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México y un pequeño grupo de naciones acaparan las vacunas contra Covid-19

La pandemia de COVID-19 se ha convertido en la mayor catástrofe global de los últimos años: cientos de miles de muertos, hospitales saturados, economías destrozadas y millones de personas confinadas. Algo que no se veía desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, parece haber una luz al final del túnel: las vacunas de empresas como Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca han mostrado un alto grado de efectividad, superior al 90 por ciento, para prevenir infecciones a causa del SARS-CoV-2.

Sin embargo, la mitad de esas vacunas ya han sido «apartadas» por un pequeño grupo de 15 naciones, entre ellas México, que representan las mayores economías del mundo.

De acuerdo con The Economist, los países que, en proporción de habitantes, más cantidad de vacunas han ordenado son, en el siguiente orden: Canadá, Australia, Estados Unidos, Japón, Nepal, India, Uzbekistán, Brasil, Indonesia, Costa Rica, Egipto, México y Bangladesh.

Según el citado rotativo, por ejemplo, ese grupo de países ya acordó, en conjunto, comprar aproximadamente 600 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, casi la mitad del total que los fabricantes de medicamentos dicen que pueden producir para fines de 2021.

Canadá es el país que, proporcionalmente, ha pedido más vacunas con un promedio de casi 10 por habitante; mientras que México ha pedido 0.5 vacunas por habitante lo que, en proporción, es superior a todo lo que ha solicitado la iniciativa COVAX, que busca dotar de vacunas a países pobres.

En tanto, en un estudio publicado el 17 de septiembre, Oxfam advirtió que en el caso de que cinco vacunas contra COVID-19 tengan éxito, las que van más avanzadas, casi dos tercios (61 por ciento) de la población mundial no tendrá una vacuna hasta al menos 2022.

Dicha agencia calculó la capacidad de producción combinada de estas cinco vacunas candidatas con mayores avances en 5.94 mil millones de dosis, suficiente para 2.97 mil millones de personas dado que las vacunas futuras requerirán o es muy probable que requieran dos dosis.

Ya se han acordado acuerdos de suministro por 5.303 mil millones de dosis, de los cuales 2.728 mil millones (51 por ciento) han sido comprados por países desarrollados, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Hong Kong y Macao, Japón, Suiza e Israel, así como la Unión Europea . Las restantes 2.575 millones de dosis han sido compradas o prometidas a países en desarrollo como India, Bangladesh, China, Brasil, Indonesia y México, entre otros.

Fuente: El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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