Mientras Argentina atraviesa una situación crítica por el avance del coronavirus, el Ministerio de Salud intensificó la semana pasada acciones de vigilancia y alerta preventiva ante el hallazgo de dos monos muertos por fiebre amarilla en el sur de Brasil, a solo 30 kilómetros del límite con la provincia argentina de Misiones.
«Estamos comprometidos con este tema para desarrollar medidas preventivas con el fin de minimizar cualquier riesgo y, en caso de ser necesario, desarrollar las acciones de control», dijo el 21 de abril la ministra de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, durante un encuentro virtual con las áreas de epidemiología, inmunizaciones, zoonosis y vectores de la cartera sanitaria.
La aparición de estos monos infectados en el municipio rural de Palma Sola, estado de Santa Catarina, Brasil, puso en alerta a las autoridades argentinas, ya que suelen ser las primeras víctimas del virus de la fiebre amarilla en el ciclo selvático, y una vez que enferman mueren rápidamente.
En las localidades de Piñalito y El Soberbio, Misiones, Argentina, un grupo de expertos coordinados por el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias (CeNDIE) de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) ‘Dr. Carlos Malbrán’, ya trabaja en la recolección de insectos transmisores y en la búsqueda activa de susceptibles, los monos o primates no humanos, que son huéspedes primarios de la enfermedad.
La población de monos carayá rojo quedó diezmada tras un brote de fiebre amarilla en 2008-2009.Proyecto Carayá Rojo
Sin embargo, lo que parecía ser hasta ahora una situación de epizootia, es decir, que solo afectaba a animales, ya refleja consecuencias en humanos, al menos del otro lado de la frontera. El 12 de abril pasado, la secretaría de Salud de Santa Catarina confirmó en un boletín oficial que hubo dos personas fallecidas a causa del virus de la fiebre amarilla y un total de 5 casos. Además, ya son 119 los monos fallecidos a causa de la enfermedad y hay otros 25 en investigación.
Hasta ahora, en el país gobernado por un Jair Bolsonaro, que continúa minimizando la trágica situación del covid-19, el tema no ha tomado trascendencia. De todas maneras, Brasil está en alerta y vigilancia desde 2016, cuando un brote de fiebre amarilla dejó cerca de 800 casos documentados y 274 fallecidos en un año, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). No obstante, no se ha detectado el virus en zonas urbanas, ya que todos los casos notificados fueron de áreas selváticas.
Centinelas de la fiebre amarilla
Mientras conversa por teléfono con RT, Laura Tauro se prepara para volver a internarse en el bosque Piñalito, donde acampará toda la semana junto a un equipo de investigadores para continuar con los trabajos de monitoreo ecoepidemiológico de arbovirus, tarea que realiza desde 2018.
Los arbovirus son un conjunto de virus que se transmiten mediante la picadura de artrópodos (insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos). El animal o humano que es picado por estas criaturas es llamado huésped, y además de padecer la enfermedad puede transmitirla a otras personas mediante la picadura de, por ejemplo, un mosquito.
En áreas silvestres, el transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito Haemagogus y, en áreas urbanas, el virus es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, el mismo del dengue. La fiebre amarilla urbana no se ha registrado en Brasil desde 1942, mientras que en Argentina quedó el recuerdo trágico de la gran epidemia de 1871, que dejó más de 14.000 muertos solo en la ciudad de Buenos Aires.
Martín Tinari / ceiba.org.ar
Bióloga e investigadora del Conicet, Tauro forma parte del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CEIBA), y del Proyecto Carayá, que observa el estado de conservación y hábitat de estos monos aulladores, cuya presencia saludable en la selva da señales de que la fiebre amarilla no está amenazando la zona.
Este proyecto tiene objetivos diferentes a las acciones de prevención lanzadas recientemente por el Ministerio de Salud, pero Tauro e Ilaria Agostini, quien estudia a estos primates desde hace 20 años, están conectadas con las autoridades nacionales y provinciales para llevar adelante tareas conjuntas.
Agostini estuvo estudiando la región durante el último brote de fiebre amarilla selvática en 2008-2009. En ese momento, la población de monos carayá prácticamente desapareció, y al cabo de pocos meses, en Piñalito y en varios otros sitios de Misiones se dejaron de escuchar aullidos. La selva se quedó en silencio. Ahora se ha recuperado y el equipo ya tiene identificados a los grupos.
«Da trabajo, pero ayer encontramos un grupo de carayá rojo –también están los negros– al que denominamos Los Vikingos. Pudimos ver a siete monos, machos y hembras junto a una cría», cuenta Tauro. Y agrega: «La última vez que los habíamos visto fue a inicios de 2020. Es el grupo mayor que queda en la zona y se los veía en perfecto estado de salud. De hecho, los hemos escuchado aullar durante toda la semana».
Un equipo del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CEIBA) en el Parque Piñalito, Misiones, Argentina.Proyecto Carayá Rojo
Simultáneamente, las especialistas están haciendo la vigilancia entomovirológica, para la prevención y el control de patógenos transmitidos por mosquitos. Ya han capturado varios que van a ser analizados. Es una de las mejores formas para determinar si el virus está circulando o no.
¿Hay riesgos de un avance de la fiebre amarilla en Argentina?
Afortunadamente, el 95 % de la población misionera está vacunada contra la fiebre amarilla. De todos modos, desde que se lanzó el alerta del Ministerio de Salud los agentes sanitarios de la provincia recorren las zonas rurales para entrevistar a los vecinos y vacunar a las personas que aún no fueron inmunizadas.
Por otra parte, la población de monos en este momento es bastante baja, y eso también «ayuda en cierta forma a que haya poco hospedador susceptible dando vueltas en la selva para ser picado por un mosquito vector», señala Laura Tauro.
Asimismo, el turismo se ha reducido por la pandemia, aunque la recomendación es que si alguien visita Misiones, las Cataratas del Iguazú, o cualquier otro de los parques, debe aplicarse la vacuna, y si se meten a la selva, usar ropa cerrada y repelente.
El mayor riesgo, dice la bióloga, está en los pobladores de áreas fronterizas que no están vacunados. «En la zona hay muchas empresas forestales. Gente que vive en parajes metidos en la selva, que tiene muy poco acceso a la ciudad, adonde va esporádicamente. Si estas personas no están vacunadas, quizás sí están expuestas a la picadura del mosquito infectado y lo terminan llevando a la ciudad».
Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.
De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.
Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.
El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.
El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.
El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.
La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.
Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.
El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.