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Opinión

¿México realmente es PRO-VIDA? Por Itali Heide

Itali Heide

Las opiniones sobre el aborto se encuentran en un espectro. Tal vez creas que no debería de ser permitido en ninguna circunstancia, quizás solo bajo ciertas condiciones, o a lo mejor piensas que todas las mujeres deberían tener acceso a un aborto antes de las 12 semanas de gestación.

Ojo aquí: no estoy tratando de convencerte a que estés de acuerdo con el aborto, mucho menos que abortes. De hecho, todo lo contrario. La raza humana vive en un mundo de diversidad ideológica. Cuando se trata de opinión, hay un área gris. Fuera de juicios que atentan contra la igualdad los derechos humanos en todo ser humano, tienes permitido creer lo que se te dé la gana. Sin embargo, al ser una sociedad con diversidad ideológica, no podemos esperar a que el mundo gire alrededor de nuestra conciencia individual.

Luego de que la Suprema Corte desechara hoy el proyecto para despenalizar el aborto en Veracruz, las redes se inundaron de publicaciones (tanto a favor como a contra), de la despenalización del aborto. El Financiero encontró que el 63% de los mexicanos están contra del aborto legal.

La gran mayoría de los mexicanos están en contra del aborto. / Foto: Sergio Hernández

A pesar de estos números, la despenalización del aborto ha demostrado mejorar la vida en muchos países, incluyendo a México, donde desde el 2007 se puede realizar un aborto de forma legal en la Ciudad de México y en Oaxaca. ¿Qué trajo consigo esta decisión?

Nos enseñó que sin duda, criminilizar el aborto no evita su práctica. Aunque en la gran mayoría de los estados permiten el aborto en instancias muy limitadas, como en casos de violación, malformación fetal, o cuando la vida de la madre está en peligro, hay numerosas barreras que dificultan el acceso a estos servicios.

17 de cada 100 embarazos reportados son en niñas y mujeres debajo de los 19 años de edad.

Se estima que la mitad (54%) de los embarazos no deseados en México terminan en aborto inducido, a pesar de restricciones legales en las entitades. Teniendo en cuenta más de un millón de abortos inducidos por año, de los cuales 226,904 se realizan en clínicas de salud reproductivas, significaría que más del 77% de los abortos se realizan de manera clandestina. Casi el 20% de las mujeres y niñas son hospitalizadas por complicaciones de salud luego de abortos clandestinos.

En las clínicas de salud reproductiva que ofrecen servicios de aborto, se cuenta con asesoramiento anticonceptivo. Más del 80% de las mujeres aceptan el uso de protección sexual o la colocación de dispositivos intrauterinos (DIU), contribuyendo a la baja tasa de abortos repetidos.

Existen 13 clínicas en la Ciudad de México que practican la interrupción legal del embarazo. (Foto: Staff Capital)

Un argumento común que penaliza el aborto, es la insistencia de que en caso de un embarazo no deseado, la mejor alternativa al aborto es dar el bebé en adopción. Desafortunadamente, el sistema de adopción mexicano está en total destrucción: los datos del DIF afirman que de las 29 solicitudes recibidas en 2019, sólo 5 adopciones fueron finalizadas.

México cuenta con 1.6 millones de huérfanos, de los cuales menos del 2% viven en albergues y orfanatos públicos. Estos números pueden parecer menos insignificantes al agruparlos en una gran estadística, en vez de traducirlos a la realidad. Debemos mirar más de cerca: cada uno de esos 1.6 millones de niños tiene una mejor oportunidad de ganar la lotería de 60 millones de pesos en el Sorteo Mayor (1 de 60,000) que de ser adoptado (1 de 320,000).

Las estadísticas muestran una triste realidad para niños huérfanos. / Foto: Juan José Estrada

En un país donde más del 85% de la población pertenece a alguna religión, las cuales en su mayoría no aprueban el aborto, no es sorpresa que el país no esté facilitando el acceso a la salud reproductiva. Independientemente de nuestra ideología individual, la verdad está en los números: al criminalizar los abortos seguros y accesibles, estamos favoreciendo una pesadilla para millones de niños y mujeres en todo el mundo.

El activismo juega un rol importante en la aceptación de la despenalización del aborto. / Foto: NurPhotos

Para realmente terminar con el aborto, se deben averiguar y abordar los temas que realmente lo causan. Dos formas infalibles de disminuir la tasa de aborto son:

  • Proporcionar educación sexual completa, que incluya temas de consentimiento, métodos anticonceptivos y apoyo psicológico.
  • Facilitar el acceso a servicios de salud reproductiva y a métodos anticonceptivos confiables.

Sin importar en qué parte del espectro te encuentras en cuanto al aborto, todos podemos estar de acuerdo en que evitar los embarazos no deseados, es preferible a abortar. Por lo tanto, la solución queda en minimizar su concepción. La solución no es criminalizar un hecho innegable: es proporcionar información, educación y salud reproductiva accesible para TODAS las mujeres.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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