Opinión
Mi comentario a la respuesta del Sr. Axel García Por Aquiles Córdova Morán
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hace 14 añoson
En su edición del viernes 19 de octubre, el diario “La Prensa” publicó un escrito del señor Axel García encabezado así: “AL PUEBLO EN GENERAL; AL SR. GOBERNADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS; AL PUEBLO DEL ESTADO DE MEXICO Y EN GENERAL A LOS EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS, CONSTRUCTORES, FRACCIONADORES Y EN GENERAL A TODA LA COPARMEX DEL ESTADO DE MÉXICO”. (De paso diré que, entre tanto GENERAL, me sorprendió no encontrar al GENERAL MOTORS, al GENERAL ELECTRIC y al GENERAL EISENHOWER). Pero ya en el cuerpo del escrito se aclara que se trata de una “respuesta” a un artículo mío (ACM) publicado en el diario “EL UNIVERSAL” del 12 de octubre de los corrientes. Por ese motivo me ocupo del asunto.
El autor comienza diciéndose sorprendido porque llamo “pulpo camionero” a su poderoso monopolio del transporte, y se pregunta si soy la “persona de Más Buena Fe del mundo” (la ortografía es del original) o si “definitivamente” soy un “iluso que raya en la ingenuidad” (una manera “elegante” de llamarme estúpido), pues sólo así se explicaría mi despropósito. A renglón seguido se autodefine como un “empresario exitoso” (lo que no excluye, sino más bien presupone y confirma su carácter monopólico, es decir, de “pulpo camionero”, dicho coloquialmente) y dice que es precisamente su “éxito” lo que mis “adláteres” (los líderes del antorchismo mexiquense) no le perdonan. Y acusa: “si me apellidara SLÍM o MC’DONALS o OHL o SMITH o algún apellido extranjero dueño de WALMAR, me la perdonarían” (la ortografía es de Axel García). Según esto, pues, los dirigentes del antorchismo mexiquense lo atacan por mezquindad y por ser peones serviles de la inversión extranjera. Pero hay mucho material, escrito y filmado, de fácil acceso al público, para conocer y documentar nuestra posición respecto a este y otros problemas cruciales del desarrollo económico y social de México. Si el señor Axel García fuera, como presume, un verdadero estudioso de la problemática nacional y un polemista serio, consistente y nacionalista, debería haber consultado dicho material para respaldar su dicho; y puesto que no lo hace, hay que dar por demostrado que su afirmación es una simple calumnia gratuita y una primera pista del verdadero valor del resto de su “respuesta”.
Viene luego una larga parrafada en la cual el señor Axel García hace inútil gala (inútil porque nadie le disputa ese honor) de su conocimiento minucioso de los golpes mafiosos, asaltos a mano armada, secuestro de personas, incendio y destrucción de vehículos, juicios y sentencias judiciales amañados y, por supuesto, asesinatos de líderes que jamás se han aclarado convenientemente. Con tal alarde de minucias y detalles, todos interpretados y narrados a su manera pero sin ningún elemento que haga prueba plena de su dicho, el señor Axel García cree haber demostrado de modo irrebatible, primero, la ignorancia que me atribuye en materia de transporte y, por tanto, la falsedad de la posición que defiendo en mi artículo citado más arriba; y, segundo, que los trabajadores del volante que defendemos los antorchistas son los verdaderos delincuentes, los que infringen la ley de varios modos, cometen fechorías, hacen uso del motín y la violencia y los autores de los asesinatos que nosotros hemos sido los primeros y los únicos en denunciar públicamente exigiendo el castigo de los culpables. Por lo visto, el señor Axel García, cuya “respuesta” dice a las claras que la lides intelectuales sólidas, rigurosas y consistentes no son su fuerte, piensa que este amasijo, sin orden ni estructura, de supuestas precisiones, afirmaciones escuetas, acusaciones sin sustento, menciones caóticas de lugares, nombres, fechas y circunstancias, es más que suficiente para sacarlo vencedor en su arremetida contra el antorchismo. Pero se equivoca rotundamente.
Frente a eso, yo respondo que lo sustancial de su alegato confuso y sin sustento, fue discutido y analizado con toda minuciosidad, con pruebas legales, documentales y periciales al canto, articuladas y reforzadas con una argumentación (esa sí) rigurosa, serena y bien fundamentada, ante el ahora ex secretario del transporte mexiquense, Jaime Barrera, y ante altos funcionarios del área política del gobierno mexiquense. En tales discusiones participaron transportistas con tanta experiencia y conocimiento del tema como el propio Axel García; abogados expertos, entre ellos el hoy occiso Pedro Sánchez Camacho, cuya maestría y dominio del asunto fueron decisivos para el resultado final y, con toda probabilidad, la causa de su asesinato (no por nada el señor Axel García ofende su memoria acusándolo, post mortem, de extorsionador, secuestrador y narcotraficante) y también, por supuesto, los líderes del antorchismo mexiquense, aunque su intervención fue bastante discreta y marginal. El resultado de estas mesas de discusión fue que los representantes del gobierno mexiquense tuvieron que rendirse ante las evidencias presentadas por Antorcha y sus aliados, y el propio secretario Jaime Barrera, que no es un simpatizante suyo, tuvo que estampar su firma al pie de un documento en que se compromete a legalizar el organismo formado por los inconformes. En su “respuesta”, el señor Axel García sostiene que esa firma le fue arrancada por la fuerza al secretario, con lo cual lo hace aparecer como funcionario pusilánime y falto de carácter, cosa absolutamente falsa y contraria a la verdad, como el propio señor García sabe.
Precisamente por la existencia de la discusión y del documento que menciono, creo ocioso refutar por enésima vez los “argumentos” de don Axel García. Pero sí juzgo indispensable poner de manifiesto el grado de confianza que merece su entera “respuesta”. A renglón seguido de mostrar su erudición en materia de gangsterismo y del torrente confuso de sus contra acusaciones, don Axel pasa a probar su “profundo” conocimiento del antorchismo y de sus líderes, para lo cual vuelve a amontonar, sin orden ni concierto, injurias, calumnias, acusaciones y señalamientos dolosos sin fundamento en su contra. Hago una síntesis apretada de los principales para conocimiento del público: Volteando del revés los sucesos de Chimalhuacán, que tienen ya calidad de cosa juzgada, Axel García reivindica a “la loba” (“cada quien defiende al delincuente con el que se identifica”, ¿no, don Axel?), colocándola en el papel de víctima mientras acusa al diputado Jesús Tolentino Román de haber tomado “por asalto a sangre y fuego” el palacio municipal, y asegurando, contra toda evidencia, que hubo diez muertos, seis de “la loba”, pero cuatro de Tolentino, y más de doscientos lesionados “por bando”. O sea, ambas parte son, por lo menos, igualmente culpables. Para mayor escarnio a la verdad y a la sindéresis, don Axel nos recuerda que él era el “Subprocurador General de Justicia en Texcoco” cuando ocurrieron estos delitos, pero ni siquiera finge algún sentimiento de culpa por la presunta impunidad de la que goza Tolentino. Si, como ahora dice, quien protege a delincuentes es delincuente, el señor es un delincuente prófugo por la masacre de Chimalhuacán. Suma y sigue. Acusa a los antorchistas mexiquenses de estar llenos de “actas de averiguación previa” por despojo, extorsión, fraccionamiento clandestino, secuestros y asaltos; de haber invadido un total de 20 mil predios; de cobrar 20 mil pesos de enganche “y el resto a plazos” por lotes que el gobierno del Estado de México les otorga gratuitamente, además de exigir la asistencia a 60 mítines, volanteo y colectas, so pena de perder el lote y la construcción; de vender el predio “Pimiango” que el actual presidente electo les adjudicó gratuitamente; de negarse a regularizar la propiedad de los colonos para mantenerlos sometidos a su férula, etc. En suma y en síntesis, que los antorchistas somos el enemigo público número uno de la paz y la tranquilidad del país entero y de empresarios laboriosos y honrados como los de TI AUTOMOTIVE SISTEM (¿tan pronto se le olvidó su nacionalismo de petate, don Axel?), como él y sus socios.
Pero si don Axel García puede mentir y calumniar en materia de transporte amparado en su experiencia y conocimiento del tema, no puede hacer ni alegar lo mismo respecto al antorchismo y sus líderes. Aquí, el de la experiencia y dominio del tema soy yo, don Axel, aunque usted piense y sostenga lo contrario; y con la autoridad que me da ese conocimiento, afirmo y sostengo que sus acusaciones contra el diputado Jesús Tolentino Román, contra la presidenta electa de Ixtapaluca, Lic. Maricela Serrano, y contra el antorchismo mexiquense todo, son calumnias infames de punta a cabo, es decir, que no contienen un ápice de verdad y que son nacidas del odio asesino que le causa el accionar político del pueblo organizado en el Movimiento Antorchista; nacional y mexiquense. Por razón de espacio no me detengo a rebatir cada una de ellas, pero lo haré si se hace necesario. Me limito por hoy a finalizar con dos breves comentarios. Primero, emplazo a Axel García a publicar el número de cada una de las muchísimas averiguaciones previas que, según él, existen en contra de los antorchistas mexiquenses; a exhibir las pruebas sobre las 20 mil invasiones que les achaca; a dar a conocer sus fuentes de los datos sobre el número de mítines y las elevadas cuotas de inscripción que cobran a los solicitantes de vivienda y las pruebas fehacientes de la venta ilícita de lotes. Bastaría con eso, a mi parecer, para dar por buenas todas sus acusaciones, incluida su parrafada sobre el transporte; por el contrario, si no lo hace, quedará demostrado que miente de modo descarado y criminal sobre la conducta política de los líderes antorchistas y, por tanto, también sobre lo que asegura y acusa en relación con el transporte, con todo y su gran conocimiento del tema. Segundo, me parece una maniobra muy desafortunada y obvia la “presión” contra el gobernador, Dr. Eruviel Ávila Villegas, dándole lecciones de derecho y “exigiéndole” más protección de la que ya le dispensa. Sería más discreto e inteligente limitar los excesos del “pulpo camionero” para facilitar la tarea a sus protectores oficiales, que lo respaldan aun en contra del interés público y del derecho de todo mexicano al trabajo honrado y digno.
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
Published
hace 1 semanaon
Jul 24, 2026
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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