Conecta con nosotros

Slider Principal

Se amarró a una silla de las oficinas de la CNDH en busca de justicia para su hija

Marcela Alemán, madre de una niña que fue víctima de violación en su colegio, se amarró a una silla dentro de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con la finalidad de exigir justicia.

La madre de familia asistió junto con un grupo de al menos 15 personas a una reunión con la ombudsman Rosario Piedra Ibarra. Durante la conversación, la mujer exigió justicia para su hija Lya, quien en 2017 y con cinco años de edad, fue víctima dentro del colegio al que asistía en San Luis Potosí.

La señora Alemán advirtió que no se moverá del lugar hasta que la CDNH se pronuncie sobre la violación de su hija y esta mañana el organismo confirmó que la inconforme sigue en su edificio.

De acuerdo con los dos videos difundidos por el colectivo feminista “Colectiva Independiente Revueltas”, la mujer sentenció que ya se cansó de tener que interponer denuncia tras denuncia y que a pesar de todo las responsables del abuso sexual contra su hija sigan libres.

“Estoy aquí en la sala de juntas de Rosario de Piedra (Rosario Piedra Ibarra) y me he amarrado (a la silla) porque ya me querían mandar otra vez a poner otra denuncia. Ya me cansé. Mi niña, es una niña que merece ser defendida por los derechos humanos. Pero no, todo un Estado le ha pisoteado sus derechos, ha hecho con ella lo que quiere, y no solo por Lya, por todas las niñas y todos los que son víctimas, ya basta” (sic), aseguró la señora Marcela Alemán, en el primer video difundido por el colectivo feminista.

En un segundo clip, la mujer salió al balcón de las oficinas de la Comisión Nacional, ubicadas en el Centro Histórico, para expresar su enojo.

“Aquí voy a seguir atada, porque ya no quiero palabras, quiero que la violadora (de su hija) esté en la cárcel como las otras, porque no fueron vinculadas porque mi hija no dio tiempo, fecha y hora de su violación. Por todo un Estado corrupto, exijo justicia, que se me atienda conforme a derecho. Que vivan las mujeres, que vivan las madres luchistas, que vivan” (sic), finalizó.

Sin embargo, esta mañana la CNDH indicó que los motivos de esta protesta son responsabilidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Los antecedentes

En 2017, cuando Lya tenía 5 años de edad, fue violada por las profesoras y psicóloga del colegio Luis Gonzaga Urbina, ubicado en Rioverde, San Luis Potosí.

De acuerdo con un fragmento de la denuncia presentada por su madre y dada a conocer por algunos medios de comunicación, la tarde del 8 de marzo de ese año, la pequeña le narró que fue golpeada por su maestra en los senos, estómago y en sus partes íntimas (le introdujeron un dedo).

Aunque María de Teresa de Jesús R. G. e Ivette del Carmen M. Z. fueron identificadas como presuntas implicadas, solo María de Teresa de Jesús fue procesada, pero fue fue liberada un año y ocho meses después por tres jueces, quienes resolvieron que las pruebas en su contra “no estaban claras”, aunque existía un dictamen médico y psicológico que acreditaba la violación.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto