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Micrófonos en oficinas del PAN fueron instalados desde 2012

Los micrófonos hallados por el Partido Acción Nacional (PAN) en el techo de su sala de juntas, por los que acusó espionaje, fueron instalados en 2012 cuando se entregó la nueva sede del Senado de la República, según el acta de recepción y los planos del inmueble.

De acuerdo con el acta administrativa de entrega recepción con fecha del 31 de julio de 2012, cuando el PAN tenía la mayoría en la Cámara Alta y por tanto encabezaba la administración del recinto, la nueva sede fue entregada con la instalación de 61 micrófonos.

En el libro blanco del fideicomiso 1705, que es público, también se detalla la instalación del Sistema de Audio y Vídeo Parlamentario en todo el edificio, así como “salas de reuniones y auditorio”.

Un plano realizado por la constructora grupo Indi (Gami, Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V), de octubre de 2013, señala que, como parte del sistema de audio, se colocaron en la superficie de plafón de la sala de previas del PAN tres micrófonos omnidireccionales marca AKG MODELO C562CM. Igual que en las salas de juntas de los otros grupos parlamentarios.

El plano “tecnologías planta ingeniería nivel 01”, fideicomiso 1705, “para apoyar la construcción y equipamiento del nuevo recinto legislativo de la Cámara de Senadores”, estipula que los micrófonos fueron colocados para el funcionamiento del Rack de audio y video de la bancada para que pudieran grabar y realizar versiones estenográficas.

Sin embargo, en un video compartido por el equipo de comunicación del Senado, Roberto Patiño, trabajador de audio y video en el Senado desde hace nueve años, explica que los micrófonos nunca funcionaron pese a haber sido instalados porque su existencia causó molestia.

“La idea era tener grabadas las reuniones para tener antecedentes de ellas, pero, la verdad nunca se conectaron”, aseguró.

De acuerdo con el acta de recepción, hasta 2012 no se había hecho el protocolo de pruebas del sistema con los grupos parlamentarios, aunque se entregó el equipo.

Durante la sesión ordinaria del pasado jueves 5 de marzo, el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, denunció espionaje en sus oficinas, luego que su compañera de grupo, Xóchitl Gálvez, hiciera el hallazgo de los micrófonos. Pero los morenistas aseguraron que se trataba de un montaje orquestado por los panistas.

La sospecha de espionaje y montaje generó una crisis al interior del Senado que llevó a una parálisis legislativa con la suspensión de las sesiones hasta que concluyeran las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y se esclarecieran los hechos.

Luego que se diera a conocer que los micrófonos fueron instalados en 2012, los senadores y senadoras del PAN publicaron en su cuenta de Twitter que era inaceptable que Morena los acusara de montaje si sabía de la existencia de este sistema de audio.

“Nos parece inaceptable que Morena niegue lo evidente: Siempre supo que había micrófonos. Pese a ello, nos imputó un presunto montaje. La FGR debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Este tema implica preservar la libertad y el estado de derecho. #SíHabíaMicrófono”, escribieron.

Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, publicó que de acuerdo con “nueva información que tengo en este momento, no hubo montaje”, pero que esperará a las conclusiones finales de las investigaciones que realiza la FGR.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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