El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que «nada sería más grave» que impedir la elección en Guerrero por «las vías violentas y contra el sentir de millones de mexicanos».

En una carta de cuatro cuartillas, firmada por los 11 consejeros, se asienta que «las amenazas de impedir las elecciones suscitan preocupación, porque pueden generar focos de conflicto que afectarán a la población. Nuestro país no será más justo sin elecciones, si le quitamos a la gente su derecho al voto».

A 12 días de que se reunieron los consejeros y los familiares de los jóvenes, al conmemorarse seis meses de la desaparición de los estudiantes, el órgano electoral advirtió que «sin elecciones estaríamos sujetos a la arbitrariedad del más fuerte y a los riesgos de que el acceso a los cargos de gobierno se resolvieran recurriendo a la violencia política».

Advirtieron que no se puede desconocer que la Constitución es la que marca la obligatoriedad de las elecciones y «no concibe un solo resquicio para que no haya».

«El INE, por ningún motivo, puede ignorar la Constitución, pues nos encontraríamos al margen de la ley. Justamente cuando pasa esto empieza la arbitrariedad y se abre la puerta a la violación de los derechos humanos», precisó al insistir en que no se puede desconocer que votar es un derecho de la ciudadanía y «no una obligación impuesta por el Estado».

Sin embargo, los consejeros admitieron que no desconocen que las elecciones por sí mismas no acaban con los problemas del país como la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y la falta de oportunidades, entre otros aspectos.

Así como el hecho de que «han resultado electas personas corruptas que deshonraron la función pública e incumplieron su compromiso de velar por el bienestar social».

En el documento llama a los familiares de los jóvenes a unirse a la organización de la elección, porque «su valiosa voz ayuda a tener unas elecciones más vigiladas, más exigentes a los candidatos, más severas contra la simulación, es decir, genuinas y al servicio del pueblo».

Sobre la petición de los familiares para realizar las elecciones por el sistema de usos y costumbres en los municipios de Guerrero, el INE respondió que carece de atribuciones para decidir sobre el caso en el estado o de alguna otra entidad federativa.

El INE precisó que «no puede asumir una representación popular con la que no cuenta ni vulnerar la soberanía de las entidades para decidir asuntos de tal relevancia».

No obstante, consideró que la propuesta debe ser conocida y examinada a conciencia por las autoridades de Guerrero, por todos los partidos y los candidatos que se postulan en la entidad.

En el documento, que también está dirigido a los integrantes de la Asamblea Nacional Popular y que cuenta con el acuse de recibo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expuso: «Consideramos que su reclamo como padres y madres de los 43 desaparecidos y el trabajo de miles de ciudadanos que se realiza en el INE no deben rivalizar ni contraponerse; las elecciones son una oportunidad para identificar los pendientes en materia política, y a partir de un debate abierto e incluyente, construir alternativas para su solución».