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Política

Minimiza IFE pruebas presentadas vs Peña Nieto

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En su primera plana de este jueves, el periódico Reforma publicó el «Informe Circunstanciado» del Instituto Federal Electoral (IFE) que fue entregado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la respuesta del organismo al recurso de impugnación que presentó la coalición Movimiento Progresista.

El informe circunstanciado destaca que con los elementos que cuentan «no se comprueba la compra y coacción del voto». Tampoco halló elementos suficientes para demostrar que Peña Nieto rebasó el tope de gastos de campaña.

En torno a las fotografías y testimonios publicados donde cientos de personas compraron productos con tarjetas de Monex y Soriana, el IFE desestimó esas pruebas.

«No ha sido comprobado que el otorgamiento de las tarjetas de ‘beneficios’ hayan sido con el objeto de presionar o coaccionar a los electores a emitir su voto a favor de determinada coalición y con ello se acredite la vulneración del derecho del voto libre», se lee en el texto del organismo.

En el documento, el IFE recuerda que la investigación y castigo de esos ilícitos es responsabilidad exclusiva de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, (FEPADE), y reitera que no ha sido «omiso» ante las quejas de los actores políticos.

De acuerdo con el análisis del IFE, se podrá contar con información veraz hasta el informe final de gastos de campaña, que deberá presentarse a más tardar en octubre.

Por lo pronto, la Unidad de Fiscalización investiga 23 quejas en contra de Peña Nieto. Y de las 6 mil 294 pruebas aportadas por las izquierdas, 4 mil 123 están relacionadas con procesos distintos al de la elección presidencial, se trata de propaganda de otros candidatos, por lo que el IFE sólo tomó en cuenta 2 mil 171 pruebas que, según señala el Informe, «carecen de valor probatorio».

En suma, se entregaron como pruebas 495 documentos elaborados a mano, 507 por medio electrónico, 108 «registros de incidentes» y dos de «inconformidad ciudadana».

Además, hay 18 denuncias ante el Ministerio Público «por compra de voto» y acerca de las encuestas para «favorecer» al candidato del PRI, el organismo electoral rechaza que esos ejercicios sean propaganda ya que «no forman parte de los elementos que se emplean con el propósito de presentar ante el electorado las candidaturas registradas».

Para el IFE la ventaja de más de 3 millones de votos a favor de Enrique Peña Nieto sobre el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, es suficiente para respetar el resultado.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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