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Se amarró a una silla de las oficinas de la CNDH en busca de justicia para su hija

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Marcela Alemán, madre de una niña que fue víctima de violación en su colegio, se amarró a una silla dentro de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con la finalidad de exigir justicia.

La madre de familia asistió junto con un grupo de al menos 15 personas a una reunión con la ombudsman Rosario Piedra Ibarra. Durante la conversación, la mujer exigió justicia para su hija Lya, quien en 2017 y con cinco años de edad, fue víctima dentro del colegio al que asistía en San Luis Potosí.

La señora Alemán advirtió que no se moverá del lugar hasta que la CDNH se pronuncie sobre la violación de su hija y esta mañana el organismo confirmó que la inconforme sigue en su edificio.

De acuerdo con los dos videos difundidos por el colectivo feminista “Colectiva Independiente Revueltas”, la mujer sentenció que ya se cansó de tener que interponer denuncia tras denuncia y que a pesar de todo las responsables del abuso sexual contra su hija sigan libres.

“Estoy aquí en la sala de juntas de Rosario de Piedra (Rosario Piedra Ibarra) y me he amarrado (a la silla) porque ya me querían mandar otra vez a poner otra denuncia. Ya me cansé. Mi niña, es una niña que merece ser defendida por los derechos humanos. Pero no, todo un Estado le ha pisoteado sus derechos, ha hecho con ella lo que quiere, y no solo por Lya, por todas las niñas y todos los que son víctimas, ya basta” (sic), aseguró la señora Marcela Alemán, en el primer video difundido por el colectivo feminista.

En un segundo clip, la mujer salió al balcón de las oficinas de la Comisión Nacional, ubicadas en el Centro Histórico, para expresar su enojo.

“Aquí voy a seguir atada, porque ya no quiero palabras, quiero que la violadora (de su hija) esté en la cárcel como las otras, porque no fueron vinculadas porque mi hija no dio tiempo, fecha y hora de su violación. Por todo un Estado corrupto, exijo justicia, que se me atienda conforme a derecho. Que vivan las mujeres, que vivan las madres luchistas, que vivan” (sic), finalizó.

Sin embargo, esta mañana la CNDH indicó que los motivos de esta protesta son responsabilidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Los antecedentes

En 2017, cuando Lya tenía 5 años de edad, fue violada por las profesoras y psicóloga del colegio Luis Gonzaga Urbina, ubicado en Rioverde, San Luis Potosí.

De acuerdo con un fragmento de la denuncia presentada por su madre y dada a conocer por algunos medios de comunicación, la tarde del 8 de marzo de ese año, la pequeña le narró que fue golpeada por su maestra en los senos, estómago y en sus partes íntimas (le introdujeron un dedo).

Aunque María de Teresa de Jesús R. G. e Ivette del Carmen M. Z. fueron identificadas como presuntas implicadas, solo María de Teresa de Jesús fue procesada, pero fue fue liberada un año y ocho meses después por tres jueces, quienes resolvieron que las pruebas en su contra “no estaban claras”, aunque existía un dictamen médico y psicológico que acreditaba la violación.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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