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México

Ministros y magistrados ganan 2 millones de pesos más que Peña

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y el manual de percepciones de servidores públicos 2014, el jefe del Ejecutivo tiene una remuneración total anual bruta de 4.2 millones de pesos, y al restarle impuestos queda un ingreso neto de 3 millones 54 mil 974, monto casi idéntico al que se asigna al titular de la Auditoría Superior de la Federación.

En tanto, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen ingresos netos por más de 4 millones de pesos anuales.
Los legisladores reciben sueldos netos anuales menores al rango de los dos millones de pesos. Los diputados, 1.4 millones, mientras los senadores, 1.9 millones, según las cifras oficiales detalladas en el PEF 2014.
El Ejecutivo federal tiene prestaciones ordinarias, así como un pago extraordinario por riesgo, equivalente a 30 por ciento de su salario mensual.

En tanto, los legisladores devengan, además de su dieta (salario), pagos extraordinarios por la revisión de asuntos legislativos y atención ciudadana.

El presidente de la SCJN tiene una remuneración anual bruta de 6.3 millones de pesos, la cual está integrada por 4.4 millones de sueldos y salarios, 1.1 millones de prestaciones y 714 mil de pago por riesgo.
En nivel similar se encuentran el resto de los ministros, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y los magistrados de la sala superior del TEPJF.

En este último caso, los magistrados electorales cuentan con una remuneración nominal anual bruta de 6.3 millones de pesos, compuesta por 4.4 millones de sueldos y salarios, 1.1 de prestaciones y 714 mil por pago por riesgo.
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral tienen una percepción bruta de 4.1 millones, monto compuesto por 3.1 millones de sueldos y salarios y un millón de prestaciones.

El PEF 2014 detalla también los ingresos anuales del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien se asigna una percepción de 4.1 millones, integrada por 2.3 millones de sueldos y salarios; un millón por prestaciones y 740 mil por pago extraordinario, antes de impuestos.

En tanto, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía recibe 3.3 millones, de los cuales 2.4 millones corresponden a sueldos y salarios y 864 mil a prestaciones. Niveles similares tienen los mandos de la Comisión Federal de Competencia Económica, el presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Manual de percepciones de los servidores públicos

En cuanto al Presidente de la República, el Diario Oficial de la Federación publicó ayer el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, el cual regula las remuneraciones de este sector, define categorías, compensaciones y niveles de los empleados públicos, así como los sueldos base y prestaciones máximas.

El Ejecutivo federal tiene un sueldo máximo de 143 mil 492 pesos mensuales, más 55 mil 818 por prestaciones en efectivo y especie, para llegar a una percepción ordinaria máxima de 199 mil 310 pesos.
Aunque en el tabulador mensual de sueldos y salarios aplicable a los puestos de mando, el Presidente aparece con un ingreso base de 40 mil 706 pesos, más una compensación garantizada de 167 mil 804, lo que da un total de 208 mil 570. Un secretario de Estado gana 199 mil 310 y un subsecretario 191 mil.
LA JORNADA / Fabiola Martínez

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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