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México

México suspendió cinco permisos a la gigante Trafigura para importar gasolinas y turbosinas

El gobierno de México suspendió cinco permisos a la gigante Trafigura para importar gasolinas y turbosinas, entre otros productos, reveló un documento de la Secretaría de Energía.

Según un informe publicado la noche del lunes, la dependencia suspendió a la firma, una de las mayores comercializadoras de materias primas en el mundo, cuatro permisos que están “en proceso de revocación” y uno en “procedimiento de caducidad”.

La Secretaría no explicó las razones por las cuáles tomó la medida contra Trafigura. No fue posible de inmediato tener un comentario de la dependencia gubernamental ni de la firma.

Las suspensiones se dan en medio de un endurecimiento de las reglas contra empresas extranjeras y privadas en el sector energético y de una política abierta del Gobierno para favorecer a las compañías estatales, la petrolera Pemex y la generadora de electricidad CFE.

Imagen de archivo. El logotipo de la empresa estatal de electricidad de México, conocida como Comisión Federal de Electricidad (CFE), se muestra en su edificio de oficinas en Monterrey, México. 9 de febrero de 2021. REUTERS / Daniel BecerrilImagen de archivo. El logotipo de la empresa estatal de electricidad de México, conocida como Comisión Federal de Electricidad (CFE), se muestra en su edificio de oficinas en Monterrey, México. 9 de febrero de 2021. REUTERS / Daniel Becerril

Todos los permisos de Trafigura suspendidos habían sido otorgados a finales del 2018, poco antes de que asumiera el poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tenían vigencia hasta el 2038, de acuerdo a la lista previa de la Sener.

Reuters había reportado en julio que el brazo comercial de la estatal mexicana Pemex había suspendido temporalmente nuevos negocios con Trafigura, que enfrenta un escrutinio global por presunta corrupción.

El regulador del sector energético mexicano, la CRE, ha cancelado más de 100 permisos de comercialización de petrolíferos, gas y otros productos, entre ellos uno de la petrolera Shell y otro del grupo español Iberdrola, alegando falta de actividad durante un año.

Por su parte, la autoridad tributaria, el SAT, anunció a finales de julio la suspensión de 82 empresas del padrón de importadores, entre ellas filiales de la española Repsol, del operador ferroviario estadounidense Kansas City Southern (KCS) y del conglomerado local Grupo México, alegando que no cumplían con los requisitos para permanecer en él.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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