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Mi comentario a la respuesta del Sr. Axel García Por Aquiles Córdova Morán

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En su edición del viernes 19 de octubre, el diario “La Prensa” publicó un escrito del señor Axel García encabezado así: “AL PUEBLO EN GENERAL; AL SR. GOBERNADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS; AL PUEBLO DEL ESTADO DE MEXICO Y EN GENERAL A LOS EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS, CONSTRUCTORES, FRACCIONADORES Y EN GENERAL A TODA LA COPARMEX DEL ESTADO DE MÉXICO”. (De paso diré que, entre tanto GENERAL, me sorprendió no encontrar al GENERAL MOTORS, al GENERAL ELECTRIC y al GENERAL EISENHOWER). Pero ya en el cuerpo del escrito se aclara que se trata de una “respuesta” a un artículo mío (ACM) publicado en el diario “EL UNIVERSAL” del 12 de octubre de los corrientes. Por ese motivo me ocupo del asunto.

El autor comienza diciéndose sorprendido porque llamo “pulpo camionero” a su poderoso monopolio del transporte, y se pregunta si soy la “persona de Más Buena Fe del mundo” (la ortografía es del original) o si “definitivamente” soy un “iluso que raya en la ingenuidad” (una manera “elegante” de llamarme estúpido), pues sólo así se explicaría mi despropósito. A renglón seguido se autodefine como un “empresario exitoso” (lo que no excluye, sino más bien presupone y confirma su carácter monopólico, es decir, de “pulpo camionero”, dicho coloquialmente) y dice que es precisamente su “éxito” lo que mis “adláteres” (los líderes del antorchismo mexiquense) no le perdonan. Y acusa: “si me apellidara SLÍM o MC’DONALS o OHL o SMITH o algún apellido extranjero dueño de WALMAR, me la perdonarían” (la ortografía es de Axel García). Según esto, pues, los dirigentes del antorchismo mexiquense lo atacan por mezquindad y por ser peones serviles de la inversión extranjera. Pero hay mucho material, escrito y filmado, de fácil acceso al público, para conocer y documentar nuestra posición respecto a este y otros problemas cruciales del desarrollo económico y social de México. Si el señor Axel García fuera, como presume, un verdadero estudioso de la problemática nacional y un polemista serio, consistente y nacionalista, debería haber consultado dicho material para respaldar su dicho; y puesto que no lo hace, hay que dar por demostrado que su afirmación es una simple calumnia gratuita y una primera pista del verdadero valor del resto de su “respuesta”.

Viene luego una larga parrafada en la cual el señor Axel García hace inútil gala (inútil porque nadie le disputa ese honor) de su conocimiento minucioso de los golpes mafiosos, asaltos a mano armada, secuestro de personas, incendio y destrucción de vehículos, juicios y sentencias judiciales amañados y, por supuesto, asesinatos de líderes que jamás se han aclarado convenientemente. Con tal alarde de minucias y detalles, todos interpretados y narrados a su manera pero sin ningún elemento que haga  prueba plena de su dicho, el señor Axel García cree haber demostrado de modo irrebatible, primero, la ignorancia que me atribuye en materia de transporte y, por tanto, la falsedad de la posición que defiendo en mi artículo citado más arriba; y, segundo, que los trabajadores del volante que defendemos los antorchistas son los verdaderos delincuentes, los que infringen la ley de varios modos, cometen fechorías, hacen uso del motín y la violencia y los autores de los asesinatos que nosotros hemos sido los primeros y los únicos en denunciar públicamente exigiendo el castigo de los culpables. Por lo visto, el señor Axel García, cuya “respuesta” dice a las claras que la lides intelectuales sólidas, rigurosas y consistentes no son su fuerte, piensa que este amasijo, sin orden ni estructura, de supuestas precisiones, afirmaciones escuetas, acusaciones sin sustento, menciones caóticas de lugares, nombres, fechas y circunstancias, es más que suficiente para sacarlo vencedor en su arremetida contra el antorchismo. Pero se equivoca rotundamente.

Frente a eso, yo respondo que lo sustancial de su alegato confuso y sin sustento, fue discutido y analizado con toda minuciosidad, con pruebas legales, documentales y periciales al canto, articuladas y reforzadas con una argumentación (esa sí) rigurosa, serena y bien fundamentada, ante el ahora ex secretario del transporte mexiquense, Jaime Barrera, y ante altos funcionarios del área política del gobierno mexiquense. En tales discusiones participaron transportistas con tanta experiencia y conocimiento del tema como el propio Axel García; abogados expertos, entre ellos el hoy occiso Pedro Sánchez Camacho, cuya maestría y dominio del asunto fueron decisivos para el resultado final y, con toda probabilidad, la causa de su asesinato (no por nada el señor Axel García ofende su memoria acusándolo, post mortem, de extorsionador, secuestrador y narcotraficante) y también, por supuesto, los líderes del antorchismo mexiquense, aunque su intervención  fue bastante discreta y marginal. El resultado de estas mesas de discusión fue que los representantes del gobierno mexiquense tuvieron que rendirse ante las evidencias presentadas por Antorcha y sus aliados, y el propio secretario Jaime Barrera, que no es un simpatizante suyo, tuvo que estampar su firma al pie de un documento en que se compromete a legalizar el organismo formado por los inconformes. En su “respuesta”, el señor Axel García sostiene que esa firma le fue arrancada por la fuerza al secretario, con lo cual lo hace aparecer como funcionario pusilánime y falto de carácter, cosa absolutamente falsa y contraria a la verdad, como el propio señor García sabe.

Precisamente por la existencia de la discusión y del documento que menciono, creo ocioso refutar por enésima vez los “argumentos” de don Axel García. Pero sí juzgo indispensable poner de manifiesto el grado de confianza que merece su entera “respuesta”. A renglón seguido de mostrar su erudición en materia de gangsterismo y del torrente confuso de sus contra acusaciones, don Axel pasa a probar su “profundo” conocimiento del antorchismo y de sus líderes, para lo cual vuelve a amontonar, sin orden ni concierto, injurias, calumnias, acusaciones y señalamientos dolosos sin fundamento en su contra. Hago una síntesis apretada de los principales para conocimiento del público: Volteando del revés los sucesos de Chimalhuacán, que tienen ya calidad de cosa juzgada, Axel García reivindica a “la loba” (“cada quien defiende al delincuente con el que se identifica”, ¿no, don Axel?), colocándola en el papel de víctima mientras acusa al diputado Jesús Tolentino Román de haber tomado “por asalto a sangre y fuego” el palacio municipal, y asegurando, contra toda evidencia, que hubo diez muertos, seis de “la loba”, pero cuatro de Tolentino, y más de doscientos lesionados “por bando”. O sea, ambas parte son, por lo menos, igualmente culpables. Para mayor escarnio a la verdad y a la sindéresis, don Axel nos recuerda que él era el “Subprocurador General de Justicia en Texcoco” cuando ocurrieron estos delitos, pero ni siquiera finge algún sentimiento de culpa por la presunta impunidad de la que goza Tolentino. Si, como ahora dice, quien protege a delincuentes es delincuente, el señor es un delincuente prófugo por la masacre de Chimalhuacán. Suma y sigue. Acusa a los antorchistas mexiquenses de estar llenos de “actas de averiguación previa” por despojo, extorsión, fraccionamiento clandestino, secuestros y asaltos; de haber invadido un total de 20 mil predios; de cobrar 20 mil pesos de enganche “y el resto a plazos” por lotes que el gobierno del Estado de México les otorga gratuitamente, además de exigir la asistencia a 60 mítines, volanteo y colectas, so pena de perder el lote y la construcción; de vender el predio “Pimiango” que el actual presidente electo les adjudicó gratuitamente; de negarse a regularizar la propiedad de los colonos para mantenerlos sometidos a su férula, etc. En suma y en síntesis, que los antorchistas somos el enemigo público número uno de la paz y la tranquilidad del país entero y de empresarios laboriosos y honrados como los de TI AUTOMOTIVE SISTEM (¿tan pronto se le olvidó su nacionalismo de petate, don Axel?), como él y sus socios.

Pero si don Axel García puede mentir y calumniar en materia de transporte amparado en su experiencia y conocimiento del tema, no puede hacer ni alegar lo mismo respecto al antorchismo y sus líderes. Aquí, el de la experiencia y dominio del tema soy yo, don Axel, aunque usted piense y sostenga lo contrario; y con la autoridad que me da ese conocimiento, afirmo y sostengo que sus acusaciones contra el diputado Jesús Tolentino Román, contra la presidenta electa de Ixtapaluca, Lic. Maricela Serrano, y contra el antorchismo mexiquense todo, son calumnias infames de punta a cabo, es decir, que no contienen un ápice de verdad y que son nacidas del odio asesino que le causa el accionar político del pueblo organizado en el Movimiento Antorchista; nacional y mexiquense. Por razón de espacio no me detengo a rebatir cada una de ellas, pero lo haré si se hace necesario. Me limito por hoy a finalizar con dos breves comentarios. Primero, emplazo a Axel García a publicar el número de cada una de las muchísimas averiguaciones previas que, según él, existen en contra de los antorchistas mexiquenses; a exhibir las pruebas sobre las 20 mil invasiones que les achaca; a dar a conocer sus fuentes de los datos sobre el número de mítines y las elevadas cuotas de inscripción que cobran a los solicitantes de vivienda y las pruebas fehacientes de la venta ilícita de lotes. Bastaría con eso, a mi parecer, para dar por buenas todas sus acusaciones, incluida su parrafada sobre el transporte; por el contrario, si no lo hace, quedará demostrado que miente de modo descarado y criminal sobre la conducta política de los líderes antorchistas y, por tanto, también sobre lo que asegura y acusa en relación con el transporte, con todo y su gran conocimiento del tema. Segundo, me parece una maniobra muy desafortunada y obvia la “presión” contra el gobernador, Dr. Eruviel Ávila Villegas, dándole lecciones de derecho y “exigiéndole” más protección de la que ya le dispensa. Sería más discreto e inteligente limitar los excesos del “pulpo camionero” para facilitar la tarea a sus protectores oficiales, que lo respaldan aun en contra del interés público y del derecho de todo mexicano al trabajo honrado y digno.

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La corona que derribó al fiscal. Por Caleb Ordóñez T.

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Alejandro Gertz Manero no se fue por un solo escándalo. Su salida de la Fiscalía General es el cierre natural —y casi inevitable— de una historia acumulada durante décadas: un expediente no judicial, sino político, construido a fuerza de polémicas, enojos y decisiones que siempre parecían estar un milímetro antes (o después) del momento correcto. Una vida pública larga, tensa y llena de episodios que México nunca logró procesar del todo y que terminaron de golpe cuando la luz inesperada lo alumbró demasiado.

Para entender su renuncia, hay que regresar al principio. A 2001. A Puente Grande. A Joaquín “El Chapo” Guzmán desapareciendo como si el penal fuera un teatro mal montado. A un gabinete recién estrenado y a un secretario de Seguridad Pública —Gertz— que quedó tocado desde ese instante, aun cuando defendió hasta el cansancio que los penales no estaban bajo su control directo. Tenía razón en la letra, pero la política no se escribe con artículos constitucionales; se escribe con percepciones. Y la percepción quedó marcada: primera fuga, primer señalamiento.

Luego vendría “el caso familiar”, quizá el capítulo más corrosivo de su trayectoria. La denuncia por homicidio en contra de su excuñada Laura Morán y de su sobrina política, Alejandra Cuevas, terminó por convertirse en un espejo que devolvía una imagen poco favorecedora del fiscal. La figura jurídica de “garante accesoria”, que nadie encontraba en ningún código, la prisión de Cuevas, la reapertura del expediente cuando él ya era fiscal, y después los audios filtrados donde se quejaba del proyecto de sentencia de la Suprema Cort Ese episodio enterró la narrativa de imparcialidad y lo colocó en el centro del debate sobre el uso personal de la justicia. No su mejor capítulo.

Y sin embargo, tampoco ahí cayó.

Su paso por la FGR tuvo escenas memorables —algunas para bien, otras para museo del absurdo. Anunció con firmeza una cruzada contra la impunidad heredada: Odebrecht, Estafa Maestra, Pemex, la élite política del sexenio pasado. Era un fiscal que llegaba con autoridad intelectual: décadas de docencia, formación sólida en derecho penal, experiencia en seguridad y una convicción genuina de que el Ministerio Público tenía que recuperar su dignidad institucional. Ese punto —el positivo— hay que concedérselo: Gertz siempre habló de la Fiscalía como una institución que debía fortalecerse y, al menos en discurso, entendía la necesidad de autonomía y rigor técnico.

Pero entre lo que se quiere y lo que se logra suele haber un océano.

El caso Lozoya terminó convertido en una tragicomedia: el testigo estrella que prometía derribar a medio gabinete peñista terminó fotografiado en un restaurante, con un guion de colaboración que se desmoronó y un expediente repleto de promesas incumplidas. El famoso cheque de 2,000 millones de pesos, presentado en Palacio Nacional como “reparación del daño”, resultó más simbólico que real. Y mientras tanto, Rosario Robles vivió en prisión preventiva prolongada, exhibiendo el rostro más duro de la Fiscalía, mientras Lozoya parecía disfrutarse el fuero moral de la cooperación.

Su sello más polémico fue la justicia diferenciada. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos tensó la relación con Estados Unidos; el intento de procesar a 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada levantó incluso carcajadas en los tribunales; los expedientes contra gobernadores y candidatos en temporada electoral alimentaron la narrativa de que la FGR olía más a estrategia que a proceso penal.

Y después llegó la guerra interna. El pleito con Julio Scherer, la batalla por el control de ciertos expedientes, las acusaciones cruzadas de extorsiones, venganzas y “operaciones sucias” mostraron una Fiscalía atrapada en el mismo laberinto político que juró superar.

Con todo, había una cualidad que incluso sus críticos reconocen: Gertz era persistente. Y conocía el aparato penal como pocos. Tenía método, obsesión por el detalle y una idea fija de orden institucional. No siempre funcionó, no siempre fue justa ni eficiente, pero era innegable que se trataba de un hombre que llevaba décadas pensando —de verdad pensando— en el sistema penal mexicano.

¿Entonces por qué renunció?

Porque la política no solo se derrumba por grandes actos de corrupción o colapsos institucionales. A veces cae por la presión inesperada del lugar menos imaginado. En este caso, una corona.

Todo estalló cuando México celebraba con júbilo el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Una mexicana ganando el certamen después de tantos años era un regalo para la narrativa nacional: orgullo, identidad, representación, el país hablando de algo luminoso por primera vez en semanas. Pero justo ahí, en plena celebración, comenzaron a circular los expedientes —sellados y empolvados en la FGR— relacionados con Raúl Rocha, presidente de la franquicia Miss Universo y vinculado en investigaciones mediáticas con presuntos contratos irregulares con Pemex.

La pregunta no era si existía una investigación. La pregunta era: ¿por qué se filtró justo ahora?

La respuesta implícita fue unánime: porque la FGR había perdido control interno. Porque intereses cruzados querían lastimar a la 4T. Porque la filtración no solo embarraba a un empresario, sino también a Bosch, la nueva joya mediática del país. Porque el triunfo, tan necesario en una nación saturada de malas noticias, se convirtió en combustible político en cuestión de horas. Porque México estaba celebrando una coronación, y alguien sacó un expediente que olía a guerra interna.

Eso, en Palacio Nacional, fue dinamita.

No se podía permitir que una victoria global, limpia y emocional, se convirtiera en pleito burocrático. Mucho menos cuando la Presidencia buscaba proyectar una nueva etapa institucional y evitar conflictos con la industria cultural y de entretenimiento que ya estaba devolviendo atención internacional al país. Gertz había sobrevivido a todo: a expedientes fallidos, a presiones, a audios filtrados, a críticas internacionales. Pero tocar un símbolo recién coronado fue otra cosa. Transformó un problema jurídico en un problema político. Y en México, los problemas políticos se resuelven de una sola forma: pidiendo renuncias.

El 27 de noviembre de 2025, presentó la suya.

Salió con un extraño nombramiento diplomático y un comunicado sin dramatismos, pero cargado de silencios. Fue la despedida de un fiscal que quiso ser reformador, que terminó siendo símbolo de poder concentrado y que cayó no por un caso penal, sino por una coronación que puso demasiados reflectores sobre sus polémicas.

Y así, la corona de Fátima Bosch terminó abollando algo más que el ego de los críticos: terminó abollando, también, el trono del fiscal más poderoso del México reciente.

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