Opinión
Mi comentario a la respuesta del Sr. Axel García Por Aquiles Córdova Morán
En su edición del viernes 19 de octubre, el diario “La Prensa” publicó un escrito del señor Axel García encabezado así: “AL PUEBLO EN GENERAL; AL SR. GOBERNADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS; AL PUEBLO DEL ESTADO DE MEXICO Y EN GENERAL A LOS EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS, CONSTRUCTORES, FRACCIONADORES Y EN GENERAL A TODA LA COPARMEX DEL ESTADO DE MÉXICO”. (De paso diré que, entre tanto GENERAL, me sorprendió no encontrar al GENERAL MOTORS, al GENERAL ELECTRIC y al GENERAL EISENHOWER). Pero ya en el cuerpo del escrito se aclara que se trata de una “respuesta” a un artículo mío (ACM) publicado en el diario “EL UNIVERSAL” del 12 de octubre de los corrientes. Por ese motivo me ocupo del asunto.
El autor comienza diciéndose sorprendido porque llamo “pulpo camionero” a su poderoso monopolio del transporte, y se pregunta si soy la “persona de Más Buena Fe del mundo” (la ortografía es del original) o si “definitivamente” soy un “iluso que raya en la ingenuidad” (una manera “elegante” de llamarme estúpido), pues sólo así se explicaría mi despropósito. A renglón seguido se autodefine como un “empresario exitoso” (lo que no excluye, sino más bien presupone y confirma su carácter monopólico, es decir, de “pulpo camionero”, dicho coloquialmente) y dice que es precisamente su “éxito” lo que mis “adláteres” (los líderes del antorchismo mexiquense) no le perdonan. Y acusa: “si me apellidara SLÍM o MC’DONALS o OHL o SMITH o algún apellido extranjero dueño de WALMAR, me la perdonarían” (la ortografía es de Axel García). Según esto, pues, los dirigentes del antorchismo mexiquense lo atacan por mezquindad y por ser peones serviles de la inversión extranjera. Pero hay mucho material, escrito y filmado, de fácil acceso al público, para conocer y documentar nuestra posición respecto a este y otros problemas cruciales del desarrollo económico y social de México. Si el señor Axel García fuera, como presume, un verdadero estudioso de la problemática nacional y un polemista serio, consistente y nacionalista, debería haber consultado dicho material para respaldar su dicho; y puesto que no lo hace, hay que dar por demostrado que su afirmación es una simple calumnia gratuita y una primera pista del verdadero valor del resto de su “respuesta”.
Viene luego una larga parrafada en la cual el señor Axel García hace inútil gala (inútil porque nadie le disputa ese honor) de su conocimiento minucioso de los golpes mafiosos, asaltos a mano armada, secuestro de personas, incendio y destrucción de vehículos, juicios y sentencias judiciales amañados y, por supuesto, asesinatos de líderes que jamás se han aclarado convenientemente. Con tal alarde de minucias y detalles, todos interpretados y narrados a su manera pero sin ningún elemento que haga prueba plena de su dicho, el señor Axel García cree haber demostrado de modo irrebatible, primero, la ignorancia que me atribuye en materia de transporte y, por tanto, la falsedad de la posición que defiendo en mi artículo citado más arriba; y, segundo, que los trabajadores del volante que defendemos los antorchistas son los verdaderos delincuentes, los que infringen la ley de varios modos, cometen fechorías, hacen uso del motín y la violencia y los autores de los asesinatos que nosotros hemos sido los primeros y los únicos en denunciar públicamente exigiendo el castigo de los culpables. Por lo visto, el señor Axel García, cuya “respuesta” dice a las claras que la lides intelectuales sólidas, rigurosas y consistentes no son su fuerte, piensa que este amasijo, sin orden ni estructura, de supuestas precisiones, afirmaciones escuetas, acusaciones sin sustento, menciones caóticas de lugares, nombres, fechas y circunstancias, es más que suficiente para sacarlo vencedor en su arremetida contra el antorchismo. Pero se equivoca rotundamente.
Frente a eso, yo respondo que lo sustancial de su alegato confuso y sin sustento, fue discutido y analizado con toda minuciosidad, con pruebas legales, documentales y periciales al canto, articuladas y reforzadas con una argumentación (esa sí) rigurosa, serena y bien fundamentada, ante el ahora ex secretario del transporte mexiquense, Jaime Barrera, y ante altos funcionarios del área política del gobierno mexiquense. En tales discusiones participaron transportistas con tanta experiencia y conocimiento del tema como el propio Axel García; abogados expertos, entre ellos el hoy occiso Pedro Sánchez Camacho, cuya maestría y dominio del asunto fueron decisivos para el resultado final y, con toda probabilidad, la causa de su asesinato (no por nada el señor Axel García ofende su memoria acusándolo, post mortem, de extorsionador, secuestrador y narcotraficante) y también, por supuesto, los líderes del antorchismo mexiquense, aunque su intervención fue bastante discreta y marginal. El resultado de estas mesas de discusión fue que los representantes del gobierno mexiquense tuvieron que rendirse ante las evidencias presentadas por Antorcha y sus aliados, y el propio secretario Jaime Barrera, que no es un simpatizante suyo, tuvo que estampar su firma al pie de un documento en que se compromete a legalizar el organismo formado por los inconformes. En su “respuesta”, el señor Axel García sostiene que esa firma le fue arrancada por la fuerza al secretario, con lo cual lo hace aparecer como funcionario pusilánime y falto de carácter, cosa absolutamente falsa y contraria a la verdad, como el propio señor García sabe.
Precisamente por la existencia de la discusión y del documento que menciono, creo ocioso refutar por enésima vez los “argumentos” de don Axel García. Pero sí juzgo indispensable poner de manifiesto el grado de confianza que merece su entera “respuesta”. A renglón seguido de mostrar su erudición en materia de gangsterismo y del torrente confuso de sus contra acusaciones, don Axel pasa a probar su “profundo” conocimiento del antorchismo y de sus líderes, para lo cual vuelve a amontonar, sin orden ni concierto, injurias, calumnias, acusaciones y señalamientos dolosos sin fundamento en su contra. Hago una síntesis apretada de los principales para conocimiento del público: Volteando del revés los sucesos de Chimalhuacán, que tienen ya calidad de cosa juzgada, Axel García reivindica a “la loba” (“cada quien defiende al delincuente con el que se identifica”, ¿no, don Axel?), colocándola en el papel de víctima mientras acusa al diputado Jesús Tolentino Román de haber tomado “por asalto a sangre y fuego” el palacio municipal, y asegurando, contra toda evidencia, que hubo diez muertos, seis de “la loba”, pero cuatro de Tolentino, y más de doscientos lesionados “por bando”. O sea, ambas parte son, por lo menos, igualmente culpables. Para mayor escarnio a la verdad y a la sindéresis, don Axel nos recuerda que él era el “Subprocurador General de Justicia en Texcoco” cuando ocurrieron estos delitos, pero ni siquiera finge algún sentimiento de culpa por la presunta impunidad de la que goza Tolentino. Si, como ahora dice, quien protege a delincuentes es delincuente, el señor es un delincuente prófugo por la masacre de Chimalhuacán. Suma y sigue. Acusa a los antorchistas mexiquenses de estar llenos de “actas de averiguación previa” por despojo, extorsión, fraccionamiento clandestino, secuestros y asaltos; de haber invadido un total de 20 mil predios; de cobrar 20 mil pesos de enganche “y el resto a plazos” por lotes que el gobierno del Estado de México les otorga gratuitamente, además de exigir la asistencia a 60 mítines, volanteo y colectas, so pena de perder el lote y la construcción; de vender el predio “Pimiango” que el actual presidente electo les adjudicó gratuitamente; de negarse a regularizar la propiedad de los colonos para mantenerlos sometidos a su férula, etc. En suma y en síntesis, que los antorchistas somos el enemigo público número uno de la paz y la tranquilidad del país entero y de empresarios laboriosos y honrados como los de TI AUTOMOTIVE SISTEM (¿tan pronto se le olvidó su nacionalismo de petate, don Axel?), como él y sus socios.
Pero si don Axel García puede mentir y calumniar en materia de transporte amparado en su experiencia y conocimiento del tema, no puede hacer ni alegar lo mismo respecto al antorchismo y sus líderes. Aquí, el de la experiencia y dominio del tema soy yo, don Axel, aunque usted piense y sostenga lo contrario; y con la autoridad que me da ese conocimiento, afirmo y sostengo que sus acusaciones contra el diputado Jesús Tolentino Román, contra la presidenta electa de Ixtapaluca, Lic. Maricela Serrano, y contra el antorchismo mexiquense todo, son calumnias infames de punta a cabo, es decir, que no contienen un ápice de verdad y que son nacidas del odio asesino que le causa el accionar político del pueblo organizado en el Movimiento Antorchista; nacional y mexiquense. Por razón de espacio no me detengo a rebatir cada una de ellas, pero lo haré si se hace necesario. Me limito por hoy a finalizar con dos breves comentarios. Primero, emplazo a Axel García a publicar el número de cada una de las muchísimas averiguaciones previas que, según él, existen en contra de los antorchistas mexiquenses; a exhibir las pruebas sobre las 20 mil invasiones que les achaca; a dar a conocer sus fuentes de los datos sobre el número de mítines y las elevadas cuotas de inscripción que cobran a los solicitantes de vivienda y las pruebas fehacientes de la venta ilícita de lotes. Bastaría con eso, a mi parecer, para dar por buenas todas sus acusaciones, incluida su parrafada sobre el transporte; por el contrario, si no lo hace, quedará demostrado que miente de modo descarado y criminal sobre la conducta política de los líderes antorchistas y, por tanto, también sobre lo que asegura y acusa en relación con el transporte, con todo y su gran conocimiento del tema. Segundo, me parece una maniobra muy desafortunada y obvia la “presión” contra el gobernador, Dr. Eruviel Ávila Villegas, dándole lecciones de derecho y “exigiéndole” más protección de la que ya le dispensa. Sería más discreto e inteligente limitar los excesos del “pulpo camionero” para facilitar la tarea a sus protectores oficiales, que lo respaldan aun en contra del interés público y del derecho de todo mexicano al trabajo honrado y digno.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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