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México

MP solicita información a la SFP sobre gobernadores corruptos

La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que el Ministerio Público de la Federación le ha solicitado información de gobernadores señalados por actos de corrupción.

A pregunta expresa sobre qué función está tomando la dependencia en casos como Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, el encargado de despacho de la SFP, Javier Vargas Zempoaltecatl, argumentó que dicha información es reservada y se negó a precisar cuáles son los mandatarios bajo investigación.

Cotidianamente nos llegan solicitudes del Ministerio Público de la Federación sobre información de diversos funcionarios», enfatizó.

El funcionario detalló que por el momento tanto a estas administraciones así como al resto de las entidades del país están en proceso de auditoría.

PRI EFECTUÓ UN PROCESO INÉDITO CON DUARTE
El de Javier Duarte es el primer caso en la historia del PRI, que a uno de sus militantes le retiran los derechos partidistas, por un caso de presunta corrupción. Ni siquiera al exgobernador de Tabasco (2007-2012), Andrés Granier, que está en la cárcel, o el desaforado senador Jorge Díaz Serrano en 1983, el PRI los desamparó.

Ayer, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI acordó la suspensión de derechos de militante al gobernador de Veracruz, Javier Duarte y seis de sus colaboradores, debido a las acusaciones de corrupción que pesan en su contra y, por ende, la mala imagen que se crea en torno al partido político.

En la historia del PRI, personajes de primer nivel, como la maestra Elba Esther Gordillo, que está en prisión por acusaciones de lavado de dinero, dejó al PRI, después de la formación del Partido Nueva Alianza, mientras ella era integrante del PRI.

Duarte, que fue acusado por el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de supuestas irregularidades en la función pública, es investigado por la Procuraduría General dela República, según informó el subprocurador José Guadalupe Medina, hace seis días.

Con esta antecedente, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI dejó abierta la puerta para aplicar sanciones similares a otros políticos de primer nivel, como el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, que el domingo pasado no se apersonó en la toma de posesión de su sucesor, Carlos Joaquín González, el todavía mandatario del estado de Chihuahua, César Duarte y el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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