirían tener datos más confiables contra el delito, dijo el viernes la representante del organismo, Carmen Villa.

Al concluir los trabajos de 10 días en el país, Villa destacó que, incluso, encontraron que durante la pandemia del coronavirus hubo un incremento “notable” en las desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres, un delito que sigue siendo “generalizado” en la nación latinoamericana.

“Observamos con preocupación que varias de las recomendaciones formuladas por el Comité a México en 2015 y 2018 aún están pendientes de implementación”, dijo Villa a periodistas.

Entre las recomendaciones no cumplidas, explicó, están superar los altos niveles de impunidad, dar más facultades a las comisiones de búsqueda, atender las causas profundas que generan las desapariciones y considerar que el enfoque de seguridad del Estado es insuficiente e inadecuado.

Villa mencionó que durante la visita a México, donde se reunieron tanto con víctimas como con autoridades, recibieron información de que existen patrones en los casos de desapariciones forzadas que evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado.

Según datos oficiales, actualmente existen 95,121 personas desaparecidas en México, aunque no está claro cuántos de estos casos fueron desapariciones forzadas, es decir, perpetradas por agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo.

En respuesta, el gobierno de México reconoció que existen “desafíos importantes” tanto en casos de desaparición forzada como en otras cometidas por particulares y admitió que con ayuda del comité podrán avanzar en “prevención, investigación, búsqueda de personas desaparecidas, procesos de rendición de cuentas y reparación para las víctimas”.

Actualmente, México se sitúa en segundo lugar, después de Irak, como el país con mayor número de acciones urgentes presentadas ante la ONU, un mecanismo de protección a víctimas que obliga a realizar acciones de búsqueda e informar sobre las mismas en casos de desaparición forzada.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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