La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que el Ministerio Público de la Federación le ha solicitado información de gobernadores señalados por actos de corrupción.

A pregunta expresa sobre qué función está tomando la dependencia en casos como Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, el encargado de despacho de la SFP, Javier Vargas Zempoaltecatl, argumentó que dicha información es reservada y se negó a precisar cuáles son los mandatarios bajo investigación.

Cotidianamente nos llegan solicitudes del Ministerio Público de la Federación sobre información de diversos funcionarios», enfatizó.

El funcionario detalló que por el momento tanto a estas administraciones así como al resto de las entidades del país están en proceso de auditoría.

PRI EFECTUÓ UN PROCESO INÉDITO CON DUARTE
El de Javier Duarte es el primer caso en la historia del PRI, que a uno de sus militantes le retiran los derechos partidistas, por un caso de presunta corrupción. Ni siquiera al exgobernador de Tabasco (2007-2012), Andrés Granier, que está en la cárcel, o el desaforado senador Jorge Díaz Serrano en 1983, el PRI los desamparó.

Ayer, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI acordó la suspensión de derechos de militante al gobernador de Veracruz, Javier Duarte y seis de sus colaboradores, debido a las acusaciones de corrupción que pesan en su contra y, por ende, la mala imagen que se crea en torno al partido político.

En la historia del PRI, personajes de primer nivel, como la maestra Elba Esther Gordillo, que está en prisión por acusaciones de lavado de dinero, dejó al PRI, después de la formación del Partido Nueva Alianza, mientras ella era integrante del PRI.

Duarte, que fue acusado por el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de supuestas irregularidades en la función pública, es investigado por la Procuraduría General dela República, según informó el subprocurador José Guadalupe Medina, hace seis días.

Con esta antecedente, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI dejó abierta la puerta para aplicar sanciones similares a otros políticos de primer nivel, como el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, que el domingo pasado no se apersonó en la toma de posesión de su sucesor, Carlos Joaquín González, el todavía mandatario del estado de Chihuahua, César Duarte y el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.

Excelsior