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México

Militarización hasta en 2029

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Ciudad de México.- Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales iniciaron la discusión de la reforma en la Constitución que permitiría ampliar el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública hasta el 2029.

La Comisión presentó en positivo la iniciativa de la priista Yolanda de la Torre, que plantea pasar de 5 a 9 años el plazo que inició en 2019, para la formación de la Guardia Nacional con elementos militares.

No obstante, la diputada priista Cristina Ruiz presentó una adición que plantea prolongar la presencia de FA hasta 2029, es decir, un plazo de 10 años.

Además, agrega la creación de una comisión bicamaral para dar seguimiento a la GN y que se presenten informes semestrales por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la Comisión el dictamen puede ser aprobado por mayoría simple, pero es en el pleno general donde se requieren las dos terceras partes de los legisladores presentes.

Por el pacto entre Morena y el PRI para sacar adelante la reforma, se prevé que sea aprobada el día de mañana, con la oposición de PAN, PRD y MC.

La presentación de la iniciativa generó casi una ruptura en la alianza electoral y parlamentaria de Va por México, porque se estaría rompiendo la moratoria constitucional que habían acordado para impedir reformas a la Constitución en materia electoral y sobre la militarización de la Guardia Nacional.

«Como la Guardia Nacional no se ha consolidado y se habían otorgado al Presidente de la República facultades para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024, es claro que dichas facultades deben ampliarse, como se propone en la iniciativa de 5 a 9 años, a efecto de que alcance hasta el año 2028, tiempo que se considera suficiente para lograr la consolidación de la Guardia Nacional.

«La extensión del plazo es una medida idónea, porque persigue lograr el fin de la seguridad pública; es necesaria, porque no existe una alternativa que sea jurídica y fácticamente mejor; y es proporcional en sentido estricto, pues es previsible que logre una mejor seguridad pública que supere los cuestionamientos y argumentos de una erróneamente criticada participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública», argumenta el dictamen distribuido entre los legisladores.

Aunque la Guardia Nacional se ha formado con personal militar en lugar de civil, al tiempo de que están dejando la corporación los elementos de lo que fuera la Policía Federal, se afirma que la participación de soldados y marinos es transicional.

A la fecha, la Guardia Nacional está formada con 113 mil 833 efectivos, de los cuales 73 mil 805 provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional y 16 mil 792 de la Marina, y 23 mil 236 fueron asignados de la extinta Policía Federal.

«Se debe reconocer que la Guardia Nacional, pese a sus enormes avances, no ha logrado consolidarse en su estructura, capacidades e implantación territorial, de manera completa; por lo que es evidente que se requiere de más tiempo para ello», indica el texto.

Agrega que la consolidación de la GN contribuirá «seguramente» a la reciente aprobación de las reformas que pasan el control operativo y administrativo de la corporación a la Sedena.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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