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México

Michoacán protegido de los secuestros por el FBI

Para que las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro (UECS) tengan mejores resultados se necesitan jueces y magistrados especializados y certificados que nivelen el derecho a la justicia de una víctima de delito, como lo hacen con un detenido que alega violaciones a los derechos humanos o al debido proceso y es liberado, señaló Rodrigo González Ramírez, titular de la UECS en Michoacán.
Al hacer un balance sobre la efectividad de la unidad que encabeza a partir de su creación en 2014, el subprocurador González Ramírez explicó que en 2013 se registraron 183 secuestros con 197 víctimas y 132 detenidos, presuntos responsables de los plagios. En 2015 la incidencia se redujo a 28 secuestros, 30 víctimas y 126 señalados como responsables de ese delito.
En lo que va del año se reportaron 18 casos con 25 víctimas. En los casi tres años de operación, la UECS ha atendido 140 casos y 155 víctimas, 112 de las cuales fueron liberadas. Se detuvo a 387 personas y se desmantelaron 82 bandas.
Con la más alta tecnología y capacitado por el Buró Federal de Investigación (FBI), el equipo antisecuestro de Michoacán combate ese delito con números favorables, a la baja. González Ramírez mencionó que esa unidad es la única en el país que tiene un helicóptero exclusivamente para atender el delito y que están próximos a adquirir drones para el trabajo de inteligencia.
“Cuenta con una aeronave otorgada por el gobernador [Silvano Aureoles] para utilizarla específicamente para labores de rescate o investigación; es parte del estado de fuerza de la unidad para reconocimiento de posibles casas de cautiverio, traslado de víctimas, rescates y persecuciones”, comentó.
Dijo que lo más importante es rescatar con vida a la víctima. Para ello se tuvo que capacitar y mejorar los sueldos del personal. Por ejemplo, un policía ministerial que ganaba 13 mil pesos ahora gana 27 mil.
La UECS consta de dos torres, la primera alberga el área jurídica, agencias del Ministerio Público, salas de juicios orales para prácticas, servicios periciales, área de atención a víctimas, ludoteca, comedor, dormitorios y un auditorio.
La torre dos está destinada al área policial, donde se realizan trabajos de inteligencia e investigación. Cuenta con un dormitorio donde las familias permanecen durante el proceso de negociación y ya se construyen departamentos para que tengan mejores comodidades.
En entrevista con El Universal, subrayó que la defensa de los detenidos ha buscado la forma de obtener su libertad con el argumento de violaciones a los derechos humanos, de ahí su señalamiento de que los jueces sean especializados.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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